El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha denunciado que el principal objetivo de los mensajes entre el número dos de Interior y el jefe de la brigada política sobre el independentismo y Podemos entre los años 2015 y 2019 “no era la judicialización de los temas, sino la difamación mediática”.
En rueda de prensa este martes en el Congreso de los Diputados, Echenique ha lamentado que se quisiese “intoxicar a la opinión pública” atacando “sin pruebas” a Podemos. “Es una alteración del juego democrático con la participación de periodistas, muchos de los cuales todavía se sientan en importantes tertulias”, ha añadido, para subrayar “la gravedad de lo ocurrido en nuestro país”.
Terminamos una jornada que ha estado marcada por el dato del Euríbor y del IPC o por lo que rodea a la moción de censura de Vox a Sánchez con Tamames como candidato. Te dejamos por aquí algunas noticias que ha dejado el día:
-El Gobierno lanza el mapa de zonas en las que se podrán instalar parques eólicos marinos: el Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Real Decreto con los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM), relativos a las cinco demarcaciones marinas españolas: noratlántica, sudatlántica, del Estrecho y Alborán, levantino-balear y canaria. Se trata del mapa que definirá el despegue de la energía eólica marina en España.
-Catalunya decreta la “excepcionalidad” por la sequía, prohíbe el riego de jardines y lo reduce un 40% para agricultura: la falta de lluvias en Catalunya, que afecta a la región desde hace 29 meses, ha empujado al Ejecutivo catalán a aprobar nuevas medidas más restrictivas para preservar todavía el agua de boca. A partir de esta semana no se podrán regar las zonas verdes, ni privadas ni públicas, y se reducirá el agua para usos agrículas hasta un 40% (hasta ahora la limitación era del 25%).
-Los escándalos de abusos no hacen mella en la Iglesia, que bate un récord histórico en la Renta: 25 millones de euros más: la Conferencia Episcopal ha recaudado 320 millones de euros del IRPF en la última campaña: “La Iglesia tiene sus luces y sus sombras, pero los momentos duros requieren una labor de acompañamiento y se incrementan las contribuciones”, apunta Fernando Giménez Barriocanal, vicesecretario para Asuntos Económicos de la CEE.
Así terminamos por hoy. ¡Buenas noches, hasta mañana!
La Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso trata de aplacar la crisis ocasionada por su gestión sanitaria tras tres meses de enfrentamiento directo con los médicos de Atención Primaria. A los paros de los médicos y pediatras de familia, este jueves y viernes se sumarán los sanitarios de los hospitales de la región, además de una movilización convocada para el 9 de marzo.
Ante este escenario, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, se ha reunido este martes con los secretarios generales de las organizaciones sindicales con representación en la Mesa Sectorial de Sanidad (Satse, Amyts, CC.OO., CSIT Unión Profesional y UGT) para conocer sus reivindicaciones sobre la situación de la asistencia sanitaria en la región.
Durante el encuentro, el consejero se ha comprometido a trasladar a la Consejería de Hacienda la vuelta a la jornada laboral de 35 horas semanales, una de las principales demandas de los trabajadores. Las promesas no han evitado que se siga adelante con los paros y las protestas.
“La Consejería de Sanidad quiere dejar claro a Hacienda que el coste de esta medida no es tan elevado en este momento como hace unos años, cuando se realizó el último estudio económico por lo que los sindicatos entendemos que existe viabilidad económica para llevarlo a cabo de forma inmediata”, han explicado en un comunicado conjunto, CC.OO., UGT, CSIT Unión Profesional y Satse.
No ha habido, no obstante, referencia a la huelga de médicos de atención primaria que arrancó el 21 de noviembre y que dura ya más de tres meses. “Ha sido una reunión de carácter cordial”, ha asegurado la secretaria general de Amyts y portavoz del comité de huelga, Ángela Hernández. “Es una reunión que hubiera tenido más sentido al inicio de la legislatura y que se hubiera hecho al inicio de la legislatura, pero bueno, bienvenida sea cuando se ha producido”, ha dicho Hernández.
Informa Fátima Caballero.
