El Tribunal Supremo confirma la existencia de una financiación irregular en el PP durante dos décadas

El sistema de financiación irregular del que se nutrió el Partido Popular durante al menos 18 años aparece desde este miércoles en una sentencia firme dictada por el Tribunal Supremo. Se trata del segundo fallo que recoge la existencia de una 'caja B' en la formación conservadora después de que la Audiencia Nacional aludiera a esa contabilidad paralela en la condena que propició la moción de censura de 2018 y que ahora el Alto Tribunal ha ratificado en todos sus aspectos principales. 

Los jueces del Supremo aluden a la existencia de la financiación irregular en varios pasajes de la sentencia, concretamente donde se les hace indispensable para atribuir los delitos al extesorero de la formación Luis Bárcenas y a su esposa, Rosalía Iglesias, relacionados con la sustracción de casi 300.000 euros de la citada caja y su evasión y blanqueo en Suiza. Esto es, que robaron de la caja de dinero negro que existió durante al menos dos décadas en el seno del Partido Popular. 

En la sentencia del Supremo, sus jueces dicen acerca del fallo acordado en su momento por la Audiencia Nacional: “El Tribunal contó con prueba de cargo válida y suficiente para concluir tanto la existencia de una 'Caja B', o contabilidad 'extracontable', del PP —sobre la que el recurrente (Bárcenas) ostentaba plena capacidad de control y disponibilidad—, como los distintos actos de apoderamiento verificados por éste, incluido el uso de 149.600 euros, procedentes de dicho fondo, para adquirir unas acciones de la entidad Libertad Digital”. 

La complejidad jurídica de la sentencia del Tribunal Supremo sobre la Primera Época de la trama Gürtel y su extensión propiciaron este miércoles una efímera polémica sobre el fondo de la iniciativa parlamentaria que desalojó al PP del Gobierno hace dos años. El partido de Pablo Casado se apresuró a reaccionar al fallo afirmando que aquella moción de censura presentada por los socialistas se basó “en la mentira” y que el Tribunal Supremo había “eliminado” los párrafos que la motivaron. 

La moción del Grupo Socialista incluía un párrafo de la sentencia de la Audiencia Nacional cuyo contenido ha sido rebatido por el Tribunal Supremo. Pero el texto votado por la mayoría del Congreso concluía que Rajoy había “eludido cualquier tipo de responsabilidad política relacionada con este caso desde su inicio”. 

“La sentencia dictada en el día de hoy (25 de mayo de 2018), incluido su voto particular, con independencia de las consideraciones jurídicas que merezca, pone de relieve una clara dejación política de sus responsabilidades”, firmaban los diputados socialistas. Los representantes del PSOE también aludían a la “ausencia de credibilidad que tanto los jueces como la propia Fiscalía Anticorrupción otorgan a la declaración” como testigo de Rajoy durante el juicio. 

El fallo del Tribunal Supremo censura que no se puede condenar al PP como responsable civil subsidiario de los fondos recibidos por sus delegaciones en Pozuelo y Majadahonda para campañas electorales y al mismo tiempo considerarlo “conocedor y responsable penal”. Es lo que hizo la Audiencia Nacional amén de advertir de que el PP no se sentaba en el banquillo de los acusados porque la legislación vigente en el momento de los hechos no permitía juzgar a un partido político. 

Explican los magistrados del Supremo a este respecto que la condición de responsable civil a título subsidiario solo cabe en alguien que se ha beneficiado de un dinero sin haber participado en el delito con el que se originó ni conocerlo, al tiempo que ratifican la condena al Partido Popular por haberse lucrado de 245.000 euros de la corrupción en las citadas campañas locales. 

Es más, los jueces del Tribunal Supremo consideran sobre la mención a la caja B: “En modo alguno resulta reprochable que para configurar el contexto en que los hechos enjuiciados suceden, se mencione el resultado de los diferentes medios de prueba practicados relacionados con el Partido Popular, cuando precisamente es el nexo común que sirve de amalgama al conjunto de episodios y actuaciones recogidos en la declaración de hechos probados”. Y añaden que la estimación parcial del recurso del PP “carece de efectos prácticos” y resulta “intrascendente” para el sentido del fallo. 

