El Tribunal Supremo ha admitido a trámite la querella presentada por José Manuel Soria contra la diputada de Podemos Victoria Rosell, a la que el exministro acusa de retardo malicioso en la administración de justicia, prevaricación y cohecho durante su anterior etapa de jueza en Las Palmas. El Alto Tribunal adopta esta decisión en contra del criterio de la Fiscalía, que no encuentra indicios para investigar a Rosell.
Para llegar a este punto, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo se acogió a un artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial por el que puede solicitar la práctica de pruebas antes de pronunciarse sobre la admisión a trámite. Y lo hizo después de que la Fiscalía se pronunciara en contra de abrir la causa.
El empresario Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, alquiló una licencia de radio propiedad de la pareja de Rosell, el periodista Carlos Sosa, a los pocos días de que la jueza abandonara el juzgado número 8 para aspirar al Congreso. Sosa es director de Canarias Ahora, medio asociado a eldiario.es.
En el auto de admisión a trámite, el magistrado Marchena dice que la investigación que ahora arranca en el Supremo deberá dilucidar si las decisiones que adoptó la jueza en la citada investigación “no eran sino el vehículo par la consecución del objetivo de la señora Rosell, que según el querellante, buscaba enriquecer a su pareja”.
eldiario.es publicó que el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, un juez conservador, es amigo íntimo del abogado de Soria en esta causa, el que fuera fiscal general del Estado Eligio Hernández.
El ministro Soria se querelló inicialmente contra Rosell por delitos de calumnias e injurias, por una entrevista en eldiario. es en la que acusó al entonces titular de Industria de utilizar a la Fiscalía en su contra. El Supremo dice que las declaraciones de Rosell se practicaron en el marco de la libertad de expresión y rechaza investigarla por este motivo.
“El deseo de la señora Rosell de expresar públicamente el malestar con lo que consideraba una injstificada investigación por la Fiscalía, hace que aquellas imputaciones aparezcan como un genuino acto de la libertad constitucional de expresión”, recoge el auto.
El resto de delitos que le atribuye Soria sí serán investigados. “Se tratará, en fin, de afirmar -o excluir- si bajo la dilatada tramitación de ese proceso se esconía un distanciamiento tal del principio de imparcialidad que las decisiones adoptadas no habrían sido sino una coartada llamada a camuflar el irreparable quebrando de los principios y deberes estatutarios que legitiman el ejercicio de la función jurisdiccional”, afirma Marchena en su auto.
Fiscalía: Soria no está legitimado
Por contra, el Ministerio Público considera que Soria no está legitimado para denunciar a Rosell por prevaricación, cohecho y retardo malicioso de la actuación de la Justicia en un caso en el que él no tiene ninguna participación ni le afecta, al tiempo que recuerda que ya fue archivada una investigación interna en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la actuación de Rosell en el caso del empresario Miguel Ángel Ramírez.
Pero Marchena insistió en dictar diligencias que han terminado dando cuerpo a la querella de Soria. Así, pidió al juzgado número 8 de Las Palmas que le informara sobre todos aquellos extremos que hayan resultado determinantes del actual estado de las actuaciones, con indicación de las vicisitudes e incidencias que hayan podido afectar a la duración del proceso.
Asimismo, pedía al letrado de la Administración de Justicia del mismo Juzgado testimonio íntegro de las declaraciones prestadas en concepto de investigado por el empresario y presidente de la UD Las Palmas Miguel Ángel Ramírez.
Con la decisión del Supremo, el alto tribunal abre una investigación a una diputada de la oposición unas horas antes de que finalice el plazo que tienen los partidos para alcanzar un acuerdo de Gobierno. Rosell no perderá su condición de aforada aunque se disuelvan las cortes porque su partido la ha elegido para integrar la Diputación Permanente.