El PP ha registrado este martes decenas de preguntas parlamentarias dirigidas al Gobierno sobre el 'caso Mediador', la investigación judicial sobre una supuesta trama de corrupción que tendría a un diputado del PSOE como una de sus piezas clave, así como a otros dirigentes y empresarios canarios. Las preguntas se dirigen a cada ministerio y a sus organismos autónomos para saber si en sus libros de entrada figura la visita de alguno de los investigados, si consiguieron contratos, o si los empresarios iban acompañados de personas relacionadas con el PSOE.
Además, el PP dirige una pregunta concreta al Ministerio del Interior: “¿Cuándo tuvo conocimiento [de] que Juan Bernardo Fuentes, diputado en el Congreso por el Grupo Parlamentario Socialista, estaba siendo investigado por corrupción?”.
Informa Aitor Riveiro
PSOE y Unidas Podemos han alcanzado un acuerdo para desbloquear en la Mesa del Congreso la tramitación de la iniciativa legislativa popular (ILP) conocida como ley sobre 'bebés robados', que permanecía congelada desde 2020 con la sucesiva ampliación del periodo para presentar enmiendas.
Así lo avanzó el portavoz del grupo confederal, Pablo Echenique, en rueda de prensa y han confirmado a Europa Press fuentes parlamentarias. De hecho, el órgano de gobierno de la Cámara ha fijado para este miércoles, 1 de marzo, la finalización del plazo para presentar por parte de los grupos propuestas de cambios al articulado del proyecto normativo.
Precisamente la Ley de 'bebés robados' es una de las siete normativas que los morados exigían descongelar en el Congreso. Se trata de normas que acumulan un total de 510 prórrogas y dos de ellas (bebés robados y morosidad) llevaban en esa fase desde septiembre de 2020, sin que tras dos años y medio se hayan dado nuevos pasos adelante.
Información de Europa Press.
Ana Botín, presidenta ejecutiva de Banco Santander, cobró 11,74 millones de euros en 2022 entre su retribución fija y variable, un 4,5% menos que el año anterior. El consejero delegado de la entidad, José Antonio Álvarez, cobró 9,6 millones de euros, en el que fue su último ejercicio en el cargo, antes de ser sustituido por Héctor Grisi. En su caso, los ingresos han bajado un 1,6%.
De los 11,74 millones cobrados por Ana Botín en 2022, 7,27 millones fueron en metálico, mientras que el resto se refiere a ingresos en acciones o en aportaciones para los sistemas de ahorro.
Pese al descenso, ambos banqueros fueron los dos que más cobraron durante el pasado año en el sector en España.
Información de Diego Larrouy.
Hacemos un breve parón en la narración de la actualidad del día para dejarte otras noticias de la jornada:
-El euríbor se desboca al 3,5% en febrero y ahoga ya a un 15% de los hipotecados: el índice respecto al que se calculan las cuotas de las hipotecas supera el 3,5% al cierre de febrero y ahoga ya a cerca del 15% de las familias hipotecadas, según un cálculo del Banco de España. Se sitúa en un máximo no visto desde diciembre de 2008 por las subidas de los tipos de interés oficiales del BCE.
-El Congreso obliga a los grupos a hacer un registro de todas las visitas tras el caso Mediador: el Congreso ha establecido un nuevo procedimiento para la comunicación de las visitas “ajenas a la Cámara” y a partir de ahora esas personas deberán registrarse en una hoja de cálculo en la que deberá figurar el nombre completo, el número de documento y las observaciones pertinentes.
-Un juez admite la querella de Sandro Rosell e investiga a Villarejo por la Operación Catalunya: un juez de Madrid ha admitido a trámite la querella del empresario y expresidente del F.C. Barcelona Sandro Rosell y ha ordenado investigar al comisario jubilado José Manuel Villarejo por la ‘Operación Catalunya’, ha adelantado La Vanguardia y han confirmado a elDiario.es fuentes jurídicas.
-Esquerra Republicana no logra adhesiones para boicotear la moción de censura de Vox: la iniciativa de ERC para plantar a Tamames en su discurso en la moción de censura no ha contado con ningún apoyo y únicamente Unidas Podemos, EH Bildu o la CUP han pedido esperar a que se ponga fecha al debate o a que se acuerde un movimiento unido de varios socios.
