“La gestación subrogada es una práctica que no es legal en España”. Con esas palabras, la ministra de Igualdad Irene Montero ha reaccionado a la maternidad de Ana Obregón, a quien han entregado una niña que nació mediante un vientre de alquiler en Miami. “La nueva Ley de Derechos sexuales y reproductivos lo reconoce como una forma de violencia contra las mujeres”, ha recordado.
En declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, Montero ha pedido a los periodistas que “no olviden” a las mujeres que están “detrás”. “Hay un sesgo de discriminación por pobreza”, ha zanjado.
El caso de Ana Obregón ha avivado la polémica en torno a la gestación subrogada. En este caso concreto, la unión de la edad de la presentadora y el hecho de que sea mediante vientre de alquiler han sido dos ingredientes esenciales en esta polémica: la investigadora Sara Lafuente, con la que ha hablado esta redacción, subraya que el foco debería estar en el mercado reproductivo que hay detrás para que esto suceda. “Ser muy críticos con el caso de una persona millonaria no nos sirve de nada. Si nos apela debería servir para tomar medidas más generales y ver qué límites queremos poner como sociedad”.
Los partidos se han ido pronunciando al respecto de este asunto a lo largo de la jornada. En el PP, mientras este miércoles por la mañana su secretaria general evitaba posicionarse y apelaba a debates “profundos y serenos”, algo más tarde la dirección del partido se abría a regularlo, ante la “realidad” de que hay españoles que adoptan así a sus hijos en el extranjero.
Cerramos una jornada que ha estado marcada, entre otros asuntos, por el acuerdo entre Gobierno e Iglesia para que esta pague dos impuestos de los que estaba exenta. Te dejamos por aquí otras noticias del día:
-Sánchez reivindica la paz social y los pactos con Bruselas ante el 'no' de las derechas a la reforma de las pensiones: el presidente del Gobierno ha considerado que tanto la reforma de las pensiones como la laboral recuerdan la agenda social del Gobierno. En una conversación con los periodistas en el avión que le lleva a China, el líder del Ejecutivo ha afirmado que “son reformas que justifican una legislatura”.
-Sindicatos de la Inspección de Trabajo denuncian al Gobierno ante la Comisión Europea y avisan de una huelga indefinida: la mayoría de sindicatos en Trabajo han presentado una denuncia contra el Gobierno español ante la Comisión Europea por incumplir un acuerdo con mejoras laborales para la plantilla, que ya ha ocasionado tres días de huelga y cuyo conflicto sigue abierto.
-Nueva condena de cuatro años de cárcel al pequeño Nicolás por obtener información policial de matrículas: la Audiencia de Madrid ha impuesto a Francisco Nicolás Gómez Iglesias su cuarta condena de prisión. En esta ocasión piden cuatro años y tres meses de cárcel por maniobrar con varios policías municipales del Ayuntamiento de Madrid y un guardia civil de la Casa Real para conseguir información de matrículas de coches “para obtener ingresos paralelos”.
-Salud cierra salas de endoscopia en un hospital para abrirlas en el nuevo centro inaugurado hace unos días en Sevilla: El Virgen del Rocío clausura tres de estos quirófanos al pasar los profesionales que los atendían al nuevo complejo Doctor Muñoz Cariñanos, lo que el Sindicato Médico denuncia como “un engaño a la población”.
Así cerramos, mañana más. ¡Buenas noches!
El PP ha registrado este miércoles su lista de comparecientes para la comisión de investigación parlamentaria de la Operación Kitchen. Entre sus peticiones, destacan las de la ministra de Defensa, Margarita Robles, de la familia Pujol, del cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero y de la recientemente dimitida directora de la Guardia Civil, María Gámez.
El de Gámez es el único nombre nuevo entre los propuestos por el PP en comparación con las anteriores ediciones de esta misma comisión.
Esta es la lista completa de comparecientes pedidos por el PP:
1. José Manuel Villarejo Pérez
2. Margarita Robles Fernández
3. Juan Alberto Belloch Julbe
4. María Gámez Gámez
5. Paz Esteban López
6. Javier Iglesias Redondo
7. Diego Pérez de los Cobos
8. Jordi Pujol i Soley
9. Oleguer Pujol Ferrusola
10. Jordi Pujol Ferrusola
11. Laura Borrás i Castanyer
12. Juan Carlos Monedero Fernández-Gala
13. Josep Lluis Trapero Alvarez
14. Fernando Grande-Marlaska Gómez
15. Basilio Sánchez Portillo
16. José Zaragoza Alonso
17. David Madí i Cendrós
Informa Aitor Riveiro
El PSOE ha registrado su lista con los comparecientes a los que desea llamar en la comisión de investigación que se constituye este jueves en el Congreso sobre el uso con fines políticos del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Entre las solicitudes registradas figuran los exministros del PP Jorge Fernández Díaz y María Dolores de Cospedal, pero no el expresidente Rajoy.
