Maestre acusa al PP de asumir “el discurso de odio y bulos de la extrema derecha” sobre la inmigración y Almeida la llama “hipócrita”

El Pleno del Tribunal de Cuentas ha acordado este lunes sancionar al PDeCAT y a Mès per Mallorca (integrado en Sumar) por haber aceptado donaciones finalistas prohibidas por la ley y recogidas en sus informes de fiscalización. También se ha multado a Nueva Canarias por no presentar en tiempo y forma sus memorias anuales.

En concreto, la coalición “Més Per Mallorca-PSM Entesa-Iniciativa Verds” ha sido sancionada “por la aceptación de donaciones finalistas, que están prohibidas por los artículos 4.2 y 5.1 de la Ley Orgánica de 2007 sobre financiación de los partidos políticos”. Según reseña la institución fiscalizadora, Mès ha reconocido los hechos y ha procedido al pago voluntario de la sanción.

Por la misma irregularidad se ha sancionado al Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT), formación independentista surgida desde la antigua Convergència y que tienen anunciada su disolución tras no obtener representación ni en el Parlament ni en el Congreso.

En cuanto a Nueva Canarias, se le ha impuesto sanción por no haber remitido en plazo las cuentas anuales de los ejercicios 2020 y 2021, por falta al deber de colaboración con el Tribunal de Cuentas en la fiscalización de las cuentas anuales de los ejercicios 2018 y 2019, y por la falta de un sistema de auditoría o control interno en el ejercicio 2020.

Este control interno es obligatorio, según lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Financiación de Partidos, y su incumplimiento ya motivó su exclusión del registro de partidos políticos que gestiona el Ministerio del Interior. El Tribunal de Cuentas informa de que NC también ha reconocido los hechos y ha pagado la sanción en el periodo voluntario.

Las resoluciones adoptadas por el Pleno de la institución que preside Enriqueta Chicano son ya firmes en el ámbito contable, pero son susceptibles de recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo.

Informa Europa Press.

El magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha decidido prorrogar durante seis meses más la causa de Tsunami Democràtic, que investiga como posible terrorismo las protestas masivas contra la sentencia del procés en Catalunya. El juez explica que todavía hay diligencias pendientes de resolver, como por ejemplo tomar declaración en Francia a los familiares del fallecido por infarto en el aeropuerto de Barcelona durante las protestas. 

García Castellón, en esta resolución, insiste en su acusación de terrorismo. “Fue fruto de una planificación efectuada por diferentes personas para la ejecución de acciones de gran envergadura, con vocación de permanencia, capaces de movilizar una masa de personas de modo que comprometieran la estabilidad económica, social, empresarial e institucional de España”, explica.

Informa Alberto Pozas.

García Castellón encuentra ahora un plan fallido de Tsunami para “actuar” durante una visita del rey a Catalunya en 2020

Sumar ha enviado un documento al Partido Socialista con una serie de propuestas para empezar a negociar los Presupuestos Generales del Estado. Entre las políticas que la coalición de Yolanda Díaz quiere sacar adelante está la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad hasta las 20 semanas y remunerar el parental al menos hasta las cuatro primeras semanas.

También han pedido a los socialistas incluir en las nuevas cuentas públicas una prestación universal de 100€ al mes por hijo a cargo y el aumento de la inversión para dependencia. “Necesitamos unos presupuestos ambiciosos, liderar también Europa con recetas de políticas sociales que marquen la pauta en el próximo ciclo europeo”, ha defendido el portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en una rueda de prensa este lunes.

Las medidas incluidas en esa primera propuesta que ha detallado Urtasun tienen que ver con los cuidados y también con las políticas sanitarias. En este aspecto, han propuesto crear un fondo para reforzar el plan de listas de espera, con el objetivo de reducirlas según quedó acordado en el pacto de coalición y también la ampliación de servicios sanitarios de la cartera, con prioridad en la salud bucodental y visual.

Por Alberto Ortiz

La portavoz del PSOE, Esther Peña, ha dicho este lunes que su partido no está negociando con Junts y ERC incorporar la ley de amnistía las enmiendas que no se aceptaron en la Comisión de Justicia. El texto será votado este martes y, de ser aprobado, se enviará al Senado. Eso sí, Peña no ha cerrado totalmente la puerta a que finalmente haya un acuerdo.

“El documento es robusto y plenamente constitucional, impecable en su tramitación legislativa”, ha dicho Peña en rueda de prensa en la sede del PSOE. Peña ha dicho que “no hay sobre la mesa ningún cambio en la posición del PSOE”, pero ha añadido que aún hay tiempo hasta que mañana se produzca la votación definitiva.

En este sentido, Peña ha criticado la manifestación que el PP celebró este domingo en Madrid contra la ley de Amnistía, a quien ha acusado de estar en “un naufragio de ideas”. “Frente a este ruido, desde el PSOE reivindicamos la política de la templanza”, ha añadido.

Apenas dos días después de la celebración de la Asamblea General extraordinaria en la que Santiago Abascal ha sido reelegido por cuarta vez presidente de la formación, ha saltado la primera crisis en Vox. Ha sido en Balears en donde cinco diputados de los siete que componen el grupo parlamentario han expulsado del mismo a la presidenta del partido, Patricia de las Heras, y al presidente de la Cámara autonómica, Gabriel Le Senne.

Este lunes, el recién elegido vicepresidente único de Vox, Ignacio Garrriga, ha anunciado en rueda de prensa que propondrá al Comité de Garantías esta misma mañana “la expulsión inmediata” del partido de esos cinco diputados autonómicos que tomaron esa decisión “unilateralmente” sin contar con Madrid. Garriga con ello ha dejado claro que la nueva dirección nacional respalda a los dos dirigentes apartados de sus cargos por sus otros compañeros.

Por Carmen Moraga

El comisario de Justicia, Didier Reynders, ha recordado que la intención de Bruselas en la mediación para el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es “reformalo, no sólo renovarlo”. Así se ha pronunciado el responsable de la intermediación entre PSOE y PP para intentar salir del bloqueo que hay en el órgano de gobierno de los jueces desde 2018. Reynders confía, además, en el que el proceso dure menos de los dos meses que ha puesto como plazo máximo.

“En nuestro informe [sobre la situación del estado de derecho], como ocurre en otros Estados miembros, pedimos que se apliquen las normas europeas a la composición del Consejo General del Poder Judicial y, en España en particular, que el Consejo no sólo se renuve, sino que se reforme. Esta es la aplicación de las recomendaciones del informe sobre el Estado de Derecho”, ha dicho Reynders 48 horas antes de sentarse con Félix Bolaños y Esteban González Pons.

Bolaños aseguró que lo “urgente” es la renovación, en línea con lo que señala la Comisión en sus informes, en los que apuesta por renovar e “inmediatamente después” iniciar los trámites para cambiar el modelo. “Es urgente cumplir la ley y la Constitución. Una vez que hayamos renovado el CGPJ, que es lo urgente y lo imprescindible para que la Justicia funcione, a partir de ahí, por supuesto que podemos hablar de otros asuntos”, dijo Bolaños.

Por Irene Castro