El PP retoma los contactos con las asociaciones judiciales para hablar de la renovación del CGPJ

El juez que investiga el caso mascarillas ha decidido suspender la testifical de Elena Collado, alto cargo del Ayuntamiento de Madrid que ejerció de enlace con los empresarios Luceño y Medina para traer material sanitario. 

Su declaración estaba programada para el próximo lunes en calidad de testigo pero una de las acusaciones populares, ejercida por el grupo mixto del Ayuntamiento de Madrid - los concejales de Recupera Madrid - ha solicitado que comparezca como imputada. El juez pregunta a las partes si debe comparecer como testigo o con un abogado. 

Elena Collado, coordinadora de presupuestos del Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida, se hizo cargo de la gestión de la compra de productos sanitarios en las primeras semanas de la pandemia. 

Fue ella quien recibió, según las distintas versiones ofrecidas en la causa, un correo electrónico de Luis Medina y después pasó a hablar a diario con Alberto Luceño para gestionar la llegada de mascarillas, test y guantes de nitrilo. Fue un primo del alcalde el que proporcionó el contacto a Medina. 

En su declaración ante la Fiscalía Anticorrupción, Collado explicó que no recordaba exactamente cómo llegaron hasta ella los dos empresarios y afirmó que nunca supo que ellos fueran a cobrar comisiones millonarias por más de la mitad del precio de los contratos.

Escribe Alberto Pozas.

El juez del caso mascarillas reclama el informe en el que Antiblanqueo apuntaba al Ayuntamiento de Madrid

El dirigente del PP Ignacio González, que fue espiado por miembros de su propio partido a través de varias agencias de detectives cuando ocupaba la vicepresidencia del Gobierno regional en la etapa de Esperanza Aguirre, no ha dudado en calificar estos episodios en su comparecencia ante la comisión de investigación del caso Ayuso como “prácticas mafiosas” y “deleznables”. “Yo me entero de que me espían por un vídeo que se publica en la prensa y entonces me voy al juzgado a formular una denuncia”, ha relatado, recordando que también figuraban en las anotaciones de la agenda del comisario Villarejo. “Si hay sospechas, hay que ir a los tribunales y no enredar”, ha sentenciado.

“Los espionajes no son aislados, son recurrentes y hay mucha más gente implicada. Han venido funcionando así con el consentimiento de alguna parte de la Justicia y este funcionamiento hace un daño tremendo al Estado de Derecho y no puede ser utilizado para tratar de destruir la reputación de muchas personas. No soy el único que los ha sufrido”, ha señalado González, que fue encarcelado por su implicación en el caso Lezo.

Al ser preguntado por la portavoz del PSOE, Mar Espinar, si cree que ahora Ayuso puede haber sido también víctima de espionaje por orden de alguien del PP, González ha afirmado que lo desconoce, pero que le parece al menos “curioso” que “habiendo miles de detectives aparezca [en su caso y en el de ahora] esa misma persona”, en referencia velada a Julio Gutiez. Luego ha sentenciado que este tipo de prácticas, las haga un partido u otro, siempre tienen como fin “acabar con algún compañero y adversario con vías absolutamente impresentables”.

Escribe Carmen Moraga.

El juez del caso mascarillas, Adolfo Carretero, ha rechazado imputar al gerente de la empresa municipal de servicios funerarios, como reclamaba la acusación de Más Madrid. De acuerdo con la Fiscalía, el magistrado concluye que los documentos enviados por éste y después por los servicios jurídicos del Ayuntamiento coinciden en “fecha, identidad de firmas y contenido”

El auto del juez señala además que no consta que las modificaciones entre ambos documentos “las haya hecho el gerente ni que se hiciesen con objeto de dificultar la investigación de la Fiscalía ni ocultar su contenido al Ayuntamiento, cuyos Grupos Políticos conocían las cartas de encargo de los contratos y su contenido, pues la aprobaron por unanimidad en el Consejo de la Funeraria”.

Escribe Pedro Águeda.

