¡Buenos días! Comienza una semana que va a continuar estando marcada por las protestas en la sanidad y por las discrepancias en política por la reforma del delito de sedición y los posibles cambios en el de malversación. Pero antes, te dejamos unos temas de la edición de este miércoles de elDiario.es:
-INVESTIGACIÓN | La alcaldesa de Marbella acumula más de 12 millones en patrimonio después de tres décadas en política: Ángeles Muñoz no ha dejado de adquirir empresas y propiedades desde que está en política. En la actualidad su patrimonio supera los 12 millones de euros. La también senadora dejó de ejercer como médico de familia en 1994.
-Expertos advierten de “una epidemia de cáncer” en Europa si no se invierte más:un grupo de expertos de la revista The Lancet ha expresado que en los últimos años se han dejado de diagnosticar un millón de casos de cáncer en todo el continente europeo. Durante la pandemia, advierte el estudio, se han dejado de hacer cien millones de pruebas.
-Médicos, pediatras y enfermeras amenazan con prolongar las protestas por la gestión sanitaria de Ayuso: los sanitarios amenazan con extender sus protestas contra la gestión sanitaria de Ayuso. El próximo lunes está previsto que se unan a los paros los médicos de familia también de forma indefinida. Mientras la consejería de Sanidad insiste en que no hay médicos para contratar, desde Amyts piden que se mejoren las condiciones laborales.
-La reforma de la malversación genera discrepancias entre los socios del Gobierno:la posible reforma del delito de malversación ha dado lugar a discrepancias en la mayoría progresista del Congreso. Varios socios del Ejecutivo muestran recelos a la hora de adaptarlo al mirarlo desde el punto de vista de la corrupción.
-La exdelegada del Gobierno en Ceuta investigada por la expulsión de menores apunta a Interior: “Me llegaban órdenes”: en su declaración el pasado 5 de octubre en un juzgado ceutí, Salvadora Mateos admitió no haber tomado apenas decisiones en la puesta en marcha del operativo de la tragedia de Melilla del pasado 24 de junio. Acabó admitiendo haber recibido órdenes.
Antes de cerrar, te dejamos un repaso de los temas que han marcado la actualidad de este miércoles:
La jueza archiva la denuncia de López Madrid contra la doctora Pinto y pone “en duda” la labor de la Policía. Ocho años después de que el poderoso empresario denunciara a la doctora Elisa Pinto, en respuesta al acoso que ella había denunciado antes, una jueza de Madrid ha archivado la causa contra la mujer, quien había permanecido imputada hasta ahora.
El sector conservador del Poder Judicial persiste en el bloqueo a la renovación del Constitucional. El tiempo pasa y el acuerdo sigue sin llegar. Lo impide la mayoría conservadora del CGPJ en funciones, a pesar de que en la cita de hace dos semanas se comprometieron a hacer un esfuerzo para buscar aspirantes y poder llegar al pleno de la semana que viene con dos nombres encima de la mesa.
Sánchez esperará a que los tribunales “unifiquen doctrina” para estudiar si cambia la ley del “solo sí es sí”. El presidente del Gobierno ha explicado que corresponde “a los tribunales, a la Fiscalía, el unificar esa doctrina” para extraer conclusiones, si bien ha expresado su confianza en la “sensibilidad” de los jueces.
En el terreno internacional, la OTAN ha descartado que el misil caído en territorio polaco fuera lanzado por Rusia y apunta a las defensas aéreas ucranianas. Los primeros datos de la investigación sostienen que la explosión que causó dos muertos en Polonia no fue provocada por un ataque procedente de Rusia.
Esto es todo. ¡Hasta mañana!
La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha evitado este miércoles respaldar una reforma de la ley del 'solo sí es sí' para poner fin a las rebajas de penas que algunos jueces han aplicado a agresores sexuales aplicando la citada normativa. En una entrevista en la Cadena Ser, Montero ha repetido una y otra vez que el problema es que “hay una mala interpretación de la ley” por parte de esos tribunales.
