Un Constitucional partido en dos tendrá que decidir sobre el procés, el estado de alarma y la jura del cargo de 29 diputados

“El Pleno continuará realizando un análisis de los preceptos impugnados dada la complejidad de la materia y su sensibilidad político-social”. Tras dos días de intenso debate, el Tribunal Constitucional anunció el pasado jueves con un comunicado que aplazaba de nuevo y sin fecha a la vista la decisión sobre algunos de los artículos más polémicos de la 'ley mordaza', la norma que el PP aprobó en solitario hace cinco años para intentar aplacar las protestas que cuestionaban en la calle sus recortes.

El debate sobre esta ley ha sacado de nuevo a la luz la disputa interna que existe entre las dos corrientes del tribunal: la conservadora, que es mayoritaria, y la progresista. Ambos sectores, que han chocado recientemente con otras cuestiones como las manifestaciones en el estado de alarma o la nulidad de 29 diputados por su forma de jurar el cargo, tienen por delante deliberaciones sobre asuntos de calado. Entre ellos, los recursos de amparo de los condenados en el juicio del procés o el que ha presentado Vox contra el decreto del estado de alarma y sus sucesivas prórrogas, incluido el texto que permite a Pablo Iglesias formar parte de la comisión del CNI.

Todo ello, además, en un contexto de interinidad que el tribunal arrastra desde hace más de siete meses. El mandato de cuatro de sus doce miembros —su presidente, Juan José González Rivas; la vicepresidenta, Encarnación Roca; y dos magistrados, Andrés Ollero y Fernando Valdés— concluyó el 7 de noviembre de 2019. González Rivas y Ollero están encuadrados en el sector conservador y Roca y Valdés en el progresista. Hace más de medio año que sus puestos deberían haber sido renovados por el Congreso, donde se requiere para ello una mayoría de tres quintos de sus miembros. Tampoco parece probable que esa renovación llegue en fechas próximas.

El PP tiene pocos incentivos para pactar un relevo dado que el actual equilibrio de fuerzas es de siete votos a cinco a favor de los magistrados del sector conservador. Hay que tener en cuenta, además, que la suma de los votos del PP y la extrema derecha de Vox permitiría vetar cualquier hipotético acuerdo al que llegaran el resto de partidos del arco parlamentario. Ambas formaciones suman 141 escaños, suficientes para constituir una minoría de bloqueo. Es posible, por tanto, que el cambio en la correlación de fuerzas en el Constitucional no tenga lugar hasta el verano de 2022, que es cuando caduca el mandato de los dos magistrados elegidos por el Gobierno.

Será, por tanto, este tribunal de mayoría conservadora y cada vez más tensionado internamente el que decida sobre asuntos como los recursos de los dirigentes condenados por sedición y malversación por el procés. Está por ver si en este caso si los magistrados logran alcanzar la unanimidad de otras decisiones o se repite la fractura del pasado noviembre.

Entonces, tres miembros del pleno de orientación progresista emitieron sendos votos particulares a la sentencia que desestimaba los recursos de amparo presentados por Oriol Junqueras contra su prisión provisional y la negativa del Supremo a dejarle asistir a la sesión de investidura en la que se preveía votar a Carles Puigdemont como presidente. Aquella fue la primera vez que el Constitucional se dividió ante una decisión clave como la calificación de la prisión provisional de uno de los principales líderes del procés.

Sobre la mesa está también otro asunto de gran calado jurídico y amplia repercusión política: la legalidad de la declaración del estado de alarma y sus sucesivas prórrogas y, por tanto, de todas las decisiones que han limitado la movilidad adoptadas por el Gobierno de Pedro Sánchez en su condición de mando único. La redacción de la ponencia que se someterá a debate en el pleno ha correspondido por reparto al magistrado Fernando Valdés, encuadrado en el sector progresista.

El tribunal ha admitido también por unanimidad los recursos presentados por más de 50 senadores del PP y más de 50 diputados de Vox contra el decreto que permite al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, formar parte de la comisión del CNI. Se trata de la disposición que figura en el decreto del estado de alarma en la que se incluye a Iglesias en la comisión que evalúa los servicios de inteligencia, en cuyas reuniones participa desde febrero.

Las fórmulas innovadoras para tomar posesión

La extrema derecha de Vox también ha encontrado en el Constitucional la disposición de magistrados del ala más conservadora a abrir el debate sobre la nulidad de la condición de diputados de 29 miembros de partidos independentistas y de Unidas Podemos que usaron fórmulas innovadoras para tomar posesión de sus cargos.

Este lunes, la Sala Primera tomó la decisión formal de pasar la pelota al pleno tras solicitarlo seis magistrados. Aunque esa Sala ya había archivado recursos similares presentados por el PP y Ciudadanos respecto a la legislatura corta de 2019, las normas que rigen el funcionamiento del Constitucional dicen que, para llevar un asunto al pleno, basta con que lo pidan tres o más magistrados. Y eso es lo que ha sucedido en este caso convirtiendo en papel mojado la propuesta de archivo de la Sala.

El debate tendrá que reiniciarse desde cero en el pleno, donde los magistrados próximos al PP y a Vox son mayoría. Solo las firmas que piden impulsar el debate suponen la mitad de los miembros que lo configuran. Toda la presión recaerá sobre el presidente Juan José González Rivas, partidario inicialmente de archivar las reclamaciones. El tribunal ya rechazó en octubre de 2017 un recurso presentado por el PP contra la negativa de varios parlamentarios vascos a jurar la Constitución.

En la agenda de los magistrados sigue estando también el recurso sobre la ‘ley mordaza’, que ha vuelto a la comisión específica creada para analizarla después de que tras dos días de debate la ponencia del magistrado Fernando Valdés no lograra aunar el consenso necesario. Su proyecto no convenció al resto de progresistas, que lo consideraron insuficiente; ni tampoco a los conservadores, que no son partidarios de hacer grandes retoques al que fue proyecto estrella de Jorge Fernández Díaz en su paso por el Ministerio del Interior.

Entre los artículos de esa ley que son objeto de discusión están los que permiten las devoluciones en caliente de inmigrantes en Ceuta y Melilla, los que ponen trabas al derecho de manifestación o el que avalan los cacheos 'preventivos'.