A menos de 24 horas de la primera declaración judicial de un cargo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre el espionaje a independentistas con el programa Pegasus, el juez del caso no tiene sobre su mesa los documentos que el Gobierno desclasificó sobre la infiltración en el teléfono móvil del president de la Generalitat, Pere Aragonès. El Ejecutivo ha enviado un CD al magistrado sin las resoluciones sobre el uso de Pegasus de las que retiró el secreto.
Además, nos mantenemos pendientes de otros asuntos de actualidad política:
- El PP de Feijóo avanza inexorable en su estrategia de deslegitimar cualquier institución que no controle el propio partido. Menos de dos años después de su llegada, fiasco electoral mediante, queda poco del Feijóo pactista que quería ampliar la base social de su partido y recuperar las mayorías absolutas más propias del bipartidismo.
- El recién renovado fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha calificado de “muy importante, muy trascendente” y “grave” las maniobras de la brigada política en los Gobiernos de Mariano Rajoy contra políticos, partidos y cargos catalanes
- Vox se prepara para afrontar un incierto panorama electoral en el horizonte de 2024, una vez que el partido haya celebrado su Asamblea Nacional extraordinaria que Santiago Abascal ha querido adelantar al 27 de este mes para afianzar y no poner en riesgo su liderazgo si fracasa en la primera cita con las urnas, que es Galicia
Era el tema de fondo de la primera comparecencia en el Congreso de la ministra de Igualdad, Ana Redondo: el polémico nombramiento de Isabel García como directora del Instituto de las Mujeres por sus duros comentarios contra las personas trans, la ley trans e incluso personas de su propio partido. Durante sus comparecencias, la mayoría de los grupos han cuestionado la decisión y han pedido, incluso, a la ministra que cese a García.
La portavoz de Podemos, Ione Belarra, pedía “el cese inmediato” porque cada día que pasa “se valida el discurso de odio”. Maribel Vaquero, del PNV, aseguraba que el nombramiento “no es aceptable” y calificaba de insuficientes las disculpas que Isabel García publicó en la red social. Isabel Pozueta, de Bildu, aseguraba que García había mantenido “posiciones muy hostiles” con las personas trans: “Es un posicionamiento incoherente”. Pilar Calvo, de Junts, y Pilar Vallugera, de ERC, también hacían suyas las críticas de los colectivos e interpelaban a la ministra: “¿qué van a hacer?”. En cambio, la portavoz de Sumar en la comisión de Igualdad, Esther Gil de Reboleño, se limitaba a decir que el ministerio de Igualdad y el Instituto de las Mujeres tienen como objetivo “la defensa de la igualdad y de los derechos de todas las mujeres, sin excluir a ninguna”.
La ministra respondía a esta cuestión en los primeros minutos de su comparecencia final. “Cuando decidí el nombramiento de Isabel García me guié por su curriculum profesional en el ámbito público y privado, por su currículum político y vital. El currículum digital no pesa en mi ánimo. No puede ser un elemento esencial para un nombramiento”, defendía Redondo. Sin embargo, reconocía estar al tanto del efecto que ha generado su decisión: “Soy consciente del malestar”, terciaba. Pero se encargaba de destacar el propósito de enmienda de García: “Se disculpó. Hizo ese ejercicio de humildad”. Por último, pedía a los grupos políticos que dieran una oportunidad a la nueva directora y a ella misma como cabeza del Ministerio. “Yo no trabajo en individual, y este equipo está firmemente comprometido con el avance en derechos. Quien no lo esté, no tiene cabida en este grupo ministerial”, afirmaba, para acabar zanjando la cuestión con una especie de compromiso: “Si se produce cualquier ataque a las líneas rojas de este Ministerio, lo tendremos en cuenta”.
Lo cuenta Ana Requena.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado un plan de inserción laboral para las personas trans que el departamento coordinará con el ministerio de Trabajo y los sindicatos mayoritarios.
