El Tribunal Supremo también exige la renovación del Consejo General del Poder Judicial. La sala de Gobierno del alto tribunal ha decidido dirigirse por carta al Consejo alertando de las consecuencias que puede tener que sigan en funciones y, por tanto, sin capacidad de hacer nombramientos: hay salas que tienen hasta seis plazas vacantes y esta situación puede llevar el alto tribunal al colapso.
El actual Consejo General del Poder Judicial lleva más de dos años en funciones desde que caducó su mandato en 2018. Desde entonces el Partido Popular se ha negado a negociar la renovación del organismo, entre otras cosas, por la presencia de candidatos a vocal apoyados por Podemos y más recientemente por su propuesta de modificar el sistema de elección. Desde hace varios meses una reforma legislativa impide, además, que el CGPJ haga nombramientos estando en funciones.
La sala de Gobierno del Supremo, presidida por Lesmes, advierte de las consecuencias. Se han dirigido al Consejo “poniendo de manifiesto su preocupación por las perniciosas consecuencias, ya graves en el futuro próximo y que previsiblemente irán acrecentándose, que para el funcionamiento del Tribunal supone la falta de renovación del órgano de gobierno del Poder Judicial y la consiguiente imposibilidad de cubrir las vacantes existentes como las que puedan ir produciéndose en los próximos meses”.
Según explica el Supremo, hay seis vacantes en la sala de lo contencioso, una en la de lo civil, tres en la de lo social y dos en la de lo militar. Además de las que puedan llegar en los próximos meses, sobre todo por jubilaciones. En un comunicado, explica por ejemplo del peligro de mantener la sala de lo social con vacantes ante la avalancha de pleitos que llegará relacionados con la crisis económica de la pandemia: “Se encuentran en una coyuntura en que se hace más urgente, desde el punto de vista jurídico y también social (pensemos en las vicisitudes en el mundo laboral de la pandemia), resolver con la mayor agilidad posible algunas de las cuestiones que tienen planteadas y que seguirán suscitándose previsiblemente”.
La sala de Gobierno del Tribunal Supremo está compuesta por los presidentes y presidentas de las cinco salas además de varios miembros electos y el propio Carlos Lesmes, a su vez presidente del Consejo General del Poder Judicial. Es la primera ocasión en que la sala de Gobierno del Supremo se pronuncia sobre este asunto. Además de dirigirse al Consejo, la sala ha encargado un informe al gabinete técnico para resumir el calendario judicial que espera para las salas del Supremo “en el caso de que se prolongase la actual situación de interinidad del Consejo General del Poder Judicial”.
Más de dos años en funciones
El actual mandato del Consejo General del Poder Judicial caducó el 4 de diciembre de 2018. Más de mil días después, y tras varios acercamientos e intentos fallidos, sigue sin haber un acuerdo para la renovación. En un primer momento el Partido Popular basó su veto en la presencia de vocales apoyados por Podemos - entre ellos el juez José Ricardo de Prada, clave en su condena económica en el caso Gürtel - y después centró su atención en el sistema de elección: exige ahora el PP que la mayoría de los vocales sean elegidos por los propios jueces, algo que no puso en marcha cuando estaba en el Gobierno.
Una de las consecuencias del bloqueo es que el Consejo no puede hacer nombramientos mientras esté con el mandato caducado. Una reforma impulsada por los socios del Gobierno de coalición, que entró en vigor a finales de marzo, modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial impidiendo nuevos nombramientos en altas instancias judiciales mientras el órgano de gobierno tenga el mandato caducado.
Por el momento ni el presidente del Consejo ni los vocales tienen entre sus planes dimitir en términos suficientes para bloquear el funcionamiento del organismo y forzar una renovación.