La Físcalía pide 31 años y medio de prisión para Sito Miñanco y 9 años y 9 meses para Gonzalo Boye

Antes de cerrar, te dejamos un repaso de los temas que han marcado la actualidad de este martes:

Una nueva investigación periodística constata que al menos una persona murió en suelo español durante la tragedia de Melilla. Una investigación del consorcio de Lighthouse Reports ha señalado que hubo al menos un muerto en el lado español de la frontera el pasado 24 de junio, lo que cuestiona la versión oficial del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

La ley de salud sexual y reproductiva impedirá a los médicos objetores formar parte de los comités que autorizan abortos tras la semana 22. La reforma de la ley de salud sexual y reproductiva está prácticamente cerrada tras ser respaldada por la Comisión de Igualdad con la oposición de PP, Vox y Ciudadanos y tras la incorporación de algunos cambios.

Los audios del Vaticano: el cardenal acusado de corrupción intentó implicar al Papa grabando una conversación privada. Angelo Becciu grabó una charla telefónica con Francisco en la que quiso involucrarlo en los pagos con fondos de la Secretaría de Estado que lo han llevado al banquillo.

Sánchez elige al exministro Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez para renovar el Constitucional. Se trata de los dos magistrados que le corresponde proponer al Gobierno para el Tribunal Constitucional, una decisión criticada tanto por sus socios de coalición como por la oposición.

Esto es todo. ¡Hasta mañana!

El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha defendido que el Gobierno ha actuado con “total transparencia” respecto a la tragedia de Melilla, en la que el pasado 24 de junio murieron al menos 23 migrantes, y ha insistido en que no hubo muertos del lado español. Sus palabras se producen después de que este martes una nueva investigación, realizada por el consorcio de periodistas Lighthouse Reports, haya constatado que hubo al menos un fallecido en el lado español de la frontera.

“Todo mi respeto a la investigación periodística, pero el Gobierno ha entregado las imágenes que forman parte de ese vídeo tanto a diputados, como al Defensor del Pueblo y a la Fiscalía. Lo importante es que el Gobierno ha actuado con total transparencia y el ministro del Interior [Fernando Grande- Marlaska] vuelve a comparecer mañana para explicar de nuevo lo que ocurrió”, ha señalado Bolaños en una entrevista en la Cadena Ser. “Decimos que no hubo muertos [en el lado español]. Vamos a dejar que las investigaciones de la Fiscalía y el Defensor del Pueblo terminen”, ha zanjado.

El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha vuelto a defender la idoneidad de los dos candidatos del Gobierno al Tribunal Constitucional -el exministro Juan Carlos Campo y a la ex directora general del Ministerio de Presidencia Laura Díez- y ha estimado que el Pleno del Constitucional lo debería avalar “en el plazo de una semana”.

“Por supuesto que habría otros candidatos idóneos, claro que hemos buscado y hemos visto otros perfiles, y creemos que estos -en referencia a los de Campo y Díez- son idóneos por su trayectoria, por su conocimiento del derecho y por haber sido servidores públicos durante toda su vida”, ha indicado Bolaños en una entrevista en la Cadena Ser. Según la ley, ha recordado, el Constitucional debe verificar “que sean españoles, juristas y que tengan una trayectoria de más de 15 años de experiencia”, requisitos que “cumplen de sobra y, por tanto, el Constitucional tendrá que nombrarlos”, ha insistido.

Bolaños ha explicado que “normalmente el Constitucional tarda una semana” en dar su visto bueno a los candidatos, y ha instado al Consejo General del Poder Judicial a que cumpla la ley.

Preguntado respecto a si Campo y Díez se abstendrán en ciertos procedimientos, el ministro ha dicho que se aplicarán las normas de abstención que procedan y, “si se deben abstenerse, lo harán”, ha precisado.

Tres de las cuatro asociaciones judiciales han criticado el perfil de los candidatos elegidos por el Gobierno para formar parte del Tribunal Constitucional al considerar que esta designación “deteriora” la “imagen de imparcialidad” de la institución. Juezas y Jueces para la Democracia, por el contrario, ha reivindicado la separación de poderes y ha mostrado su respeto hacia la decisión del Ejecutivo.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha defendido la idoneidad de sus dos candidatos al TC -el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y a la ex directora general del Ministerio de Presidencia Laura Díez- y se ha amparado en una sentencia del propio tribunal de garantías para nombrar a sus dos magistrados sin los dos que le corresponde designar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En declaraciones a Europa Press, Juan José Carbonero, miembro ejecutivo de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), ha asegurado que la elección de Campo es “escasamente compatible con el problema relativo a las puertas giratorias”. “El precedente de Dolores Delgado se vuelve a repetir. Es un patrón que se repite en los hábitos designadores de este Gobierno”, ha apuntado, aludiendo a la designación de la también exministra de Justicia como fiscal general del Estado.