¡Seguimos!
La negociación entre el Ministerio de Justicia y los letrados de la administración de Justicia ha entrado en vía muerta al acabar sin acuerdo la última reunión entre las partes, celebrada este martes. Los interlocutores ni siquiera han acordado una nueva fecha para reanudar el diálogo y se mantiene la huelga indefinida iniciada el 24 de enero al no haber acuerdo sobre el alcance de las mejoras retributivas y laborales que demandan estos funcionarios. En un comunicado, el Comité de Huelga asegura que Justicia ha cambiado el “marco negocial” porque pretenden que la negociación continúe por escrito.
El paro iniciado hace un mes ya ha provocado la suspensión de más de 200.000 actuaciones judiciales entre juicios, declaraciones y otras diligencias, según datos de los convocantes. Una situación que, sin duda, contribuirá a incrementar la situación de saturación endémica que ya viven juzgados y tribunales. Los convocantes prevén un retraso añadido de dos años al ya existente en la tramitación de procedimientos, con el consiguiente coste económico en planes de recuperación. “La inacción e intransigencia ministerial le va a costar el dinero a todos los españoles”, aseguran los promotores.
Justicia no acepta implantar la llamada “cláusula de enganche”, con la que los letrados pretenden cobrar el 85% de lo que perciben los jueces de sus respectivos órganos judiciales. En el departamento que dirige Pilar Llop rechazan esa medida al considerar que supondría “dos subidas salariales” para un colectivo que de media verá crecer sus salarios un 14,76% en los próximos tres años gracias una subida de 195 euros brutos acordada en abril de 2021 y al alza que con carácter general van a experimentar los sueldos de los funcionarios.
Informa Elena Herrera
El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha denunciado que el principal objetivo de los mensajes entre el número dos de Interior y el jefe de la brigada política sobre el independentismo y Podemos entre los años 2015 y 2019 “no era la judicialización de los temas, sino la difamación mediática”.
En rueda de prensa este martes en el Congreso de los Diputados, Echenique ha lamentado que se quisiese “intoxicar a la opinión pública” atacando “sin pruebas” a Podemos. “Es una alteración del juego democrático con la participación de periodistas, muchos de los cuales todavía se sientan en importantes tertulias”, ha añadido, para subrayar “la gravedad de lo ocurrido en nuestro país”.
El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha asegurado que hay una “investigación en el ámbito judicial” respecto a los mensajes entre el número dos de Interior y el jefe de la brigada política sobre el independentismo y Podemos entre los años 2015 y 2019. “Habrá que escuchar pero evidentemente si fuera así, no parece adecuado. Nadie puede decir lo contrario”, ha dicho en una entrevista en el programa Espejo Público, de Antena 3.
En cuanto a si el PP podría tomar medidas antes contra el exministro Jorge Fernández Díaz, Bravo, que ha matizado que entonces él estaba en el Parlamento de Andalucía, ha indicado que el PP tiene que ver la “responsabilidad” que hay en el ámbito judicial, “si realmente hay responsabilidad o no”, por lo que ha apostado por esperar a conocer la sentencia para poder actuar. “De algo que no conozco no le puedo dar ninguna información”.
La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, se ha pronunciado este martes sobre la postura que va a tomar el PP en la moción de censura de Vox al Gobierno, en la que el principal partido de la oposición ha optado por abstenerse: “Donde antes hubo valentía y autonomía ahora hay seguidismo. Algo acordaron”, ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, comparando la postura de la formación cuando la lideraba Casado y votaron 'no' en la primera moción de los de Abascal.
“En aquella ocasión el PP tuvo la valentía y la autonomía de distanciarse de esa propuesta. Esta vez la derecha y la extrema derecha van de la mano”, ha subrayado.
Este lunes, Vox registró en el Congreso su segunda moción de censura al Gobierno, con el exdiputado del PCE Ramón Tamames como candidato. La acción ya nace muerta, al no haber reunido apoyos más allá de la bancada de la extrema derecha. Este lunes, ERC lanzó la idea de plantar al economista durante su discurso para no “blanquear” a Vox, algo que no respalda el resto de grupos.