“Si hay un juez que no entiende que hay una clara vulnerabilidad de la víctima y una superioridad del agresor, tenemos un problema, porque los estereotipos generan injustica. Hace falta justicia especializada para que se juzgue con perspectiva de género”, ha asegurado. Además, la ministra ha considerado que durante la elaboración de la ley “se valoró la necesidad de modificar algunos elementos” y “nadie lo vio necesario”.
No obstante, Montero ha afirmado que “como en todo cambio profundo del Código Penal, hay un periodo de transición en el que se producen desajustes” por lo que ha afirmado que “es el turno de los operadores judiciales para que puedan unificar criterios”. “Si yo creyese que hay un error, sería la primera en reconocerlo”, ha concluido.
La Unión Progresista de Fiscales ha tildado de “inadmisibles” y “descalificaciones genéricas” las declaraciones realizadas por la ministra de Igualdad, Irene Montero, quien ha achacado las rebajas de penas a agresores sexuales conocidas esta semana a que “hay jueces que están incumpliendo la ley” del 'solo sí es sí' al aplicar “de forma errónea” la norma.
La organización ha recordado en un comunicado publicado en las redes sociales que el trabajo de revisión a realizar por jueces y fiscales se hace con “escrupuloso respeto” a las garantías del procedimiento y a la ley aprobada en el Parlamento.
El martes Moncloa abrió la puerta a hacer cambios en la mencionada ley tras las recientes sentencias que han rebajado las condenas por abusos sexuales basándose en la nueva legislación con el objetivo de que no se produzcan fallos similares.
Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado más cauto y ha apostado por esperar antes de decidir “qué pasos dar”. “Corresponde a los tribunales, a la Fiscalía, el unificar esa doctrina. Esperemos a que los tribunales unifiquen la doctrina para extraer conclusiones”, ha explicado desde Bali al acabar la cumbre del G-20.
La portavoz de ERC en la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género del Congreso, Pilar Vallugera, ha denunciado este miércoles las interpretaciones realizadas en los últimos días por distintos tribunales rebajando penas a agresores sexuales basándose en la nueva ley del 'solo sí es sí'.
“Sabemos que todas las interpretaciones en sede judicial, en general con honrosas excepciones, suelen ser contra la víctima cuando se trata de violencia de género”, ha asegurado Vallugera en la citada comisión. Previamente, la misma diputada había asegurado, no obstante, que en las enmiendas registradas por su grupo a la mencionada ley se recogió “lo que decían las mujeres juristas que advertían que podía ocurrir”. “La respuesta que nos dieron [desde Igualdad y Unidas Podemos] es que era imposible porque había jurisprudencia del supremo que lo impedía. Pero ha pasado”, ha concluido.
Escribe José Enrique Monrosi.
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha evitado pronunciarse sobre las críticas realizadas por Podemos a los jueces que en estos últimos días han rebajado las penas a condenados por abusos sexuales al aplicar la pena mínima de la nueva ley del 'solo sí es sí'. Sin embargo, fuentes de su departamento han indicado que “toca ser prudentes” y “analizar” el recorrido judicial de la norma.
“El objetivo y el espíritu de esta ley (de garantía integral de la libertad sexual) siempre ha estado claro. Tenemos que analizar el recorrido judicial para sacar las conclusiones más adecuadas para cumplir con su objetivo: garantizar los derechos y las libertades de todas las mujeres”, han señalado esta tarde.
Esta opinión se aproxima más a la postura expresada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha apostado por esperar antes de decidir “qué pasos dar”. “Corresponde a los tribunales, a la Fiscalía, el unificar esa doctrina. Esperemos a que los tribunales unifiquen la doctrina para extraer conclusiones”, ha explicado desde Indonesia después de que Moncloa se mostrara ayer dispuesta a abrir la puerta a hacer cambios en la mencionada ley.
Por su parte, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha insistido en que el problema reside en los jueces que interpretan la norma y no en la ley en sí misma.
