Podemos ha anunciado que ha recurrido el auto de procesamiento de los comisionistas Alberto Luceño y Luis Medina por el fraude de las mascarillas. La formación morada ha presentado un recurso directo de apelación en el que solicita que deben recibirse todos los informes de la policía judicial sobre los efectos intervenidos en los registros; que deben practicarse las diligencias interesadas ante la propuesta de investigar también un posible delito de malversación por parte de Elena Collado Jiménez -responsable de compras del Ayuntamiento de Madrid- si se estima el recurso; y que debe incorporarse físicamente la documentación intervenida en los registros llevados a cabo.
“Hoy apelamos a la justicia para que llegue hasta el final en la investigación de las comisiones millonarias y podamos saber qué falló, cómo fue tan fácil llevarse 6 millones”, ha explicado Roberto Sotomayor, candidato de Podemos-IU-Alianza Verde a la alcaldía de Madrid, sobre este nuevo recurso del caso mascarillas. Sotomayor ha denunciado, además, que el Ayuntamiento de Madrid “todavía no ha tomado medidas contra el abuso del mecanismo de contratación de emergencia”, mientras que es “urgente cerrarle la puerta a la corrupción”.
Cerramos una jornada que ha estado marcada en gran medida por la decisión de Ferrovial de trasladar su sede de España a Países Bajos o por la polémica en torno al plan del Gobierno andaluz para Doñana, entre otros asuntos. Antes de marcharnos te dejamos por aquí algunos asuntos del día:
-Trabajo lanza una campaña antifraude sobre 140.000 contratos fijos discontinuos: la Inspección de Trabajo ha lanzado una campaña antifraude sobre abusos en la contratación. Según fuentes del Ministerio dirigido por Yolanda Díaz, la acción se ha centrado en los fijos discontinuos. Así, se ha enviado “casi 50.000 cartas” a empleadores al detectar presuntas irregularidades que afectan a unos “140.000 contratos, una gran mayoría fijos discontinuos”.
-El FBI arresta a un miembro de la Guardia Nacional de 21 años por la filtración de documentos de EEUU sobre Ucrania: el FBI ha detenido este jueves a Jack Teixeira, de 21 años, como sospechoso de filtrar documentos altamente clasificados del Pentágono. El fiscal general de EEUU, Merrick Garland, ha confirmado que el arresto se ha llevado a cabo “sin incidentes” y que será procesado en un tribunal federal de Massachusetts.
-España abre una investigación contra ChatGPT por posibles violaciones de privacidad: la Agencia Española de Protección de Datos ha lanzado una investigación de oficio sobre la inteligencia artificial de OpenAI tras su bloqueo en Italia.
-Ofensiva en el Parlamento Europeo contra el plan del Gobierno andaluz de indultar los regadíos de Doñana: los socialistas europeos van a organizar un viaje a Doñana como forma de presión a Moreno Bonilla, después de que el Parlamento andaluz haya decidido iniciar la tramitación de una proposición de Ley que pretende 'indultar' regadíos ilegales en el entorno del Parque Nacional: “Nuestro objetivo es que se pueda parar y hay que usar todos los medios posibles”, ha dicho la jefa de los socialistas y demócratas.
-La Junta Electoral inicia el proceso para retirar el escaño a Laura Borràs tras su condena por corrupción: la Junta Electoral Central ha dado diez días a Laura Borràs y al Parlament catalán para que presenten alegaciones sobre su acta tras su condena por corrupción, si bien ya ha anticipado que la cuestión terminará con la retirada exprés de su escaño.
Así nos vamos. Mañana más. ¡Buenas noches!
La expresidenta del Parlament catalán Laura Borràs ha asegurado que ha habido “vulneración de derechos” en la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de iniciar el proceso para retirarle su escaño después de haber sido condenada por corrupción. La JEC ha dado diez días a la líder de Junts y a la Cámara para que presenten alegaciones, aunque ha advertido de que es un caso “análogo” a los de Torra y Juvillà, que terminaron con su cese como parlamentarios.
“Hoy podríamos hablar de la vulneración de derechos a la que el Estado nos tiene acostumbrados, con la gentil colaboración de algunos”, ha escrito en su perfil oficial de Twitter, junto a unas fotografías del acto de Junts 'El presupuesto de verdad: la Catalunya sin déficit fiscal', que se ha celebrado este jueves y que ha presentado el diputado del partido Joan Canadell.
El pasado 30 de marzo, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) condenó a Borràs a cuatro años de prisión y a 13 de inhabilitación por haber fraccionado contratos de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) para beneficiar a su amigo Isaías H.