El expresidente del Gobierno Felipe González ha restado importancia a los casos de espionaje a miembros del Gobierno al señalar que han ocurrido casos similares en 50 países, han sido afectados líderes europeos e incluso él mismo ha tenido conciencia de haber sido espiado: “Naturalmente, como todo el que esté atento”. Además, ha opinado que este asunto solo se puede aclarar “en vía judicial” y ha rechazado una comisión de investigación en el Congreso.

En una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, ha subrayado que le preocupa que lo “inmediático” impida hablar de los problemas que enfrenta el país que son “importantes” y “serios”. González ha aclarado que también considera este asunto importante pero ha puesto en duda que sea “gravísimo” o “lo más grave que hemos vivido” como a su juicio están sosteniendo algunos, sin aportar más detalles.

El expresidente socialista ha señalado además que, a su juicio, este asunto solo se va a aclarar “por la vía judicial” en el nivel que corresponda y de acuerdo a los hechos que se vayan probando. Por tanto, ha rechazado que se lleve a cabo una comisión de investigación en el Congreso –que ya ha sido tumbada por PSOE y PP– porque en ese escenario no se podría revelar la información necesaria.

Sobre el cambio de posición de España respecto al Sáhara Occidental, González ha admitido que “se puede tener razón y si no se sabe bien por qué o no se explica bien, se pierde la razón”. A su juicio esto es aún peor que si no se tiene “ninguna razón” para tomar una decisión de este tipo y explica que lo hace porque “es lo que me interesa”.

A través de Europa Press

La ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado este miércoles que el Gobierno no conoce “el origen” del espionaje a dirigentes políticos pero ha considerado “urgente” depurar “responsabilidades políticas”, aunque ha evitado pedir directamente ninguna decisión. En declaraciones a la prensa en Mérida, Belarra ha asegurado que “el espionaje masivo a representantes públicos no es compatible con el Estado de derecho”.

“Lo que más me preocupa es que el Gobierno sea capaz de restablecer la confianza de la ciudadanía, y para eso nos tenemos que rearticular con urgencia y necesitamos que se asuman responsabilidades políticas”, ha señalado. En su opinión, “la situación es enormemente grave, lo que está en juego es la democracia y eso implica la asunción de responsabilidades políticas de forma urgente”. “No puede quedar sombra de duda sobre la actuación del Estado en esta situación”, ha zanjado.

Escribe Iñigo Aduriz.

El grupo cervecero Mahou San Miguel cerró 2021 con la mayor cifra de ventas de su historia, 1.472 millones de euros; un 17,5% más que en 2020, el año más afectado por la pandemia y el cierre de la hostelería.

Mientras, su beneficio alcanzó los 103 millones de euros, frente a los 2,3 millones del ejercicio previo. “El 2021 ha sido un año excelente, en el que hemos conseguido la facturación más alta de la compañía en un ejercicio muy complicado por la volatilidad y la incertidumbre”, ha asegurado el director general de Mahou San Miguel, Alberto Rodríguez-Toquero, durante la presentación de resultados.

La cervecera incrementó su volumen de ventas hasta los 18,7 millones de hectolitros, un 5,6% más que el año anterior, de los que 14,7 millones correspondieron a cerveza y 4 millones, a su negocio de agua, a través de la marca Solán de Cabras.

Por otro lado, el director general de Mahou San Miguel ha reconocido que la “inflación es incuestionable”, pero ha reiterado que “a día de hoy” la cervecera no tiene intención de elevar los precios de sus productos, como comentó en una entrevista con elDiario.es. “Estamos viviendo una volatilidad brutal en la que lo más prudente a fecha de hoy es no hacer nada y aguantar lo más que podamos”, ha apuntado este miércoles, al tiempo que ha precisado que es un tema que la compañía “revisa constantemente”.

Rodríguez-Toquero ha avanzado que las ventas de la cervecera están creciendo “bien” este año, a doble dígito, pero ha advertido de que los costes están superando ya a las ventas. “Las ventas van a crecer, pero la dinámica de incrementos es grande. Queremos mantener nuestro compromiso de ayudar a la hostelería, por lo que no preveo que los resultados de 2022 igualen a los de 2021 por la tensión de costes”.

