El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, parece tener ya claro que después del 28 de mayo el PP no va a lograr esa mayoría absoluta en las urnas con la que sueña el actual regidor, José Luis Martínez-Almeida. Evidentemente, sabe que mucho menos la tendrá Vox que en la actualidad tiene solo 4 concejales en Madrid. Pero esos cuatro ediles fueron decisivos e imprescindibles para que Almeida se hiciera en 2019 con el bastón de mando de la capital y formara con Ciudadanos un gobierno de coalición, en el que Vox no participó. Pero ahora quieren hacerse valer.
Este miércoles, después de reunirse en Cibeles con el alcalde -con el que lleva más de un año enfrentado-, para desbloquear las negociaciones para la modificación de las normas urbanísticas, Ortega Smith advertía a Almeida que tras el 28M no se va a poder zafar de Vox así como así. “Alcalde, nos vamos a tener que entender porque en las próximas elecciones ni tú ni yo, por más que nos encantaría a cada uno, vamos a tener mayoría absoluta”. “A pesar de las diferencias, quiero pensar que tras el 28 de mayo podamos formar un Gobierno que se dedique a bajar los impuestos lo máximo posible y a lograr un Madrid donde se pueda vivir tranquilo, seguro, con las calles limpias y un urbanismo que haga de Madrid un referente en el mundo entero”. Así se lo ha trasladado al alcalde el portavoz de Vox, “y creo que lo ha entendido”, ha declarado a los periodistas.
Escribe Carmen Moraga.
Cerramos una jornada marcada por las reacciones del traslado de Ferrovial a Países Bajos o por el caso Mediador, entre otros asuntos. Pero antes de irnos, echa un vistazo a otras noticias que ha dejado esta tarde:
-El general del caso Mediador registraba una contabilidad B y guardaba 61.100 euros en cajas de zapatos, un bolso y ropa: el general retirado de la Guardia Civil Francisco Javier Espinosa Navas, en prisión provisional como investigado en el caso Mediador, registraba en documentos una contabilidad en B, en la que sumaba a la columna de “saldo inicial”, coincidente con las cifras de su cuenta corriente en la entidad BBVA, otra que identificaba con el nombre de “cash”y que engordó en el periodo en el que se desarrollaron los hechos por los que permanece imputado (los años 2020 y 2021).
-Condenado un colegio por no proteger a una alumna que sufría acoso racista: “Nos hemos sentido muy solas”: la Justicia ha acreditado que la hija de Sandra sufrió bullying cuando tenía entre ocho y diez años. La menor, una niña racializada, fue víctima de vejaciones y de insultos racistas durante al menos dos cursos. El Colegio Literator Sociedad Cooperativa, situado en Aranjuez (Madrid), no detectó el bullying, a pesar de las reiteradas quejas de Sandra.
-Una treintena de muertos y 85 heridos al chocar dos trenes en Grecia: este miércoles han colisionado dos trenes en Grecia, uno de pasajeros y otro de mercancías. En ellos viajaban unas 350 personas y 20 tripulantes. Tras lo sucedido, el ministro de Transportes del país ha presentado su dimisión.
-Los médicos de los hospitales se suman a la huelga de atención primaria: “Es la única forma de que nos escuchen”: la huelga de médicos y pediatras de la atención primaria madrileña ha llegado también a los hospitales. Los facultativos de estos centros del Servicio Madrileño de Salud, Sermas, han iniciado unos paros que se van a extender desde las 08.00 horas de la mañana de este miércoles a las 08.00 horas de la del viernes.
-La mujer de Pedro Sánchez denuncia a Pilar Baselga por difundir el bulo de que es transexual y vincularla al narcotráfico: Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, considera que las palabras de la difusora de bulos Pilar Baselga en un canal ultra de televisión refiriéndose a ella como “Begoño” o acusándola de estar involucrada en un caso de narcotráfico constituyen un delito de injurias y calumnias.
Así cerramos por hoy, ¡buenas noches!