La presentación del último libro de la escritora y ensayista Elizabeth Duval giraba alrededor de la melancolía, la palabra que da título al trabajo con el que pretende ilustrar el camino que discurre en la política entre la ilusión, las expectativas y la realidad. Y en ese contexto, la vicepresidenta segunda del Gobierno, que ha presidido la presentación este jueves en Madrid, ha extendido al espacio de la izquierda esa tendencia a la nostalgia. “Las izquierdas españolas están afincadas en una parte melancólica brutal”, ha advertido la ministra de Trabajo.
En un acto en el Matadero de Madrid, moderado por la periodista María Llapart, Díaz y la propia Duval han intercambiado reflexiones en torno a los ejes del libro, la economía, la patria o las izquierdas. “Las izquierdas españolas están afincadas en algo que procura más tener razón que cambiar la vida de la gente”, ha lamentado la vicepresidenta. “Hay que tener algo claro, que es cambiar la vida de la gente. Menos agoreros, más hacedores en la vida pública”, ha reclamado.
“Estoy insatisfecha, pero que tengamos un impuesto que grava las fortunas por primera vez en democracia o que hayamos gestionado una crisis de manera radicalmente diferente... Pensemos qué pasaría si gobernaran los agoreros. Pensiones públicas que hoy están garantizadas y las hemos revalorizado con la inflación. Todo esto lo ha hecho posible el 15M. A veces pienso: si no estuviéramos en el Gobierno, ¿se haría lo mismo? Lo dejo así”, ha reflexionado la vicepresidenta segunda.
Lo cuenta Alberto Ortiz.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido del “riesgo” que corre Doñana y ha denunciado la “soberbia” de la derecha, después de que este miércoles PP y Vox diesen el paso para legalizar regadíos, en contra del criterio de expertos, de la UE y del Gobierno. “¿Qué más necesita la derecha andaluza para reconocer el error y frenar este atropello? ¿Qué más necesita? ¿A qué tanta soberbia? ¿Por qué no reconocen el error?”, ha dicho en un mitin en Cáceres este jueves, donde ha presentado al candidato a la reelección a la Alcaldía, Luis Salaya.
Así, el presidente del Gobierno ha advertido a la derecha andaluza de que Doñana “no es cortijo de nadie”, sino que es “patrimonio de Andalucía, de España y de Europa”: “Vamos a salvarla”, ha dicho Sánchez, que ha subrayado “la evidencia científica” que hay sobre el riesgo del paraje natural.
“La emergencia climática y el daño que ahora mismo tiene Doñana no es una opinión, es una evidencia”, ha dicho, para denunciar que “si se perpetra el atropello, habrá sanciones económicas [de Bruselas] que tendremos que pagar todos los ciudadanos y ciudadanas con nuestros impuestos para hacer frente a ese incumplimiento y a ese atropello”.
La semana que viene será clave en la contrarreforma de la ley del 'solo sí es sí' que se debate en el Congreso, con la llegada de la proposición de ley del PSOE a la Comisión de Igualdad. El grupo socialista ha comenzado una ronda de contactos con los diferentes grupos, incluido el PP, para negociar enmiendas e intentar buscar una mayoría suficiente que permita aprobar su reforma del Código Penal.
La propia secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha señalado este jueves que se han producido dichas conversaciones entre grupos parlamentarios. Fuentes del PSOE y del PP confirman esos “contactos”, que se circunscriben a “llamadas telefónicas”, aunque sin entrar en los detalles. La portavoz del PP en el Congreso ha apuntado que su partido no no participará “en parches que dejen lagunas” y ha exigido una “rectificación completa” de la ley del 'solo sí es sí', aunque a la vez ha hecho hincapié en una enmienda concreta referida a los menores entre 16 y 18 años.
Además de las enmiendas del PP también se ha registrado un paquete de enmiendas por parte de ERC y EH Bildu. También Unidas Podemos ha presentado las suyas, aunque el PSOE ya ha anunciado su rechazo.
Escribe Aitor Riveiro.
Dos militantes de Futuro Vegetal han teñido este jueves con pintura roja y negra la fachada del Ministerio de Justicia. “El Ministerio de Justicia chorrea sangre y petróleo”, han escrito en sus redes sociales. La acción, que han llevado a cabo usando extintores, se enmarca en las protestas “dentro de la campaña de desobediencia no violenta de alta intensidad que está teniendo lugar desde hace más de un año”, según han informado en un comunicado. “Estamos en una emergencia climática y desde FV respondemos a la altura de las circunstancias”.
La acción de este jueves, ha expresado la organización, se vincula con la del grupo Rebelión Científica, que hace un año tiñó de rojo la fachada del Congreso para denunciar la falta de acciones contra el cambio climático por parte de las instituciones. Hace unas semanas, el pasado 30 de marzo, se volvió a repetir la protesta y dejó ocho arrestados.