Escribe Cristina G. Bolinches.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha salido al paso de las críticas de Unidas Podemos por la crisis del espionaje recordando al portavoz, Pablo Echenique, que el Gobierno es un “órgano colegiado” y que sus miembros pueden por ley acceder a los análisis e informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). “Las 22 personas que lo integran tienen este acceso, pueden pedirlo e incluso hay una comisión de Inteligencia”, le ha recordado Robles a Echenique. “Todos tenemos que hablar con mucha responsabilidad, yo también se lo pido”, ha rematado después de que el portavoz de Unidas Podemos le haya reclamado le hubiera reclamado “responsabilidades políticas al máximo nivel”.

Escribe Irene Castro.

Daniel Hidalgo, director general de Comunicación en el Ayuntamiento de Madrid, ha afirmado este miércoles ante la comisión de investigación del supuesto espionaje a Ayuso que él se enteró de esa “trama” por la prensa, la víspera de que salieran las primeras informaciones en el diario El Mundo, el 17 de febrero. Y pese a haber sido contratado para el cargo por el propio alcalde, no fue informado del asunto ni por Almeida ni por su superiora, Inmaculada Sanz, el pasado mes de diciembre, cuando ambos se enteraron. Según ha afirmado, tampoco ningún periodista le llamó para alertarle de que iba a salir esa información.

Hidalgo también ha rechazado haber mantenido reuniones para hablar del supuesto espionaje con David Fernández, responsable de prensa de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), que dimitió nada más estallar el caso. Según ha dicho, no fue un nombramiento de su responsabilidad, como ningún otro del área de comunicación. En su opinión, el Consejo de Administración de esta empresa le debió nombrar “por considerarle idóneo para el cargo, por su trayectoria profesional”.

Al igual que los anteriores comparecientes –Inmaculada Sanz, y Andrea Levy–, el jefe de comunicación de Almeida ha afirmado que desconoce los motivos por los que dimitió Ángel Carromero, con el que tenía la relación normal por trabajar los dos en el Ayuntamiento, pero con el que “no despachaba”. “Hasta donde yo sé” -ha afirmado Hidalgo- Carromero no se va porque esté implicado en la trama, ni por “una prueba no publicada”, es decir, una información que iba a salir en breve en algún medio de comunicación que podría comprometerle, sino para defenderse y no implicar al Ayuntamiento, como justifico el excoordinador de la alcaldía.

Lo cuenta Carmen Moraga.

“La situación actual es insostenible”, ha advertido el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, durante la comparecencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, a la que ha reclamado que asuma “responsabilidades políticas al máximo nivel” por el espionaje tanto a Pedro Sánchez y a sí misma como al independentismo catalán y vasco. “La gravedad de este espionaje es inédita y no puede ser minimizada”, ha dicho Echenique, que ve dos posibilidades que conducen a la depuración de responsabilidades.

“La primera hipótesis es que los autores hayan sido agentes de un estado extranjero o alguna célula descontrolada de los servicios secretos o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Pensamos que la primera hipótesis revelaría una incapacidad inaceptable a la hora de proteger las comunicaciones del presidente (...) y la seguridad nacional”, ha avisado Echenique: “La segunda revelaría una flagrante incompetencia o dejación de funciones a la hora de limpiar las cloacas del Estado”. “Nos parece evidente que sea cual sea la autoría se asuman responsabilidades políticas al máximo nivel”, ha dicho el portavoz parlamentario del socio minoritario de la coalición.

Lo cuenta Irene Castro.

La portavoz de Más Madrid, Mónica García, ha asegurado este miércoles que las últimas informaciones conocidas sobre la empresa donde el hermano de Isabel Díaz Ayuso compró 250.000 mascarillas “vienen a reafirmar que el Gobierno de la Comunidad de Madrid estaba más pendiente de la calidad de las comisiones que de la calidad de las mascarillas que traía”. La compañía a la que recurrió Tomás Díaz Ayuso en los peores momentos de la pandemia se había dedicado hasta un mes antes a fabricar cables eléctricos y aportó certificados falsos, según ha publicado El País, para justificar una calidad que no tenían.