Una caja B acreditada por la investigación judicial

El sistema de financiación irregular del Partido Popular durante casi 20 años ya quedó acreditado indiciariamente por medio de la investigación judicial que arrancó en la Audiencia Nacional en 2013 y cuyas derivadas siguen indagándose a día de hoy. Así quedó plasmado en los autos dictados por los dos jueces de instrucción que ha tenido el caso de la caja B, una pieza separada del caso Gürtel pendiente de juzgar.

En 2015, el magistrado Pablo Ruz dictó en marzo de 2015 auto de pase a procedimiento abreviado contra los investigados, el equivalente al procesamiento para delitos castigados con menos de nueve años. Con los mismos argumentos, su sustituto, José de la Mata, firmó el auto de apertura de juicio oral dos meses después. 

Ruz arrancó la investigación de la caja B en 2013 a raíz de la publicación en El País de los 'papeles de Bárcenas' y la concluyó a los dos años. En aquel auto de fin de la instrucción, Ruz daba por acreditado indiciariamente que la formación política “se vino sirviendo de diversas fuentes de financiación ajenas al circuito económico legal, lo que permitió operar, al menos durante los 18 años investigados, con varios sistemas de cuentas que registraron corrientes financieras de entradas y salidas de dinero al margen de la contabilidad oficial declarada por el partido y presentada al tribunal de cuentas, funcionando las referidas cuentas a modo de contabilidades paralelas, cajas de dinero en efectivo o cajas B”.

Tras la salida forzada de Ruz del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, De la Mata dictó auto de apertura de juicio oral, el paso necesario para que se juzgue al Partido Popular como responsable civil subsidiario de 1,2 millones de euros. Esa cantidad es el equivalente a la suma de los 220.000 euros que habría dejado de ingresar ante la Hacienda Pública por el impuesto de sociedades de 2008, el único ejercicio de los investigados que no había prescrito, y algo más de un millón de euros por el impuesto de sociedades de 2007 de la empresa Unifica, que realizó la reforma de la sede de Génova, pagada supuestamente con dinero negro de la caja B.

En ese auto de apertura de juicio oral, De la Mata sentaba en el banquillo a los extesoreros del PP Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, al exgerente Cristóbal Páez; al arquitecto de las obras de Génova, Gonzalo Urquijo, así como a una socia y una empleada de éste. Lapuerta falleció con posterioridad con lo que la presunta responsabilidad penal contra él quedó extinguida. El resto responderán por los delitos de organización criminal, asociación ilícita, falsedad contable, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito electoral y delitos contra la Hacienda Pública. 

De no haberse producido ninguna novedad, el auto de apertura de juicio oral hubiera estado seguido de la celebración de la vista. Sin embargo, la declaración de Francisco Correa y del constructor Alfonso García-Pozuelo en el juicio de la Primera Época de Gürtel motivó que Anticorrupción solicitara la reapertura de la investigación en febrero de 2017, lo que acordó el juez José de la Mata. 

Intentos de sabotear el caso

Los intentos del PP por alterar la investigación son objeto de investigación judicial en una pieza del caso Villarejo en la que, por el momento, están imputados el ministro del Interior de la primera legislatura de Mariano Rajoy, Jorge Fernández Díaz, y su número dos, Francisco Martínez. El juez Manuel García-Castellón considera que hay indicios de que actuaron para hacerse con las pruebas que pudieran comprometer a dirigentes del PP en el caso de la caja B. 

Por otra parte, un informe policial de más de 400 páginas ha provocado que reabra una línea de investigación cerrada provisionalmente en 2015, la del cohecho. Una veintena de grandes empresarios de la construcción estuvieron imputados por aparecer como donantes de dinero negro al PP, pero la causa fue archivada contra ellos porque no pudo demostrarse el carácter finalista de las donaciones, esto es, que cada entrega respondía a una adjudicación concreta de administraciones gobernadas por el Partido Popular. 

El juez De la Mata ordenó una batería de diligencias que ya han permitido a la Policía acumular pruebas de que el empresario Rafael Palencia hizo varias entregas al PP por más de 100.000 euros a cambio de tres adjudicaciones que dependieron de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de la capital y el Ministerio del Fomento, todas ellas administraciones entonces en manos del PP. Esta nueva línea de investigación puede provocar que la nómina de procesados se amplíe en el banquillo de la caja B.