La causa contra el procés independentista llega esta semana a otra encrucijada. El expresident catalán Carles Puigdemont comparece este lunes ante la corte de apelación de Sassari, en Cerdeña, con la orden de detención del Tribunal Supremo pendiendo sobre su cabeza para ser entregado y juzgado en España. Todo son incógnitas en una cita judicial a la que muchos miran con escepticismo: los jueces sardos tendrán que decidir si la cuestión prejudicial que el propio juez Pablo Llarena puso en marcha debe suponer la suspensión de este proceso. El propio Puigdemont ha movido ficha y ha pedido que la Justicia europea le devuelva su inmunidad parlamentaria.
Puigdemont fue detenido el jueves 24 de septiembre en el aeropuerto de Cerdeña y pasó unas horas en la prisión de Bancali antes de ser dejado en libertad sin ningún tipo de medida cautelar o restricción. Fue arrestado por la misma orden europea de detención puesta en marcha por Pablo Llarena en octubre de 2019, una vez dictada la sentencia del Supremo por sedición, y ahora los jueces sardos tendrán que decidir cuál es el siguiente paso: si ponen en marcha o no el proceso de extradición tal y como reclama Llarena.
En el caso de Carles Puigdemont es un trámite que va mucho más allá de analizar si la sedición tiene algún delito comparable en el código penal italiano. Los jueces tendrán que decidir primero si el proceso de extradición puede arrancar por la existencia de una cuestión prejudicial planteada por el propio Llarena y que sigue pendiente de resolución, aunque mientras tanto la inmunidad parlamentaria del expresident y eurodiputado haya sido suspendida y ya no sea un obstáculo.
Aquí la opinión de Llarena es invariable. El magistrado español ha insistido dos veces a sus homólogos sardos en que su cuestión prejudicial no suspende la extradición. Entiende que se trata de una medida cautelar que sólo él puede suspender su orden de detención: “Este magistrado instructor (...) no ha emitido ninguna decisión que modifique o que suspenda la medida cautelar”, dijo en su última comunicación a Cerdeña. “La OED contra Carles Puigdemont i Casamajó está activa por decisión de este instructor, que es quien tiene la competencia para ello”.
Los jueces de Cerdeña coincidieron con Llarena en la validez de su detención, pero no se han pronunciado sobre si el proceso puede seguir adelante. En el auto por el que dejaban en libertad a Puigdemont reflejaban lo que dijo en su momento el vicepresidente del Tribunal General de la Unión en su resolución de julio: que “la decisión prejudicial implica la suspensión del procedimiento nacional” hasta que exista una sentencia. Aquí la clave será si los jueces italianos estiman el argumento de Llarena sobre que se trata de una medida cautelar.
Antecedentes desfavorables
Los antecedentes en otros intentos internacionales no son favorables para el juez Pablo Llarena. Desde la fuga de Carles Puigdemont y varios de sus exconsellers en 2017, una vez fueron llamados a declarar por la Audiencia Nacional y no comparecieron, el magistrado del Tribunal Supremo ha protagonizado varios intentos fallidos para que distintos países entreguen a los antiguos miembros del Govern catalán. Lo intentó sin éxito en 2018 cuando los tribunales alemanes de Schleswig-Holstein- rechazaron entregar a Carles Puigdemont acusado de rebelión, y lo intentó sin éxito también con Lluís Puig en Bélgica. Previamente había decidido dejar sin efecto las órdenes de detención para evitar interferencias de las autoridades belgas.
En 2019 también recibió un serio revés cuando las autoridades Suizas también mostraron su criterio contrario a una hipotética entrega del expresident: “Los hechos descritos no constituyen, a primera vista, un delito extraditable según el derecho suizo. Los hechos descritos parecen ser un delito político o un delito relacionado con un delito político”, dijeron entonces las autoridades helvéticas.
Casado exige que el Gobierno interfiera
La posible entrega del expresident catalán se ha trasladado al terreno político con el partido de Puigdemont cuestionando aún más la mesa de diálogo y con el Partido Popular solicitando directamente que el Gobierno interfiera en este proceso judicial. La semana pasada Pablo Casado pidió a Pedro Sánchez que “haga todo lo posible para que la Justicia española sea respetada en Europa, que haga todo lo posible para traer de vuelta a Puigdemont, un delincuente fugado”. El proceso de extradición involucra a los abogados de Puigdemont, al Tribunal Supremo y como mucho a la Fiscalía pero en ningún caso a la Abogacía del Estado y el Gobierno como tal no interviene en ninguna de sus fases.
El proceso de extradición arranca en Italia también con una situación inédita en la causa del procés: el enfrentamiento entre el juez instructor y la Abogacía del Estado, acusación en el juicio en el Tribunal Supremo. El entorno del expresident defiende que la Abogacía dio por suspendida la orden europea de detención hasta que la cuestión prejudicial sea resuelta, y el magistrado entiende que se ha producido un “desajuste de información”. Las órdenes no están suspendidas y según el juez “esta situación no sería desconocida para la Abogacía del Estado, pues es parte en el procedimiento penal que se sigue ante el Tribunal Supremo de España”. Una decisión que no existe y que por tanto “nunca le ha sido notificada a la Abogacía del Estado”.