Se llama Tribunal de Cuentas pero no es ningún juzgado y tampoco está sometido al Poder Judicial. El máximo órgano fiscalizador del Estado es quien vigila la contabilidad de las formaciones políticas, de sus fundaciones y de los organismos públicos, que no pasan por la lupa de la Agencia Tributaria salvo que medie la intervención de un juez si hay sospechas de delito. Pero lo llamativo es que el ente que vigila qué uso hacen administraciones y partidos del dinero público que reciben está controlado por los propios partidos. Ninguno de los grandes casos de corrupción de los últimos años –Gürtel, Bárcenas, Púnica, ERE de Andalucía, Palau...– ha surgido de sus fiscalizaciones.
Sus doce consejeros son elegidos por el Congreso y el Senado –seis cada uno– por mayoría de tres quintos entre censores jurados de cuentas, magistrados, abogados o economistas de reconocida competencia y con más de 15 años de ejercicio profesional, según establece la ley. En la práctica se trata de una institución muy influenciada por los dos grandes partidos, PP y PSOE, que hasta ahora siempre se han puesto de acuerdo para repartirse los puestos cuando expira cada mandato, con una duración de nueve años.
El último proceso de renovación tuvo lugar en julio de 2012, cuando Mariano Rajoy gobernaba con mayoría absoluta. Entonces el bipartidismo reunía 296 de los 350 diputados del Congreso –ahora suman 209– y no existían partidos como Podemos, Ciudadanos o Vox. El Tribunal de Cuentas mantiene desde aquel momento una mayoría conservadora acrecentada por la renuncia en enero de 2018 del exsenador del PSC Lluís Amet, elegido consejero a propuesta de los socialistas. No ha sido sustituido. En este momento, el PP tiene siete consejeros y el PSOE, cuatro, uno de ellos consensuado con IU. Entre ellos, la exministra del PP Margarita Mariscal de Gante o Manuel Aznar, hermano del expresidente.
Los conservadores también ostentan la presidencia, que en 2018 recayó en María José de la Fuente, sobrina del exministro franquista Licinio de la Fuente, nombrada consejera por el Congreso a propuesta del PP. Su predecesor en el cargo, el exdiputado de UCD Ramón Álvarez de Miranda, es hijo del que fuera presidente del Congreso y Defensor del Pueblo. Aunque el órgano se renueva cada nueve años, Álvarez de Miranda lleva en la institución más de treinta, desde 1984. No es el único miembro que ha permanecido durante décadas. Ubaldo Nieto, también expresidente del ente y cuyo nombre estuvo salpicado de polémica tras aparecer como donante del PP en las notas contables de Luis Bárcenas, trabajó para el organismo durante 22 años.
En julio de 2018 también se renovó la comisión de gobierno del Tribunal de Cuentas, la de más poder del organismo porque distribuye los asuntos entre las secciones. Desde entonces está controlada al 100% por el PP. Sus tres miembros –la presidenta María José de la Fuente y los presidentes de las secciones de fiscalización y enjuiciamiento, Javier Medina y José Manuel Suárez Robledano, respectivamente– fueron elegidos a propuesta de los conservadores. Es la primera vez en democracia que ocurre esto. Esta configuración fue impuesta por los siete consejeros del PP, que con su holgada mayoría dejaron sin margen a los cuatro socialistas.
El Tribunal de Cuentas, con un presupuesto anual de 63 millones de euros –según las últimas cuentas vigentes, de 2018–, ofrece algunos de los sueldos más altos de la Administración. Su presidenta percibirá este año 122.168 euros brutos. La misma cantidad se asigna a los presidentes de sección y a los consejeros. Es un 44% más de lo que reciben el jefe del Ejecutivo o los vicepresidentes del Gobierno y solo está por debajo de lo que cobra el presidente del Tribunal Constitucional o el del Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo. Además, un funcionario del órgano fiscalizador cobra un 30% más de sueldo que un equivalente suyo de otra administración, de ahí que sus plazas sean muy codiciadas, según informó El País.
