Más Madrid ha presentado este lunes en la Asamblea de Madrid la solicitud para crear una comisión de investigación sobre los centros de Formación Profesional construidos sin concurso y con contratos fraccionados en la anterior legislatura, a los que se destinaron al menos ocho millones de euros de forma irregular. “Si el PP no tiene nada que temer, que dé la cara”, ha dicho la portavoz de la formación, Manuela Bergerot. El PP, que cuenta con mayoría absoluta en la cámara, ha enfriado las posibilidades de que dicha comisión eche a andar. Ya hay “muchos elementos de transparencia para auditar contratos”, ha contestado el portavoz del PP en el parlamento regional, Carlos Díaz-Pache.
La Comunidad de Madrid ha enviado a la fiscalía dos de los ocho contratos irregulares, destapados por elDiario.es, y destituyó a un subdirector de FP, pero el alcance de las irregularidades excedía de sus competencias en la Consejería de Educación, en una época en la que el responsable era Enrique Ossorio, hoy presidente de la cámara legislativa regional, y la actual consejera de Hacienda, Rocío Albert, era viceconsejera del mismo departamento. “Es sumamente inquietante para quienes nos preocupamos por la limpieza de las finanzas públicas madrileñas”, ha dicho Bergerot. El PSOE ya había anticipado su intención de investigar los contratos en el debate sobre el estado de la región.
Por Víctor Honorato
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha trasladado este lunes que las tropas españolas desplegadas en el marco de la misión de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) le han transmitido “tranquilidad” y están con “la moral alta” tras el ataque de Israel que ha dejado más de 274 muertos y más de un millar de heridos.
Robles ha calificado la situación de “absolutamente preocupante y dramática”, al tiempo que ha hecho un llamamiento al fin de la violencia. Más de 650 militares españoles desplegados con la FINUL se dedican a patrullar el sur de Líbano en la denominada 'línea azul', en la frontera entre ambos países, para vigilar el cese de hostilidades entre las dos partes.
La ministra ha precisado que habla “prácticamente a diario” con el jefe del contingente, el general Guillermo Pablo García del Barrio, y que esta jornada le ha trasladado que los militares se encuentran en los búnkeres porque Israel ha respetado la costumbre de avisar cuando va a atacar. Robles ha insistido en que las tropas españolas toman “todas las medidas de seguridad y precaución”, aunque ha recalcado que, dada la situación, “nadie está a salvo”. No obstante, subraya que los militares españoles tienen “la moral alta” y “siempre” le transmiten “tranquilidad”.
Con información de Europa Press
La Audiencia Nacional ha acordado dejar en libertad con medidas cautelares de las dos mujeres que fueron repatriadas desde Siria junto a sus hijos en enero de 2023 y quienes se encontraban procesadas y en prisión a la espera de juicio por un delito de integración en la organización terrorista ISIS.
Los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal han estimado la solicitud de la Fiscalía y de la defensa de las dos mujeres durante la vista celebrada esta mañana en la que se debía decidir si se prorrogaba la prisión provisional más allá de dos años a la espera de juicio. La AVT se posicionó en contra de la excarcelación.
Las resoluciones consideran que procede la libertad dado el “tiempo transcurrido” desde que se dictó la prisión provisional y al tener en cuenta que las circunstancias que en su día llevaron al juez de instrucción a adoptar dicha medida han variado y que en la actualidad no se aprecia riesgo de fuga en las procesadas.
Por Elena Herrera
El Tribunal Supremo ha rechazado la petición de Iustitia Europa, una de las organizaciones que ejercen la acusación popular contra Begoña Gómez, de suspender de forma urgente el pleno en el que mañana el Constitucional analizará los detalles de varios recursos contra la ley de amnistía.
Los jueces, que todavía tienen pendiente decidir si admiten o rechaza la querella que este partido ha presentado contra Cándido Conde-Pumpido, presidente del Constitucional, desestiman por el momento esa petición de medidas cautelares. “No ha lugar al no concurrir los presupuestos que legitiman la adopción de una medida cautelar de esta naturaleza”, explica la Sala de lo Penal.