Indra ha iniciado los trámites para llevar a cabo un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a 70 trabajadores del centro de Sant Joan Despí, en Barcelona.
Según han explicado fuentes de CCOO, el viernes pasado la compañía se dirigió al comité de empresa de Sant Joan Despí para pedir que se constituyera la mesa de negociación en torno al ERE.
El expediente afecta concretamente la división de Indra Business Process Outsourcing (BPO) y el motivo de la empresa para tomar la medida se debe a la pérdida de un contrato tenían con Naturgy y que ahora es de IBM.
Inicialmente, esta división contaba con 800 trabajadores que se han ido recolocando en otros proyectos a medida que este perdía capacidad.
De este modo, CCOO ha mostrado su rechazo al expediente, ya que considera que la compañía “tiene que tener capacidad y proyectos donde pueda meter” a los 70 trabajadores afectados.
Fuentes cercanas al proceso han recalcado que no se trata de un ERE a nivel estatal, y explican que el caso se encuentra en el inicio de las negociaciones, en las que pueden surgir “alternativas para rebajar los despidos”.
Informa Europa Press.
El PSOE ha pedido a la Audiencia Nacional que condene al exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados y al exgerente del PP en la región Beltrán Gutiérrez a 26 y 17 años de cárcel, respectivamente, por la existencia de una caja b en el partido regional, con la que se habrían financiado parcialmente las elecciones de 2007, 2008 y 2011.
En un escrito dirigido al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, y al que ha tenido acceso Europa Press, la formación solicita la apertura de juicio oral contra Granados, Gutiérrez y contra otros seis acusados, además de las personas jurídicas EICO Reputación y MADIVA Editorial.
Los socialistas piden condenar a Granados y Gutiérrez por delitos electorales, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude a las administraciones públicas y falsificación. A Granados, además, también le acusan de un delito de cohecho y de otro de tráfico de influencias relacionados con los trabajos de reputación.
Asimismo, el PSOE insta a que se declare “partícipe a título lucrativo y por los importes que se señale en sentencia a los 72 diputados autonómicos del Partido Popular que resultaron electos tras la celebración de las elecciones” de los citados años, pues a juicio del PSOE “sus candidaturas se vieron igualmente beneficiadas del exceso de gasto electoral y su ocultación”.
Este escrito de la formación liderada por Pedro Sánchez llega después de que el instructor dictase el auto de procesamiento de esta pieza separada número 9 de la macrocausa 'Púnica'. Entonces, el magistrado acordó levantar las imputaciones que pesaban sobre la ex presidenta madrileña Esperanza Aguirre y su sucesor Ignacio González, procesando a Granados como el presunto cabecilla de la trama.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha manifestado que el Gobierno va a impulsar las actuaciones que permitan que la ley de garantía integral de la libertad sexual, conocida como ley del 'solo sí es sí', cumpla su objetivo de proteger a las víctimas de agresión y endurezca las penas y sanciones, en lugar de rebajarlas como ya ha ocurrido en algunos casos desde su entrada en vigor.
Preguntada por la posibilidad de reformar esta ley, Montero, que ya habló ayer sobre el mismo asunto y se mostró abierta a “estudiar” la norma para evitar esas rebajas, ha respondido hoy que, aunque a veces se buscan respuestas “muy rápidas”, “en política las cuestiones hay que estudiarlas con mucho rigor”.
Así, ha abogado de momento por leer “con detenimiento” y ver en qué artículos se fundamentan las sentencias en las que, tras la aprobación de esta ley --impulsada por la ministra de Igualdad, Irene Montero--, los tribunales han rebajado las penas de prisión a condenados por abusos sexuales a menores, porque el objetivo era “todo lo contrario”.
“Lo que persigue es justamente ser capaces de endurecer las sanciones y penas que tienen que ver con las agresiones sobre mujeres y menores”, ha dicho, aludiendo especialmente al objetivo que tiene la ley de condenar “todo aquello que pudiera ser interpretativo” en torno al consentimiento de las relaciones sexuales.