El caso de Ana Botella
Además de la fiscalización de los fondos públicos, el Tribunal de Cuentas tiene encomendada una jurisdicción contable para el enjuiciamiento de quienes causen menoscabo en los caudales públicos. En el marco de esta competencia –que es compatible con la potestad sancionadora y con la actuación de los tribunales en la vía penal–, el tribunal enjuició a la exalcaldesa de Madrid Ana Botella y a siete cargos de su Gobierno por vender 1.860 viviendas públicas protegidas a dos sociedades del fondo buitre Blackstone a un precio por debajo de mercado.
Botella y el resto de altos cargos fueron condenados en primera instancia a pagar 25,7 millones de euros en concepto de responsabilidad contable por permitir la enajenación por 128 millones de euros, 23 millones menos de su valor real. Sin embargo, la sentencia fue revocada meses después, en julio de 2019. La absolución, por dos votos contra uno, la firmaban dos consejeros propuestos por el PP: los citados Mariscal de Gante y Suárez Robledano, que entendieron que ambas partes llegaron a un “punto de equilibrio de mercado” en un momento de caída de los precios de la vivienda. Votó en contra Felipe García, consejero propuesto por el PSOE, que mantuvo que la operación fue “lesiva” para el patrimonio municipal como había esgrimido el tribunal en un primer momento.
El foco se ha puesto de nuevo recientemente sobre esta institución después de que su fiscal jefe, Ángel Torres Morato –que depende funcionalmente de la Fiscalía General del Estado–, encontrara indicios de contratación supuestamente irregular de la consultora Neurona por parte de Podemos en las últimas elecciones generales, según adelantó la Cadena Ser. El fiscal, que ha pedido llevar el caso a la Justicia ordinaria, sospecha que un contrato de 290.000 euros pudo ser simulado, lo que podría ser constitutivo de delitos de fraude electoral y falsedad en documento mercantil. Se trata, en todo caso, de una investigación que está en una fase muy incipiente.
Sospechas de nepotismo
Los nombramientos a dedo van más allá de los que hacen los partidos con los consejeros. El organismo vivió su mayor crisis reputacional en 2013 cuando se desveló que una buena parte de la plantilla está compuesta por familiares de altos cargos. De los alrededor de 700 trabajadores que conforman la plantilla, un centenar tiene lazos familiares con altos cargos del organismo y antiguos consejeros, según desveló El País.
Uno de los casos de nepotismo más escandalosos lo protagonizaron el que fuera su presidente hasta 2018, Ramón Álvarez de Miranda, y el actual presidente de la sección de Fiscalización, Javier Medina Guijarro. Al menos hasta 2014, cuando el diario de Prisa publicó esa información, estaban en plantilla una concuñada de Ramón Álvarez de Miranda y un sobrino. También trabajaban en la institución la esposa y dos hermanos de Medina Guijarro, que sigue ocupando la máxima responsabilidad en la sección de Fiscalización; así como una pariente lejana de su cónyuge. En 2016, el Tribunal Supremo anuló el intento de nombrar a dedo a uno de sus hermanos como subdirector técnico y condenó al Tribunal de Cuentas a pagar 9.000 euros en costas.
No es la única polémica relacionada con la plantilla que ha tenido que afrontar el tribunal. Y es que al ente que vigila la financiación de los partidos y si sus actos al frente de las instituciones se hacen de manera correcta le cuesta ser transparente. El pasado diciembre, el Tribunal Supremo falló que el tribunal había infringido el derecho de acceso a información pública de la Fundación Ciudadana Civio tras negarse a identificar a sus cargos eventuales de confianza a petición de este colectivo.
Otra de las sospechas que han sobrevolado sobre el Tribunal de Cuentas es la lentitud que ha imperado en algunas ocasiones en la fiscalización que ha realizado sobre las organizaciones políticas. Ejemplo de ello es lo que ocurrió en 2013, cuando la fiscalización de las cuentas de los partidos llegó al Congreso con cinco años de retraso. Las posibles irregularidades que hubieran podido detectarse en las cuentas de 2008, auditadas cinco años después, habrían prescrito después de que el PP aprobara en 2012 un plazo de prescripción de cuatro años para los delitos de financiación irregular. En los últimos años el tribunal sí ha hecho un esfuerzo por acabar con esas gigantescas demoras. Por ejemplo, los informes de fiscalización de las elecciones generales del 28 de abril de 2019 se publicaron a finales del pasado julio. Es decir, 15 meses después de celebrarse.