“Esto ha hecho que dos años después nos enteremos de que mientras todos estábamos pensando en cómo salvar vidas, el gobierno de la Comunidad y el gobierno del señor Almeida estaban pensando en cómo salvar bolsillos. Esto es el modus operandi clásico del PP de toda la vida”, ha insistido García, en relación a la comisión cobrada por el hermano de la presidenta y por los comisionistas Alberto Luceño y Luis Medina. “En la Comunidad de Madrid tenemos la pequeña desgracia de que tenemos un gobierno que solo piensa en mejorar la vida de los integrantes del Partido Popular, sus amigos, sus primos, sus comisionistas y sus chanchullos”, ha dicho a la salida de un desayuno con Yolanda Díaz.

La Comunidad desmintió ayer a través del perfil institucional de Twitter la información sobre los certificados falsificados con un escueto: “Esta noticia es falsa”. Para la líder de la oposición, el uso de los canales oficiales de la Comunidad es una muestra de que “el Gobierno de Ayuso no entiende la diferencia entre su papel institucional y su papel como partido”. “Siguen considerando que las instituciones son su cortijo. Lo han hecho con Telemadrid, lo hacen con las cuentas institucionales y lo hicieron el otro día con el discurso que dio la señora Ayuso el Dos de Mayo”.

Escribe David Noriega.

El proveedor de Tomás Díaz Ayuso en China: una empresa de cables eléctricos que falsificó certificados sanitarios

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado este miércoles al Gobierno por informar en público el pasado lunes del espionaje que sufrieron el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, cuando sus teléfonos fueron intervenidos con el programa Pegasus. En opinión del líder de la oposición, la rueda de prensa en la que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, dio cuenta del descubrimiento del espionaje, sirvió para “acreditar la debilidad del Estado”.

Feijóo ha explicado en un desayuno informativo organizado por 'El Debate' que ese es el motivo por el que el PP ha pedido la comparecencia de Sánchez ante el Pleno del Congreso. También ha explicado que su partido ha decidido “proteger al Estado” al votar 'no' [junto a PSOE, Vox y Ciudadanos] “a una comisión de investigación que pretende desvestir y desnudar al Estado”.

El presidente del PP ha vuelto a poner a Sánchez y a su ministra de Defensa, Margarita Robles, en planos diferentes a la hora de reclamar responsabilidades y de hablar de ellos. Del primero ha dicho que se ha “apropiado del Estado para usarlo como moneda de cambio para la supervivencia” del Gobierno. Según Feijóo, “Sánchez no se puede fiar de la mitad de su Gobierno, que quiere investigar a la otra mitad, y tampoco de sus socios que no creen en el discurso de la ministra de Defensa”. Inmediatamente después ha añadido, sin señalar a Robles, que “la gestión del espionaje tiene como principal objetivo tranquilizar a sus socios independentistas más que velar por la seguridad nacional. No hay coartada para semejante perversión del decoro democrático”. “Para resistir, el PSOE ha debilitado el Estado, exponiéndolo a quienes no creen en él”, ha planteado.

Además, ha lamentado que Unidas Podemos y los aliados parlamentarios del Gobierno quisieran una investigación parlamentaria de lo ocurrido con Pegasus. “Quieren investigar al Gobierno, a su presidente, a la ministra de Defensa y a los servicios de defensa del Estado”, ha enumerado, para criticar que “Podemos suscribió una comisión para investigarse a sí mismo” lo que, en su opinión, es muestra de “un cierto caos”.

Informa Aitor Riveiro.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, no se ha referido directamente al escándalo del espionaje en su comparecencia en el Congreso, que ha circunscrito a la Brújula Estratégica de la OTAN, pero sí ha aprovechado para reivindicar el papel del CNI en un momento en el que está cuestionado por la vigilancia a líderes del independentismo y por la falta de eficacia en la detección del ataque con Pegasus a los teléfonos de Pedro Sánchez y ella misma.