Informa Alberto Pozas
La diputada de Podemos, Ione Belarra, ha intentado, sin éxito, visitar la sala de inadmitidos de Barajas para comprobar de primera mano la situación de los solicitantes de asilo saharauis atrapados en el aeropuerto desde hace varias semanas, después de que algunos de ellos iniciasen una huelga de hambre este fin de semana.
Después de que Interior haya confirmado que devolverá a diez de este grupo de saharauis, Belarra ha mostrado su preocupación ante las circunstancias de los activistas y ha pedido que se garantice su protección. “Es insoportable la situación demás de 30 activistas saharauis que llevan varios días retenidos. En concreto denuncia la situación de una niña de un año y medio que no ha recibido atención médica y su madre que ha sufrido un aborto en los últimos días. Es una vergüenza democrática que estas personas no estén recibiendo asistencia médica”, ha declarado la parlamentaria.
“Estoy aquí para denunciar la hipocresía del Gobierno de Pedro Sánchez que mandó un avión de las fuerzas armadas para recoger a un ultraderechista violento y peligroso de Venezuela y es incapaz de atender las solicitudes de asilo de activistas saharauis cuya vida corre peligro”, ha añadido. “Nadie denuncia que Marruecos es una dictadura, nadie denuncia las vulneraciones de derechos humanos y eso tiene un nombre: hipocresía”.
Informa Gabriela Sánchez.
El Constitucional ha decidido admitir a trámite el recurso de Alfonso 'Fonsi' Loaiza contra su condena por afirmar en 2018 que la Policía Municipal de Madrid había asesinado al joven senegalés Mame Mbaye, mantero fallecido en las calles de Lavapiés por una patología cardíaca mientras huía de los agentes. La sala segunda del tribunal, con el voto en contra del conservador Enrique Arnaldo, acepta estudiar las alegaciones del comunicador contra su multa de 2.100 euros impuesta por un delito de injurias graves al cuerpo policial.
Mbaye se desplomó en la calle del Oso de Lavapiés el 15 de marzo de 2018 mientras huía a la carrera de varios agentes de la Policía Municipal en una persecución contra varios manteros que había arrancado en la Puerta del Sol. La investigación reveló que el joven senegalés padecía una dolencia cardiaca y los tribunales descartaron la implicación de la Policía en su muerte.
Loaiza escribió varios comentarios al respecto en su cuenta de Twitter -hoy X- donde entonces tenía más de 56.000 seguidores: “La policía lo ha asesinado. Para el Estado no era un ser humano”, dijo el comunicador. Tanto su mensaje como los comentarios de otras personas, como el Malick Gueye, del Sindicato de Manteros, fueron llevados a los tribunales. Gueye fue absuelto pero los jueces consideraron a Loaiza culpable de un delito de injurias graves a la Policía.
Por Alberto Pozas
La portavoz de Más Madrid, Tesh Sidi, preguntará en el Congreso al Gobierno de Pedro Sánchez por los activistas saharauis que habían solicitado asilo internacional en el aeropuerto de Barajas y que finalmente serán trasladados a Marruecos tras denegarles la entrada en España. En el documento remitido a las cortes, Sumar asegura que los activistas han sido “retenidos durante semanas en condiciones que denuncian como insalubres” y pide al Ministerio del Interior poder reunirse con los activistas.
La formación liderada por Yolanda Díaz quiere conocer por qué se ha denegado el asilo a cada uno de los activistas, qué medidas está tomando Interior para asegurar que se respetan los derechos humanos de los solicitantes de asilo o, entre otras cuestiones, cómo responde el Ejecutivo a las denuncias sobre las condiciones insalubres que denuncian los activistas retenidos en el aeropuerto.
Finalmente, Sumar también quiere que el Gobierno revele a cuantas personas procedentes del Sáhara Occidental se les ha denegado asilo en nuestro país desde el año 2022.