Por su parte, el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Jorge Fernández Vaquero, ha lamentado que los candidatos del Ejecutivo tengan “vinculaciones evidentes con partidos políticos”. “Es otro episodio de destrucción de la confianza pública en nuestras instituciones. Es un mal que estamos sufriendo y que se está extendiendo a todo nuestro sistema constitucional. Tiene muy difícil solución”, ha lamentado.

Por último, el presidente de Foro Judicial Independiente (FJI), Fernando Portillo, ha explicado que se trata de “una oportunidad perdida de prestigiar el órgano”. “El problema es que volvemos a ser espectadores privilegiados de cómo funcionan las puertas giratorias en este país, y después estamos hablando de una persona en concreto, de Campo, en donde no creemos que vaya a contribuir al prestigio de la institución”, ha opinado.

Informa Europa Press.

El vicepresidente primero del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha expulsado este martes de la tribuna a la diputada de Vox Patricia Rueda al negarse a retirar la expresión “filoetarras” cuando criticaba la gestión del Gobierno, tras lo cual los diputados del partido ultraderechista han abandonado el hemiciclo.

Las declaraciones de la diputada ultraderechista han tenido lugar en un debate de consenso para apoyar la candidatura de Málaga como sede de la Exposición Universal de 2027. Rueda ha aprovechado para asegurar que el Gobierno de Pedro Sánchez “ningunea” a Málaga -al asegurar que es una de las provincias con menor inversión por habitante- y a las “regiones que son leales con España”, mientras que el Ejecutivo “premia a filoetarras, nacionalistas y golpistas”, ha indicado en alusión a los socios parlamentarios.

Gómez de Celis, que en ese momento estaba presidiendo la sesión, ha pedido a la diputada que retirase el término “filoetarra”. Rueda se ha negado a hacerlo entre aplausos de su partido y, tras llamarla al orden, el socialista ha optado por quitarla la palabra y le ha pedido que desaloje la tribuna. Acto seguido los diputados de Vox han abandonado el hemiciclo en protesta por esa medida.

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha expresado después ante la prensa su indignación por la expulsión de Rueda y ha asegurado que “Vox no va a ser amordazado”.

Hace apenas unos día la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, desvelaba que el número dos de su candidatura a las primarias será el actual concejal de su grupo, Félix López-Rey, todo un referente de la izquierda e impulsor de Asociación Vecinal de Orcasitas. Y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aprovechado la primera oportunidad que ha visto para descalificarle. Lo ha hecho ante el Pleno de Cibeles, en el que ha puesto en cuestión su trabajo en ese barrio obrero, mientras presumía de que gracias a su Gobierno ahora hay más equipamientos en Orcasitas y hay colegios en los que se ha eliminado el amianto. Para rematar se ha mofado del concejal refiriéndose a él como “joven promesa”.

La respuesta del edil, de 74 años, se produjo más tarde cuando le tocó intervenir en una proposición sobre el estado de la Sanidad en Madrid. “Antes de empezar, quiero dirigirme al alcalde: o usted no se entera de nada o usted es un hipócrita”, ha dicho. “Yo trabajo desde que tenía 13 años...”, le ha espetado, mientras el alcalde gesticulaba desde su sillón del Pleno y se reía. “No, no… no me corte usted, no venga usted ahora de hooligan”, le ha reprochado a Almeida, para recordarle después que desde que tiene 17 años, desde su chabola, se ha dedicado “a intentar conseguir que las desigualdades de esta ciudad al menos se minimicen”.

Antes, el edil de Más Madrid ya había criticado las palabras del regidor madrileño en su cuenta de Twitter: “Soy mayor. Tengo experiencia. Almeida, el alcalde que gobierna con la ultraderecha en Madrid, me acaba de llamar, de manera jocosa, ”joven promesa“ en el Pleno. Me decepciona el alcalde Almeida. El desprecio a los mayores de este dirigente contrasta con el cariño de los madrileños”, ha lamentado.

Escribe Carmen Moraga.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha defendido que la ley del 'solo sí es sí' “es sólida, combate la impunidad y protege a todas las víctimas” después de que este martes el Tribunal Supremo ha decidido aumentar las condenas a dos exfutbolistas de la Arandina por abusar sexualmente de una menor de edad en su piso en 2017.

“Pendientes de la sentencia del Tribunal Supremo. Con la Ley del 'solo sí es sí' el caso Arandina no es abuso, es agresión. La ley es sólida, combate la impunidad y sobre todo protege a todas las víctimas, también las que no denuncian, frente a todas las violencias”, ha expresado Montero en su perfil de Twitter. “Hay que aplicar toda la ley”, añade.

Si bien el Supremo ha elevado a nueve años de cárcel las condenas de tres y cuatro años de prisión de los dos exfutbolistas de la Arandina, también ha explicado que la nueva Ley del 'solo sí es sí' les es más beneficiosa que el Código Penal anterior, con el que su condena habría sido un año mayor. Se trata, además, de la primera vez que el Supremo aplica la nueva legislación.