“Me siento particularmente orgullosa de los servidores públicos de este país, de los miles de hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas, las que están en España, las que están en el extranjero, de sus familias, los que han pagado un precio muy alto con 188 muertos por defender la paz, la libertad y la seguridad en el mundo. Me siento particularmente orgullosa de las fuerzas de seguridad del estado, de la Policía y de la Guardia Civil, que están permanentemente protegiendo nuestros derechos y libertades. Igual que me siento particularmente orgullosa de los 3.000 hombres y mujeres del Centro Nacional de Inteligencia, que este año celebra su 20 aniversario y que han pagado también con sus vidas el riesgo y el trabajo de defender nuestra paz, nuestra libertad y nuestra seguridad”, ha reivindicado al final su intervención inicial.

A continuación ha defendido, sin citarla expresamente, la gestión que ha hecho el Gobierno del espionaje: “Los que somos demócratas creemos que en una sociedad democrática las responsabilidades, las autorías, los hechos delictivos, solo lo persiguen esos hombres y mujeres del Ministerio Fiscal y de la administración de Justicia, que con arreglo a derecho trabajan y realizan cada día su trabajo. Y por eso cuando es necesario, y se cometen hechos delictivos, siempre este Gobierno -y yo la primera por convicción y por profesión- también vamos a acudir a los tribunales de justicia”.

Informa Irene Castro.

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, y expresidenta del Comité de Derechos y Garantías del PP, Andrea Levy, ha afirmado durante su comparecencia en la comisión de investigación municipal sobre el presunto espionaje a Isabel Díaz Ayuso, que el expediente informativo que ella tramitó sobre los contratos cerrados por la Comunidad de Madrid con una empresa relacionada con su hermano Tomás –por el que este se llevó una sustanciosa comisión–, lo abrió a petición del entonces secretario general del partido, Teodoro García Egea, y lo cerró por orden del propio Pablo Casado, que consideró que la información que habían aportado al respecto la propia Ayuso y sus consejeros de Sanidad y Hacienda era “suficiente”. Según ha dicho, fue “archivado” por decisión del Comité de Dirección del partido.

Levy ha protagonizado un tenso enfrentamiento con varios portavoces de los grupos municipales, especialmente con el de Vox, Pedro Fernández, y con la portavoz del PSOE, Mar Espinar, a cuenta de ese expediente cuyo archivo firmó después de anunciar su dimisión en Twitter, el 1 de marzo. Hoy, en su declaración, ha asegurado que nunca llegó a materializar dicha dimisión al convocarse el Congreso Nacional extraordinario del PP. Todo este asunto dio origen a la grave crisis interna del partido, que terminó con la presidencia de Pablo Casado. Pero Levy se ha mostrado muy enfadada con los portavoces, a los que ha acusado de mezclar ese caso con el del supuesto espionaje a la presidenta madrileña, “que no tiene nada que ver”, a su juicio, con esta investigación basada en un “rumores sin contrastar”. “No entiendo por qué me han llamado a declarar ”, ha lamentado. “No estamos en una tertulia”, les ha llegado a espetar Levy, que ha insistido en que se enteró por la prensa del escándalo del espionaje, no por Almeida.

Informa Carmen Moraga.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha minimizado los datos del paro conocidos este miércoles y que muestran dos récord: por primera vez se han superado los 20 millones de afiliados a la Seguridad Social y la mitad de los contratos firmados en abril fueron indefinidos. Para el líder de la oposición, todo se debe “a la Semana Santa” y al empleo público generado durante la pandemia. “Tenemos 215.000 empleos públicos más, por eso los datos de paro parecen más aseados”, ha señalado durante un desayuno informativo.

En el evento, organizado por 'El Debate', Feijóo ha criticado con dureza la política económica del Gobierno, aunque ha preferido no profundizar en la vertiente laboral de la misma. El presidente del PP ha señalado que “cuando hay menos empleo privado y más público se producen desequilibrios”, porque se genera “un déficit superior”. “La situación económica en España me recuerda a la que vivimos en 2008 y siguientes”, ha asegurado, en referencia a la crisis financiera que sacudió al mundo hace algo más de una década. “Es verdad que Europa mandó parar y hoy tiene otras prioridades”, ha reconocido. “Pero pagaremos el déficit, la deuda y el dispendio de gasto público”, ha vaticinado.