La lista del PSOE incluye a figuras vinculadas a la trama Kitchen como quien fuera número dos de Fernández Díaz en Interior, Francisco Martínez, o el exdirector adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino, así como otros agentes implicados en las operaciones parapoliciales de Interior como Enrique García Castaño, José Luis Olivera, o José Ángel Fuentes Gago, así como al propio comisario José Manuel Villarejo y al director en esa época de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó.
Los socialistas han llamado además a una serie de personas vinculadas con la Operación Catalunya, como Higin Cierco, de la Banca Privada Andorrana, o a los ex agregados de Interior en ese país Bonifacio Díaz Sevillano o Celestino Barroso Cos.
Informa Alberto Ortiz
Unidas Podemos ha registrado una solicitud de comparecencia de varias personas en la comisión de investigación sobre el uso del Ministerio del Interior para fines políticos durante el Gobierno de Mariano Rajoy, que se constituye mañana en el Congreso de Diputados. Entre las personas que el grupo confederal quiere que acudan figuran el ex secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, el periodista y directivo de La Sexta Antonio García Ferreras o Rajoy.
UP pide la comparecencia de Iglesias al entender que se trata de “una clara víctima de las 'cloacas'” y considera “indispensable” que asista Ferreras tras los audios publicados de una conversa con el comisario José Manuel Villarejo “en los que reconoce haber difundido una información falsa sobre Iglesias, con una clara intención de manipular el sistema democrático”.
En la lista propuesta por el grupo están además otros periodistas como el exdirector David Jiménez, Esteban Urreiztieta o Ana Terradillos. También Villarejo, el ex director adjunto de la policía Eugenio Pino Sánchez o los exministros del PP Jorge Fernández Díaz y María Dolores de Cospedal.
Informa Alberto Ortiz
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha notificado este miércoles la desestimación del recurso de aclaración presentado por el expresidente de Pescanova Manuel Fernández de Sousa-Faro contra la sentencia dictada por la misma sala el pasado 10 de febrero. El directivo entrará en prisión “en los próximos días”.
En la sentencia se condenaba al empresario a un total de seis años de prisión por un delito continuado de falsedad en las cuentas anuales y por un delito también continuado de falseamiento de información económico-financiera. Todos ellos por el llamado 'Caso Pescanova'.
Sin embargo, la defensa solicitó a los magistrados una rectificación de la sentencia por “error material” en lo que se refiere a los delitos que se le imputan y sus correspondientes penas. Esto en relación al delito continuado de falseamiento de información económico-financiera ya que, a su juicio, no se aprecia “ninguna suerte de continuidad delictiva”.
En el auto conocido este miércoles, el Tribunal Supremo explica que no observa “error material” respecto a la consideración como continuado del delito de falseamiento en la información económico-financiera.
“Al contrario, consideramos que la condena pronunciada en la instancia, y que este Tribunal confirma, lo fue en dicha condición, conforme las acusaciones lo interesaban, por las razones ya entonces explicadas y recordadas, someramente, aquí”, indican los jueces.
Informa elDiario.es
El Comité Financiero del Senado de Estados Unidos acusa al banco suizo Credit Suisse, adquirido recientemente por su rival UBS, de haber sido cómplice en la evasión de impuestos por parte de ricos ciudadanos estadounidenses, contraviniendo los términos del acuerdo alcanzado con el Departamento de Justicia (DoJ) para la declaración de culpabilidad de la entidad helvética en 2014, lo que habría facilitado la ocultación al fisco estadounidense de más de 700 millones de dólares (646 millones de euros).
La investigación desarrollada durante estos dos últimos años acerca del cumplimiento de dicho acuerdo ha descubierto violaciones importantes del trato con las autoridades judiciales de EEUU, según ha revelado este miércoles el presidente del Comité de Finanzas del Senado, Ron Wyden, incluyendo la falta de información sobre cuentas secretas con alrededor de 100 millones de dólares pertenecientes a una sola familia de contribuyentes estadounidenses.
Tras la solicitud de información por parte del Comité del Senado de EEUU sobre cualquier otra cuenta no declarada perteneciente a ciudadanos estadounidenses con más de 20 millones de dólares, Credit Suisse había identificado 23 cuentas que cumplían con estas características, a falta de más revisiones en curso.
Asimismo, la investigación también arrojó nueva luz sobre la medida en que los banqueros de Credit Suisse ayudaron e instigaron la evasión fiscal por parte del empresario estadounidense Dan Horsky, quien se declaró culpable en 2016 de uno de los casos de evasión fiscal criminal más grandes en la historia de Estados Unidos.
Un portavoz de Credit Suisse ha indicado que la entidad “no tolera la evasión fiscal”, subrayando que, en esencia, el informe describe problemas heredados, algunos de hace una década, mientras que el banco ha implementado amplias mejoras desde entonces.
Informa elDiario.es.
Paramos brevemente en la narración de la actualidad política de la jornada para dejarte otros asuntos del día:
-El Gobierno acuerda con la Conferencia Episcopal que la Iglesia pague dos impuestos de los que estaba exenta: a partir de ahora la Iglesia pagará dos impuestos de los que estaba exenta, al ser obligatorios para todo el mundo excepto para la Conferencia Episcopal, según se acordó en su día.Se trata del de Contribuciones Especiales y el de Construcciones, Instalaciones y Obras.