Futuro Vegetal exige al Gobierno, expresan en la nota de prensa, “el fin de las subvenciones a la ganadería” y que estas se destinen “hacia un sistema agroalimentario alternativo” que se base “en plantas” y que sea “social y ecológicamente justo”.
114 personas han muerto en accidentes laborales durante los dos primeros meses del año. Eso es una media de casi dos al día, según las cifras provisionales del Ministerio de Trabajo. Aunque el total es inferior al mismo periodo de 2022, el dato de enero, con 63 decesos, fue mucho mayor que el de ese mes del año previo.
La mayoría de los fallecidos, 106, son hombres, mientras que las ocho muertes restantes corresponden a mujeres. De las 114 personas que murieron, 96 se encontraban en su jornada laboral, mientras que 18 perdieron la vida en accidentes 'in itinere', al ir o volver del trabajo.
Los sindicatos denuncian que este problema laboral es una lacra “invisible”, que a menudo pasa desapercibida ante la opinión pública y que muchos de estos fallecimientos son evitables. En las tres últimas décadas han muerto más de 41.500 personas en accidentes laborales. Los especialistas en salud laboral, por su parte, han llamado la atención sobre los hechos que no se saldan con víctimas, por los datos que suponen en la salud y seguridad de las plantillas, a las que en ocasiones dejan secuelas.
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha calificado de “inaceptable” la decisión de Ferrovial, que este jueves ha aprobado en junta de accionistas el traslado de su sede desde España a Países Bajos. “Las empresas tienen que comprometerse con su país y la mejor forma es avanzar en democracia económica”, ha escrito en un mensaje en su perfil oficial de Twitter.
Díaz ha asegurado que frente a la “indignación” que ha generado esta decisión en el país, el Gobierno “va a seguir defendiendo el interés general”. El movimiento de Ferrovial ha sido justificado por su presidente, Rafael del Pino, para cotizar en la Bolsa de EEUU, algo que rechazan Gobierno y CNMV: “Los datos que tenemos no apuntan a que sea imposible, salvo que no se quiera intentar”, aseguró Rodrigo Buenaventura, presidente de la CNMV, en una intervención en el Congreso.
Este jueves, la junta de accionistas de Ferrovial se ha reunido y ha aprobado el traslado de su sede a Países Bajos. Con esta operación, la filial de la compañía Ferrovial International SE se convertirá en la nueva matriz del grupo, al absorber a la actual, que está radicada en España.
El razonamiento que ha dado el presidente, Rafael del Pino, es el mismo que ha venido dando en los últimos días, la posibilidad de cotizar en EEUU. No es fácil ni inmediato hacerlo desde España y tanto el proceso como el plazo de ejecución son inciertos“, ha expresado. Desde el Gobierno y la CNMV, sin embargo, estas semanas han defendido que se puede hacer eso sin necesidad de trasladarse al extranjero. ”Los datos que tenemos no apuntan a que sea imposible, salvo que no se quiera intentar“, expresó Rodrigo Buenaventura en el Congreso.
Pero, ¿qué va a pasar ahora que se ha aprobado este traslado? ¿Es una maniobra ya definitiva? Aunque la mayoría de los accionistas ha respaldado la decisión de Del Pino, todavía hace falta un trámite más: el derecho de separación. Esto es una compensación que la compañía abonará a los accionistas que se hayan opuesto a la salida de Ferrovial de España y que además pidan la venta de sus acciones. Para esto, la empresa se ha reservado 500 millones de euros, aproximadamente el 2,6% del capital. Si el total de accionistas en contra supera esa cifra, la operación previsiblemente decaería. El dato se conocerá en los próximos días.
El Gobierno “respeta” la decisión de Ferrovial, cuyos accionistas han aprobado este jueves el traslado de su sede a los Países Bajos. Fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos que dirige Nadia Calviño han insistido en que, no obstante, “no existen obstáculos legales, normativos o de operativa que” impidan la cotización de la empresa en la Bolsa de EEUU.
Estas semanas atrás desde el Ejecutivo se había venido mostrando oposición a la decisión de la empresa y se había alegado en varias ocasiones que no hay causas económicas que justifiquen el traslado de la sede. Estas mismas fuentes han indicado que el Gobierno continúa trabajando por “atraer inversión y favorecer que las empresas en España puedan crecer, crear empleo y acceder a los mercados financieros desde nuestro país en las mejores condiciones posibles”.
“Vamos a continuar trabajando de manera constructiva con todas las empresas españolas para defender sus intereses e impulsar su expansión y crecimiento”, zanjan desde el Ministerio.