Feijóo ha agitado el fantasma de la prima de riesgo en la deuda pública que tantos titulares acaparó desde 2010 en adelante, cuando la crisis financiera devino en una crisis de deuda. “Lo pagaremos muy caro porque los tipos se están incrementando”, ha advertido, para señalar que “las letras del tesoro están a 100 puntos básicos” por lo que la situación, ha concluido, “empieza a ser de pronóstico reservado”.

Lo cuenta Aitor Riveiro.

La mitad de los contratos en abril fueron indefinidos y España supera por primera vez los 20 millones de afiliados

Lo ha advertido antes de que comenzara la comparecencia de Margarita Robles y lo ha cumplido en la primera intervención: el presidente de la Comisión de Defensa, el diputado del PP José Antonio Bermúdez de Castro, ha interrumpido a la parlamentaria de la CUP, Mireia Vehí, por circunscribir su turno al espionaje a los líderes independentistas así como a Pedro Sánchez y la propia Robles al espionaje.

“Es un uso parlamentario asentado que al hilo de una comparecencia pueda hacerse algún comentario con una cuestión de actualidad [ha comenzado Bermúdez de Castro]. Una cosa es que se realice un comentario sobre un asunto de actualidad y otra que su intervención se ciña a asuntos que no competen a esta comisión”. El parlamentario del PP ha asegurado que la ministra “no podría contestar” a algunas de las cuestiones que estaba planteando la diputada de la CUP y se ha remitido a la comisión de gastos reservados, que es la que fiscaliza al CNI y que se reúne este jueves. El propio Gobierno se había remitido en un principio a esta comparecencia de Robles para las explicaciones sobre el espionaje a líderes independentistas.

Vehí ha proseguido su intervención haciendo preguntas a Robles sin citar “la palabra prohibida”, pero girando sobre el espionaje. De nuevo el presidente la ha interrumpido. “Me corresponde cumplir las normas que nos hemos dado entre todos”. Vehí ha reprochado a Bermúdez de Castro su actitud y le ha recordado que él mismo, como miembro del grupo Popular, se ha quejado por ser “imposible” realizar “control parlamentario” al Gobierno.

Escribe Irene Castro.

El espionaje a Sánchez apunta a Marruecos y pone en duda la continuidad de la directora del CNI

La comisión de investigación sobre el supuesto espionaje a Isabel Díaz Ayuso está celebrando este miércoles su octava sesión con la comparecencia inicial de la portavoz del Gobierno de Almeida, Inmaculada Sanz, que ha reconocido, a preguntas de los grupos municipales, que fue el propio alcalde de Madrid quien le informó personalmente en diciembre del año pasado de que una “fuente cercana y de confianza” a Ayuso –hipotéticamente el exalcalde, Alberto Ruiz-Gallardón– le había alertado de que se la estaba intentando investigar desde el entorno del Ayuntamiento.

Sanz, no obstante, ha negado, a preguntas de la portavoz del Grupo Mixto, Marta Higueras, haber acudido entonces a la sede del PP en la calle Génova a informar a alguien de la dirección de la antigua cúpula del partido, presidida entonces por Pablo Casado, de que se podría haber intentado ese espionaje desde el ámbito de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS). “No sé quién es Génova. Me resulta un poco chocante, es un edificio. Yo no hable con nadie del PP, solo hablé con el alcalde de Madrid”, ha contestado Sanz a Higueras.

Según su versión, Almeida le comenta que solo era “un rumor sin fundamento”, y le dijo que iba a hablar con el presidente de la empresa de la Vivienda, Álvaro González, para que investigara el asunto. Y este posteriormente le verifica que no ha pasado nada. Esa es toda la información que ella asegura conocer.

Sanz ha afirmado que ese asunto “nunca se trató en la Junta de Gobierno” y ha justificado que no se pusiera en conocimiento de Ciudadanos, socio del Gobierno, al tratarse tan solo de “un rumor”.

Lo cuenta Carmen Moraga.