El exdiputado del PSOE Odón Elorza y un grupo de alrededor de 80 militantes y simpatizantes socialistas han firmado un manifiesto en apoyo del Sáhara Occidental y contra el giro del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respecto a este territorio.
En el texto, al que piden adhesiones, proclaman su defensa de la posición adoptada por el PSOE en su programa electoral y en las resoluciones del 40º Congreso. Reclaman la importancia “de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho inalienable del pueblo saharaui a la libre determinación”.
Los firmantes del manifiesto solicitan al presidente del Gobierno que la actuación que desarrolle sea “acorde a los compromisos adoptados y a las responsabilidades que España tiene para la conclusión del proceso de descolonización del Sáhara Occidental y el ejercicio del derecho de libre determinación por el pueblo saharaui”, según señala el texto.
Además, piden al jefe del Ejecutivo que trabaje en el ámbito diplomático y en Naciones Unidas una solución pacífica del conflicto del Sáhara Occidental que sea respetuosa con la legalidad internacional y que permita al pueblo saharaui “el ejercicio derecho de libre determinación que contemple, mediante un referéndum justo e imparcial, la opción de la independencia”.
Finalmente, reclaman al Gobierno que abogue por la defensa de los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental, defienda su protección y se oponga a las violaciones de derechos cometidas, según denuncian, “en un contexto de ocupación y colonización del territorio, y de segregación de la población saharaui, provocada por Marruecos”.
Elorza, el nombre más conocido entre quienes han firmado hasta el momento, entregó su acta de diputado en el Congreso hace un mes. Llevaba más de una década ejerciendo como parlamentario y consideró que sus ideas ya no eran útiles para el partido y por tanto era mejor apartarse para evitar “desencuentros”. El pasado 2 de febrero el ya exdiputado cargó contra el rey de Marruecos Mohamed VI, al que denominó “sátrapa” y al que acusó de ofender de nuevo a España por su actitud durante la Reunión de Alto Nivel que se celebró en Rabat esa semana.
Informa EuropaPress
El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, parece tener ya claro que después del 28 de mayo el PP no va a lograr esa mayoría absoluta en las urnas con la que sueña el actual regidor, José Luis Martínez-Almeida. Evidentemente, sabe que mucho menos la tendrá Vox que en la actualidad tiene solo 4 concejales en Madrid. Pero esos cuatro ediles fueron decisivos e imprescindibles para que Almeida se hiciera en 2019 con el bastón de mando de la capital y formara con Ciudadanos un gobierno de coalición, en el que Vox no participó. Pero ahora quieren hacerse valer.
Este miércoles, después de reunirse en Cibeles con el alcalde -con el que lleva más de un año enfrentado-, para desbloquear las negociaciones para la modificación de las normas urbanísticas, Ortega Smith advertía a Almeida que tras el 28M no se va a poder zafar de Vox así como así. “Alcalde, nos vamos a tener que entender porque en las próximas elecciones ni tú ni yo, por más que nos encantaría a cada uno, vamos a tener mayoría absoluta”. “A pesar de las diferencias, quiero pensar que tras el 28 de mayo podamos formar un Gobierno que se dedique a bajar los impuestos lo máximo posible y a lograr un Madrid donde se pueda vivir tranquilo, seguro, con las calles limpias y un urbanismo que haga de Madrid un referente en el mundo entero”. Así se lo ha trasladado al alcalde el portavoz de Vox, “y creo que lo ha entendido”, ha declarado a los periodistas.
Escribe Carmen Moraga.
“Si hoy tenemos las ayudas públicas que se han desplegado, si hoy tenemos una sanidad pública que, a pesar de los muchísimos ataques y privatizaciones que está recibiendo, es una referencia todavía en el mundo es gracias a esa fiscalidad”. Son palabras de la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 que, en declaraciones a Cuatro, ha denunciado los planes de Ferrovial de trasladar su sede a Países Bajos.