Esa será una de las líneas de trabajo del ministerio que Redondo ha avanzado esta tarde en su primera comparecencia en el Congreso. La ministra ha asegurado que la prioridad será renovar y reforzar el Pacto de Estado contra la violencia machista y seguir avanzando en la aplicación de las leyes aprobadas durante la anterior legislatura. Por ejemplo, Redondo ha señalado que trabajarán con Sanidad para poner en marcha un plan de cribado universal que permita a la atención primaria convertirse en un “espacio de detección precoz” de la violencia machista. También abrir unidades de valoración forense integral en todas las comunidades autónomas y reforzar la presencia de abogados de guardia en todos los partidos judiciales. Redondo ha mencionado medidas ya anunciadas, como el plan para proteger a los menores de la pornografía, el Pacto de Estado contra los discursos de odio contra colectivos vulnerables o la aprobación de la ley de paridad.
Informa Ana Requena
El Pleno del Senado ha aprobado este jueces la reforma del artículo 49 que cambia la palabra “disminuido” por “personas con discapacidad” por 249 votos a favor y solo tres en contra, los de la extrema derecha. Ahora se abre un periodo de 15 días en el que los miembros de las Cortes Generales podrán requerir la celebración de un referéndum para la ratificación de esta reforma constitucional, aunque todo apunta a que no ocurrirá ya que hace falta un 10% de diputados o senadores, y Vox no alcanza este número. Se confirma así la tercera reforma de la Carta Magna desde su aprobación en 1978.
“En Guatemala vimos en la práctica lo que ahora llamamos 'lawfare', eso era 'lawfare' de verdad; cómo las instancias del Poder Judicial se movilizaban como un poder autónomo, no sometido a una soberanía política que reside en los electores, para evitar la investidura de un presidente democráticamente electo” [en referencia a las maniobras contra Bernardo Arévalo]. Son las palabras de Josep Borrell en un seminario sobre América Latina en el Parlamento Europeo en el que no ha aludido específicamente al asunto en España, pero ha hecho esa alusión al 'lawfare' que figura en el acuerdo de los socialistas y Junts.
Borrell ha eludido en buena medida pronunciarse sobre ese tema, así como la amnistía, pero sí dejó clara su distancia con el paso dado por Pedro Sánchez sobre el que expresó “bastantes preocupaciones”. “Todos los que me conocen en España y saben mi trayectoria personal y política previa pueden imaginar lo que pienso”, dijo en noviembre el político catalán, que fue uno de los socialistas que más se implicó contra el procés, participando incluso en las movilizaciones de Sociedad Civil Catalana.
Informa Irene Castro
Paradores cerró el año 2023 con récord de ingresos y de beneficios. La compañía estatal ganó 25 millones de euros en el último año, según ha afirmado su presidenta, la ex ministra de Transportes, Raquel Sánchez, en Fitur. En cuanto a su facturación, se situó en 328 millones.
“Son las cifras más altas de la historia de Paradores, pero no nos conformamos con eso y queremos ir a más, somos ambiciosos y este año 2024 vamos a trabajar para que esas cifras sean todavía mejores”, aseguró Sánchez.
La compañía pública invertirá 90 millones de euros para actuaciones en 39 establecimientos con fondos del Plan de Recuperación. La ocupación de la red de establecimientos se situó en el 71%, cuatro puntos más que en 2022.
Informa Cristina G. Bolinches
El senador socialista Juan Ramón Amores García, con discapacidad y enfermo de ELA, ha destacado en el debate en el Senado que aprueba de forma definitiva la reforma de la Constitución para eliminar 'disminuidos' la obligación de legislar para conseguir la igualdad real de todos, y ha recordado que de un día para otro puede cambiarnos la vida.
“Yo también me creía invencible y no veía la discapacidad como la veo hoy”, ha explicado el senador y alcalde de La Roda (Albacete), al que diagnosticaron la enfermedad hace ocho años. “Algún día la vida puede dar un giro total, cambiar en un momento y por eso nuestra obligación es adelantarnos y legislar para conseguir la igualdad real de todos los españoles, tengan la capacidad que tengan”, ha aseverado en la tribuna de la Cámara Alta.
Amores García ha destacado que “por accidentes, enfermedades o simplemente el paso de los años se pierde la capacidad” y en esa situación se pueden encontrar con muros en el acceso a una institución pública, en un restaurante que no tiene baño adaptado o una acera que le impide transitar con libertad. “Es el momento de pedirles una cosa: no neguemos a nadie la oportunidad de encontrar su pensamiento y la posibilidad de comunicarse”, ha añadido.