Por Cristina F. Pereda
La portavoz del PSOE, Esther Peña, no ha ahorrado este lunes en descalificativos hacia el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, durante su rueda de prensa posterior a la Ejecutiva socialista. “Se ha convertido en ese cuñado cenizo, tristón, con un punto de amargura que cada vez que te ve te dice que la vida da asco. Es de los típicos que te minan la moral. No te da una buena noticia ni por equivocación”, ha dicho.
Peña ha arremetido contra Feijóo por imponer en las filas populares el voto en contra a la senda de estabilidad que se vota este jueves. “El líder menguante que es Feijóo ya solo trabaja para él”, ha comentado, antes de añadir: “No tiene discurso ni fondo de armario para llegar cada día a las tres de la tarde”.
Por José Enrique Monrosi
El ex subsecretario de Transportes Jesús Manuel Gómez García ha señalado este lunes en su declaración como investigado en la Audiencia Nacional que fue Koldo García, el exasesor del exministro José Luis Ábalos, quien le dio la oferta de Soluciones de Gestión —empresa vinculada a la presunta trama— para la adquisición de mascarillas en plena pandemia de coronavirus. Según fuentes jurídicas presentes en su declaración como investigado, ha señalado además que, dado que Koldo García era el asesor de Ábalos, entendía que su palabra era como la del ministro. Gómez García fue uno de los altos cargos del departamento cesados por el actual ministro, Óscar Puente.
Con todo, ha subrayado que no recibió indicación especial para contratar con esa empresa en concreto, ni le transmitieron desde instancias superiores que tuviera que ser la elegida para la adquisición de mascarillas: 8 millones de unidades por 20 millones de euros. Por otro lado, Gómez ha aseverado que cuando el exasesor ministerial le pasó la oferta de Soluciones de Gestión, él encargó un estudio de solvencia sobre la misma y ordenó tanto a Puertos del Estado como a Adif que también hicieran sus estudios pertinentes.
Con información de Europa Press
Más Madrid ha presentado este lunes en la Asamblea de Madrid la solicitud para crear una comisión de investigación sobre los centros de Formación Profesional construidos sin concurso y con contratos fraccionados en la anterior legislatura, a los que se destinaron al menos ocho millones de euros de forma irregular. “Si el PP no tiene nada que temer, que dé la cara”, ha dicho la portavoz de la formación, Manuela Bergerot. El PP, que cuenta con mayoría absoluta en la cámara, ha enfriado las posibilidades de que dicha comisión eche a andar. Ya hay “muchos elementos de transparencia para auditar contratos”, ha contestado el portavoz del PP en el parlamento regional, Carlos Díaz-Pache.
La Comunidad de Madrid ha enviado a la fiscalía dos de los ocho contratos irregulares, destapados por elDiario.es, y destituyó a un subdirector de FP, pero el alcance de las irregularidades excedía de sus competencias en la Consejería de Educación, en una época en la que el responsable era Enrique Ossorio, hoy presidente de la cámara legislativa regional, y la actual consejera de Hacienda, Rocío Albert, era viceconsejera del mismo departamento. “Es sumamente inquietante para quienes nos preocupamos por la limpieza de las finanzas públicas madrileñas”, ha dicho Bergerot. El PSOE ya había anticipado su intención de investigar los contratos en el debate sobre el estado de la región.
Por Víctor Honorato
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con la Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado que la petición de la Abogacía del Estado de apartar al magistrado conservador José María Macías de las deliberaciones que tengan que ver con la ley de amnistía en el Tribunal Constitucional tiene que con las “causas legales” que establece la ley y “obedece a criterios técnicos”. Así se ha pronunciado Bolaños en declaraciones a los medios este lunes antes de participar en unas jornadas en Madrid sobre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El escrito de la Abogacía del Estado considera que Macías no es imparcial para participar en esas decisiones. El motivo de la recusación se centra en el informe que suscribió en marzo de 2024, cuando era vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y que consideró que la ley de olvido penal del procés era inconstitucional.
Por Elena Herrera