Con información de Europa Press.
La asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia ha considerado “muy desafortunadas e inapropiadas” las declaraciones realizadas por el Ministerio de Igualdad sobre la ley del 'solo sí es sí' tras las rebajas de penas a condenados por abusos sexuales conocidas esta semana, ya que la cartera dirigida por Irene Montero considera que el problema reside en los jueces que interpretan la norma y no en la ley en sí misma. “El machismo puede hacer que haya jueces que apliquen de forma defectuosa una ley y que la apliquen de forma errónea”, ha insistido Montero.
La asociación de magistrados señala en un comunicado que “la reforma de las penas con las que se castigan algunos delitos conlleva la necesidad de revisar sentencias por exigencia de principios constitucionales”, tal y como ya advirtió, recuerda, el propio Consejo General del Poder Judicial en el informe preceptivo que antecedió a la aprobación de esa Ley Orgánica.
En ese informe el CGPJ explicaba que el cuadro penológico contemplado para los delitos de agresiones sexuales suponía “una reducción del límite máximo de algunas penas”. Este mismo miércoles el órgano de gobierno de los jueces ha afirmado que las rebajas de penas son consecuencia de la “aplicación estricta” de la nueva norma por parte de los tribunales.
“Que desde el Ministerio de Igualdad no se haya alcanzado a prever esa consecuencia no justifica que se arremeta contra los jueces y juezas tachando sus decisiones como 'justicia machista' o considerando que se trata de una aplicación defectuosa de la ley, manifestaciones que, además de desafortunadas e injustas, cuestionan la credibilidad del sistema que tiene por objeto la protección de víctimas de los delitos sexuales y obstaculizan la necesaria confianza que en el mismo se debe promover”, sostiene Juezas y Jueces para la Democracia.
Hacemos un pequeño parón en la narración de la actualidad política de este miércoles para traerte algunos de los temas que está dejando la jornada:
-Sánchez esperará a que los tribunales “unifiquen doctrina” para estudiar si cambia la ley del “solo sí es sí”: el Gobierno ha abierto la puerta a cambios en la ley del “solo sí es sí” después de que haya habido rebaja de condena a abusadores al interpretar la nueva norma. Sánchez ha apostado este miércoles por esperar a que se pronuncie la Justicia y así ver “qué pasos dar”.
-La Justicia fuerza por primera vez a repetir un juicio del procés por falta de imparcialidad de los magistrados: el Tribunal Supremo ha ordenado repetir uno de los juicios porque asegura que los magistrados que intervinieron dejaron “píldoras” en otras resoluciones que habían hecho anteriormente y que dejaban ver que, según ellos, eran culpables antes de sentarse en el banquillo.
-Delegación de Gobierno autoriza un homenaje de Falange a Primo de Rivera en Madrid por el 20N: la Delegación del Gobierno ha autorizado los actos que la Falange ha programado para homenajear a Primo de Rivera este domingo en Madrid. La formación hará un acto el sábado 19 en el número 24 de la calle Génova. Posteriormente habrá una manifestación hasta Moncloa y una marcha nocturna que terminará la mañana del 20N en el exterior del recinto del Valle de Cuelgamuros, donde aún permanece enterrado.
-Primera querella por torturas contra policías franquistas tras la aprobación de la Ley de Memoria: desde la aprobación de la Ley de Memoria, por primera vez uno de los represaliados ha ido a los tribunales con una querella contra seis de los policías que lo torturaron. Varias entidades han iniciado una campaña para que la comisaría de Via Laietana de Barcelona sea un espacio de recuerdo de la represión de la dictadura.
-Un exmilitar acepta indemnizar con 20.000 euros a la víctima de 'la manada' por difundir sus datos: un exmilitar de Barcelona acusado de difundir en una web datos personales de la víctima de la manada, fotografías suyas o imágenes de la violación ha aceptado indemnizarla con 20.000 euros.