Según la líder de Podemos, este es un ejemplo claro de un caso de “dumping fiscal”, por lo que ha reclamado medidas conjuntas en el seno de Europa para erradicar los “paraísos fiscales” dentro del continente y para asegurar que “los que más tienen en España pagan lo que les corresponde”, como han hecho con el impuesto extraordinario a la banca y las eléctricas.
Vox, Ciudadanos, ERC y Compromís, además del PP, han adelantado su disposición a respaldar la creación de una comisión de investigación en el Congreso sobre el caso Mediador que provocó la destitución del diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo. A ellos se podrían sumar Junts y la CUP; mientras que Unidas Podemos no lo descarta, siempre que la comisión no esté impulsada por el PP.
Ciudadanos fue el primer partido que habló de crear una comisión de investigación por esta trama, pero no logró las firmas necesarias y ha sido el PP quien ha anunciado este miércoles que la registrará. Vox ya ha confirmado que apoyará la comisión para depurar responsabilidades políticas, aunque insiste en que “la mejor forma de señalar al PSOE” es apoyando su moción de censura.
Este martes, el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, fue el primero en garantizar que su formación apoyará “cualquier iniciativa” que se ponga en marcha para investigar la trama, la presentara quien la presentara. Tras él, el portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, avanzó que su grupo votará a favor de la constitución de una comisión. A Compromís y ERC podrían sumarse los independentistas de Junts y la CUP,. Incluso Unidas Podemos asegura que no descarta la opción de respaldar la iniciativa, aunque sí se ha negado a hacerlo si el PP es promotor de la comisión.
COn información de Europa Press.
Paramos brevemente la narración de la actualidad de esta tarde para dejarte otros temas del día:
-Calviño comunica a Del Pino su rechazo al traslado de Ferrovial a Países Bajos: la vicepresidenta primera del Gobierno ha contactado con el presidente ejecutivo y máximo accionista de Ferrovial, a quien le ha trasladado el rechazo del Gobierno al cambio de sede a Países Bajos que la multinacional comunicó este martes al mercado.
-El PP pide una comisión de investigación en el Congreso sobre el 'caso Mediador': el PP ha registrado la petición de una comisión de investigación en el Congreso sobre el caso Mediador. En palabras de su portavoz en la Cámara Baja “es más necesaria que nunca una comisión de investigación para saber todo lo que pasó, hasta dónde llega en el PSOE y el grupo parlamentario”.
-El PSOE advierte a sus diputados de que expulsará a quien esté implicado en el caso Mediador: la dirección del grupo socialista manda un mensaje a sus diputados condenado la actuación de “un presunto corrupto” y ofreciendo ayuda a todos aquellos que vean vulnerado su derecho al honor.
-La Fiscalía mantiene los seis años de cárcel a Borràs y salva de entrar en prisión a su amigo tras incriminarla: la expresidenta del Parlament catalán se sigue enfrentando a seis años de cárcel y 21 de inhabilitación. La Fiscalía mantiene las conclusiones a su respecto, aunque le rebaja la pena a los otros dos acusados. El juicio ha quedado visto para sentencia.
-Los sindicatos plantean subir salarios un 4,5% este año y recuperar poder adquisitivo según el sector: UGT y CCOO han cerrado este miércoles su propuesta de subida salarial para tratar de negociar de nuevo con la patronal un gran pacto a nivel estatal. Los sindicatos mayoritarios plantearán aumentos del 5% en 2022, del 4,5% en 2023 y del 3,75% en 2024.
¡Seguimos!
La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha rechazado la comisión de investigación que pide el PP en el Congreso para esclarecer todo lo relacionado con el caso Mediador y ha calificado el movimiento de un “ejercicio de hipocresía indignante”. “El PP es el partido más corrupto de Europa, se fue del Gobierno porque un desconocido M. Rajoy estaba vinculado a casos de corrupción”, ha dicho en una entrevista en Cuatro. “Lecciones del PP, ninguna”, ha insistido.