Bankinter ha sido el primer banco español en presentar sus resultados de 2023. Como se esperaba, el ejercicio ha cerrado con unas ganancias de 845 millones, un 51% más que el año anterior, y el mayor registro de su historia. Con los resultados presentados este jueves, la entidad que a partir de ahora presidirá María Dolores Dancausa abonará entre 90 y 100 millones de euros por el impuesto al sector.
Un tributo que ha vuelto a ser criticado por la directiva, que ha tenido hoy su última rueda de prensa como consejera delegada del banco. “No creo en los beneficios extraordinarios. Los tipos han estado altos el año pasado, pero antes han estado en negativo y no nos redujeron los impuestos”, ha asegurado.
Dancausa ha confiado en que el nuevo ministro de Economía, Carlos Cuerpo, reconsidere el mantenimiento del impuesto aprobado recientemente en el Congreso. “Yo creo que no hay justificación para volver a cambiar lo que ya estaba establecido. Es muy importante que lo que se diga, se cumpla. Cuando lo que se dice no vale nada, se genera inestabilidad, que no es buena para ningún negocio”, ha subrayado.
Informa Diego Larrouy
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha ironizado con que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, critique la Ley de Vivienda y no aplique las medidas de control de precios después de asegurar que no se podía comprar un piso.
“Cuando no había entrado en vigor la Ley de Vivienda hace más de ocho meses”, Díaz Ayuso“ dijo ”estoy 'harta de pagar el alquiler. Tengo la ilusión de comprarme una casa pero en Madrid se ha disparado el precio de la vivienda'. Toma ya“, ha indicado Rodríguez durante su intervención en el Congreso para presentar las prioridades de su Ministerio. ”En junio de 2022 no había Ley de Vivienda y en Madrid no se podía comprar una vivienda la presidenta de la Comunidad que no debe de ser la peor pagada“, ha afirmado.
Informa Cristina G. Bolinches
La ministra de Ciencias y Universidades, Diana Morant, ha explicado este jueves que ha ofrecido a las Comunidades Autónomas participar de la cofinanciación de la ley de Universidades (LOSU), pese a que esta corresponde a los Gobiernos autonómicos.
Morant, que se ha reunido con los responsables regionales de Universidad en la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU), no ha concretado ninguna cifra, pero ha recordado que la LOSU tiene unos hitos de cumplimento (en cuanto a contratación de profesorado, etc.) que necesitan financiación con premura. La propia ley contempla que la financiación alcance el 1% del PIB en 2030 y el ministerio no quiere dejarlo todo para el último momento, ha explicado Morant. “Vamos a cambiar el sistema universitario de una vez por todas pero no todo de una”, ha repetido la ministra.
Así, la responsable de Universidades ha anunciado que se ha creado una comisión que incluye al ministerio, comunidades autónomas, sindicatos y las universidades (a través de la conferencia de rectores) para abordar estas cuestiones, y dentro de ella un grupo de trabajo negociará la cuestión económica a partir ya de la semana que viene, pues los plazos apuran, ha explicado Morant.
“Nos corresponde a todos hacer el ejercicio de apoyar a las universidades en la consecución de este [nuevo] modelo [que propugna la LOSU], que viene a reparar la época de recortes y acompañar con una carrera más estable y digna y para hacer desaparecer o amortiguar al menos la figura de falso asociado”, ha valorado la ministra.
Informa Daniel Sánchez Caballero
“No entro en especulaciones”. Es la respuesta de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, sobre si ofreció a Irene Montero la embajada de Chile, como afirmó esta misma semana la secretaria general de Podemos, Ione Belarra. La líder del partido aseguró que el Gobierno le trasladó esa oferta para “que saliera de España y dejara de dar problemas”.
Preguntada este jueves en una entrevista en Telecinco, Díaz ha evitado confirmar o desmentir esa información que se ha limitado a calificar de “especulaciones”. “En especulaciones no me van a encontrar; respeto al cuerpo diplomático de nuestro país”, ha dicho la líder de Sumar.
Informa Alberto Ortiz