De momento, los jueces del Supremo se han limitado a señalar que la nueva noma podrá aplicarse en beneficio del delincuente sexual “cuando se fije pena inferior en aquellos supuestos en los que así proceda” pero “analizando caso por caso y no de forma global”.

Paramos un rato en la narración de la actualidad de la jornada para dejarte algunas noticias que está dejando el día, marcado por la polémica en torno a los dos nombramientos del Gobierno para el Constitucional.

-Sánchez elige al exministro Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez para renovar el Constitucional: el Gobierno ha elegido al exministro de Justicia Juan Carlos Campo y a la exdirectora general en Moncloa Laura Díez como los dos magistrados que le corresponde proponer para el Tribunal Constitucional. Desde el PSOE defienden la “idoneidad” de ambos candidatos, entre críticas de socios y oposición.

-El Supremo aumenta la condena de los exfutbolistas de la Arandina pero aplica en su beneficio la ley del 'solo sí es sí': el Supremo ha revisado al alza las condenas de los jugadores de la Arandina. Se enfrentaban a tres y cuatro años de cárcel y se las ha subido a nueve. No obstante, ha explicado que esta nueva ley les es más beneficiosa que el Código Penal anterior, con el que habrían tenido otro año más de condena.

-Las pensiones subirán un 8,5% en 2023: las pensiones van a subir finalmente un 8,5% para 2023, lo que preveía el Gobierno. Tras obtener esta mañana el dato provisional del IPC de noviembre, que ha sido del 6,8%, ya se puede hacer este cálculo anual. Así, la inflación media, confirma el Ministerio de la Seguridad Social, va a quedarse en el 8,5%. Al mismo tiempo, sigue sin aclararse la subida del IMV.

-El Consejo de Europa pide “el pleno cumplimiento” de los derechos humanos en la frontera de Melilla y Marruecos: el Consejo de Europa ha pedido el “pleno cumplimiento” de los derechos humanos en la frontera de Melilla y Marruecos. La comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa ha publicado un informe en el que alerta de carencias en derechos civiles por las leyes mordaza y la dificultad en el acceso a una vivienda digna, entre otros asuntos.

El Pleno de Cibeles ha rechazado este martes gracias a los votos del PP, Ciudadanos y Vox, la propuesta del Grupo Mixto de eliminar tres de las calles franquistas que quedan aún en el callejero de Madrid por considerar que mantenerlas sería un incumplimiento de la ley de Memoria Democrática. Más Madrid, PSOE y los tres ediles del Mixto han votado a favor de la proposición, que ha sido defendida por el concejal de Recupera Madrid, Luis Cueto, que ha forzado que la votación se llevara a cabo a mano alzada.

Se trata de la calle Millán Astray, que tendría que pasar a llamarse calle de Justa Freire, maestra de la República; la de Crucero de Baleares, por Barco Sinaia, y la calle de Caídos de la División Azul, por la de Memorial 11 de marzo de 2004.

Cueto ha señalado que tras la aprobación de la Ley de Memoria Democrática “la materialización de dichos cambios deja de ser potestativa para convertirse en un precepto legal”. La ley ha de cumplirse“, ha señalado, para anunciar que ante el rechazo del Pleno llevaran este asunto ante los tribunales.

Borja Fanjul, del PP, ha sacado a relucir en su intervención a Bildu, ha apelado a la “otra memoria”, la de las víctimas de ETA, o a la “memoria de las víctimas de violación que ven como sus verdugos salen a la calle”. Y la portavoz de Ciudadanos, Silvia Saavedra, ha acusado a la izquierda de “vivir en el oscurantismo”, de querer “generar confrontación, revanchismo y de resucitar las pasiones más viles, la venganza, el rencor y el enfrentamiento entre los madrileños”.

Informa Carmen Moraga.

El Gobierno no quiere que la tramitación de un asunto especialmente espinoso como es la reforma del Código Penal se vaya más allá de las vacaciones de Navidad y llegue coleando a 2023, año electoral por excelencia. Por eso, la Junta de Portavoces a propuesta del grupo parlamentario socialista y con el apoyo de los socios de investidura ha pedido a la presidencia del Congreso que fije un Pleno extra este jueves para abordar el debate de las enmiendas a la totalidad presentadas por PP, Ciudadanos y Vox a la derogación del delito de sedición.

Una vez solventado ese debate, los tiempos que manejan los grupos parlamentarios llevarían a que el Pleno definitivo de reforma del Código Penal se pueda celebrar en todo caso justo antes de las vacaciones navideñas. Está por ver si durante esta tramitación parlamentaria verá la luz alguna enmienda que implique reformar también el tipo penal de la malversación, una de las demandas de ERC en la denominada “desjudicialización del conflicto del catalán” y a la que Moncloa no ha cerrado oficialmente la puerta a pesar de las críticas que ha generado entre sus propios socios.

Escribe José Enrique Monrosi.