-Los líderes de Podemos en Navarra y Galicia acudirán al lanzamiento de la candidatura de Yolanda Díaz: a pesar de que la dirección nacional de Podemos se sigue negando a acudir al acto de lanzamiento de Sumar si no hay un acuerdo previo, dos de sus líderes territoriales sí han anunciado que estarán: se trata de Begoña Alfaro, coordinadora en Navarra, y Borja San Ramón, secretario general de Galicia, que anunció la semana pasada que irá junto a Antón Gómez-Reino, antecesor en el cargo.
-Aragonès despacha las críticas de Ponsatí al Govern: “No me encontrarán confrontando entre represaliados”: el president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragones, ha esquivado las críticas de Clara Ponsatí cuando este martes regresó a España. La que fue consellera con Carles Puigdemont llegó a calificar el actual Ejecutivo de “herramienta de la ocupación española”.
-El PP se abre a legalizar la “gestación subrogada” sin “interés mercantil”: el PP gira en el debate sobre los vientres de alquiler y se abre a legalizarlos en España, siempre que no haya “interés mercantil” por medio. El debate no se retomará hasta pasadas las generales.
-El rechazo de los vocales progresistas a dimitir en bloque sentencia la renovación del Poder Judicial: la posibilidad de que dimitan en bloque los vocales progresistas del CGPJ se desvanece. La tesis mayoritaria entre estos consejeros es que este hecho no forzaría una salida al bloqueo que el Partido Popular mantiene desde 2018 en el órgano de gobierno de los jueces.
¡Seguimos!
El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso que la asociación Jucil, mayoritaria en la Guardia Civil, presentó contra el Código de Conducta del cuerpo aprobado en 2022. Cuestionaba, entre otras cosas, que obliga a los agentes a guardar “neutralidad política” y a ser “respetuosos” con “todas las opciones ideológicas y políticas”.
Los jueces rechazan el recurso de Jucil y recuerdan a la asociación que “no basta con lanzar al Tribunal un conjunto de argumentaciones” sino que tendrían que justificar la existencia de algún tipo de infracción que no han conseguido demostrar. Esta norma, dice el Supremo “se limita a fijar las pautas que deben guiar el comportamiento del personal de la Guardia Civil”.
Informa Alberto Pozas
El Tribunal de Cuentas ha aprobado este miércoles la instrucción en la que detalla los criterios técnicos a seguir en la fiscalización de las contabilidades electorales, así como el alcance y los requisitos de la documentación contable y justificativa que los partidos deberán enviar al órgano fiscalizador sobre sus gastos en la campaña de las municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo.
Como novedad, los partidos políticos deberán presentar una memoria de los actos y mítines celebrados durante la campaña. También tendrán que aportar una memoria explicativa de los gastos por envíos de propaganda electoral, en la que se informará de los elementos incluidos en los sobres contenedores de los envíos, las empresas encargadas de la confección y distribución, la relación de las facturas justificativas de dichos gastos, así como el destino de los envíos por circunscripciones.
El Tribunal de Cuentas fiscalizará las elecciones municipales y las autonómicas de cinco comunidades autónomas (Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Región de Murcia y La Rioja), cuyas contabilidades deberán ser presentadas a finales del mes de septiembre por los partidos políticos que concurran a las mismas. Entre 2023 y 2024 el Tribunal de Cuentas fiscalizará un total de ocho procesos electorales, en los que se prevé la movilización de importantes recursos públicos. Por ejemplo, en las pasadas elecciones locales de 2019 se realizaron gastos electorales por un total de 50 millones de euros, explica el órgano fiscalizador en un comunicado.
Informa Elena Herrera.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha confirmado este miércoles que España enviará a Ucrania seis tanques de combate 'Leopard' una vez pasada la Semana Santa y ha rechazado que la ayuda militar contribuya a una escalada bélica del conflicto, del que ha señalado como único responsable al presidente de Rusia, Vladímir Putin.
En una comparecencia ante el Pleno del Congreso, Robles ha confirmado que los seis primeros 'Leopard' han finalizado ya su reparación en la factoría de Santa Bárbara en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) y están ahora sometiéndose a pruebas de certificación en Córdoba. Una vez finalizada esta fase serán enviados a Ucrania durante la segunda semana del mes de abril.
Después serán reparados otros cuatro 'Leopard' 2A4 para sumarse al ejército ucraniano más adelante, tal y como se comprometió el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su visita a Kiev hace un mes para reunirse con el presidente Volodímir Zelenski.
El envío de estos vehículos, ha subrayado Robles, permitirá que los ucranianos puedan seguir defendiéndose de un ataque “absolutamente injusto”. Es más, ha sostenido que sin la ayuda internacional Ucrania “ya habría sucumbido ante la agresión de Rusia”.
Información de Europa Press.