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Tribunal prohíbe a ex altos mandos policiales salir de Chile por protestas de 2019
Santiago de Chile, 17 oct (EFE).- Un tribunal chileno decretó este jueves la medida cautelar de arraigo nacional contra tres ex altos cargos del cuerpo policial de Carabineros por su presunta responsabilidad en los abusos policiales cometidos durante las protestas de 2019.
“El 7º Juzgado de Garantía de Santiago decreta firma quincenal y arraigo nacional para los generales (en retiro) de Carabineros Ricardo Yáñez, Mario Rozas y Diego Olate, imputados por el delito omisivo de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio”, informó el Poder Judicial en su cuenta de X.
Chile vivió en octubre de 2019 la mayor ola de protestas desde el fin de la dictadura militar, que comenzó como un reclamo contra el alza en el precio del boleto de metro y derivó en un clamor transversal por un modelo económico más justo y mayores derechos sociales.
El estallido combinó marchas pacíficas y multitudinarias con episodios de violencia desmedida y una cuestionada represión policial, que dejó una treintena de muertos y miles de heridos.
La Fiscalía acusa a los tres policías retirados de no haber realizado las acciones necesarias para evitar que los agentes del orden que actuaron en el estallido social vulneraran los derechos de los manifestantes.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), el organismo estatal e independiente querellante en la causa, había pedido la prisión preventiva, pero la Fiscalía la descartó por la colaboración de los imputados en la investigación y porque ya no forman parte del alto mando de Carabineros.
Yáñez estaba al frente de la Dirección de Orden y Seguridad (Dioscar) de Carabineros durante el estallido y en noviembre de 2020 asumió como jefe de la institución.
El exjefe policial, que tendría que haberse retirado el próximo 19 de noviembre, renunció al cargo a finales de noviembre e intentó postergar su cita ante la Justicia en varias ocasiones.
Yáñez se convirtió en el cuarto general director de Carabineros que se ha visto obligado a renunciar en medio de procesos judiciales, y el segundo en hacerlo como consecuencia del estallido social.
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