La secretaria general de Podemos ha considerado que el caso es “aparentemente muy grave” y ha trasladado su “enorme preocupación”, por lo que ha asegurado que van a pedir “que se investigue desde el punto de vista judicial y político hasta el final”. No obstante, ha considerado que el PSOE está demostrando que es el primer interesado en dirimir responsabilidades y que debe ser el propio partido el que lo investigue. “Quien tiene que dar explicaciones es el PSOE”, ha dicho para considerar que es el bipartidismo el que permitió que durante años “reinara la omertá y la ley del silencio”.
Informa Alberto Ortiz.
El Tribunal Supremo ha decidido rechazar los incidentes de nulidad que José Antonio Griñán y otros diez condenados por los ERE de Andalucía interpusieron contra la sentencia del caso. Los jueces de la sala de lo penal, con el voto en contra de dos magistradas, inadmiten estos incidentes y en la práctica también mantienen la ejecución de las condenas de cárcel, que en muchos casos implican la entrada en prisión de los procesados.
El Tribunal Supremo hizo pública el pasado mes de septiembre la sentencia de más de 1.000 páginas con la que confirmaba la condena de seis años de cárcel impuesta a José Antonio Griñán por delitos de prevaricación y malversación de dinero público. La sentencia contó con el voto particular de dos magistradas, Ana Ferrer y Susana Polo, que apostaban porque Griñán y otros acusados no fueran condenados por malversación, el delito que acarrea pena de prisión.
Informa Alberto Pozas.
La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha criticado “el ánimo del PP” para registrar una comisión de investigación del caso Mediador . “El mismo ánimo que muestran ante estos casos me gustaría que los mostrasen con los casos vigentes hoy”, ha expresado la también portavoz de Política Territorial en referencia a los casos en los que está implicado el PP, y después de mostrar su rechazo al Mediador.
“Estos mismos que hoy registran una comisión de investigación son los mismos que antes de ayer compartían mantel con un imputado, como es el presidente del Consell de Ibiza, que comparten hoy escaño con una alcaldesa que está en los entornos de personas que están siendo imputadas por casos relacionados con el narcotráfico”, ha zanjado.
Este miércoles, la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, ha asegurado que esta comisión “es más necesaria que nunca” para “saber todo lo que pasó, hasta dónde llega en el PSOE y el grupo parlamentario”.
Las denuncias por agresiones a sanitarios aumentaron en 2022 un 7% respecto al año anterior, hasta las 241, frente a las 225 de 2021. En el cómputo global, ese crecimiento ha estado protagonizado principalmente por las amenazas verbales, mientras han disminuido las agresiones físicas, según el balance presentado este miércoles por la Policía Nacional. En él, se notifican 8.812 actuaciones, 6,188 en centros sanitarios y 6.188 en atenciones domiciliarias, y 60 detenciones.
El comisario general de seguridad ciudadana, Juan Carlos Castro, ha matizado que un aumento de las denuncias no supone necesariamente más agresiones. “Hemos tratado de erradicar la cifra negra no denunciada, por eso a veces los crecimientos y la comparativa de un año a otro hay que ponerlos en valor. Un delito no denunciado es un delito desconocido”, ha matizado. En la misma línea se ha pronunciado el interlocutor de la Policía Nacional sanitario, Manuel Yanguas, que ha destacado que “se denuncia más”.
Del total de denuncias, las agresiones físicas han representado un 42% del total. El colectivo más atacado es el de los médicos y médicas, que representan el 68% de las denuncias interpuestas, seguido por el de enfermería, con el 24%, y el de técnicos, con un 8%. A la cuenta no se añaden las agresiones vinculadas a la enfermedad del paciente o la de aquellos que, por ejemplo, acuden a urgencias bajo los efectos del alcohol o las drogas al considerarse riesgos laborales.
Por provincias, aquellas donde se han efectuado más denuncias son Málaga (32), Sevilla (23) y Alicante (16), mientras en Toledo, Soria, Valladolid, Castellón, Guadalajara y Ourense no se produjo ninguna. El balance solo recoge los datos de la Policía Nacional, por lo que no incluye las denuncias efectuadas ante la Guardia Civil, los Mossos ni la Ertzaintza.
Escribe David Noriega.