El Tribunal Constitucional se enfrenta en menos de 24 horas a una segunda decisión que puede ahondar la crisis que agrieta su propia existencia. El presidente, Pedro González-Trevijano, tiene sobre la mesa la decisión sobre cumplir su promesa de convocar un pleno para abordar el examen de idoneidad de los dos candidatos que el Gobierno propuso el pasado 29 de noviembre para renovar el tribunal. Este es un trámite preceptivo para poder formar parte del órgano de garantías. Fuentes del órgano consultadas por elDiario.es afirman que González-Trevijano todavía no ha tomado una decisión sobre cuándo convocar esa reunión y que lo hablará antes con el vicepresidente, el progresista Juan Antonio Xiol.
Tres magistrados progresistas le pidieron hace tres semanas que convocara esa sesión aludiendo a un artículo del reglamento que establece que “el presidente convocará el pleno por propia iniciativa y cuando lo pidan, al menos, tres magistrados”. Pero González-Trevijano no lo hizo de inmediato, amparándose en que es potestad del presidente elegir la fecha siempre que sea dentro de un plazo “razonable”. Esgrimió que había que dar una oportunidad al Poder Judicial de nombrar a sus dos candidatos, después de que los vocales conservadores llevaran semanas boicoteándolos bajo diferentes pretextos.
El órgano de gobierno de los jueces se reunió finalmente este martes para abordar esos nombramientos. Y, como era previsible, no hubo acuerdo para sacarlos adelante. Los consejeros elegidos a propuesta del PP fracasaron en su intento de aupar al Constitucional a sus dos candidatos y confirmaron el veto al aspirante de los progresistas. Ningún magistrado obtuvo los 11 votos necesarios. La negociación entre ambos bloques está rota por ese veto de los conservadores. Y la suspensión de la reforma que rebaja las mayorías para hacer estas designaciones aleja toda posibilidad de que puedan realizarse a corto plazo.
Se da la paradoja, por tanto, de que la renovación del Constitucional está ahora en manos de su presidente, que es uno de los seis magistrados que votó a favor de suspender esa reforma, que además le afecta directamente. Fue nombrado en su día por el Gobierno de Mariano Rajoy y tiene su mandato caducado, por lo que saldrá del tribunal cuando entren los dos candidatos elegidos por el actual Ejecutivo: el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la ex directora general en la Moncloa Laura Díez.
Tres magistrados progresistas —Cándido Conde-Pumpido, Inmaculada Montalbán y Ramón Sáez— solicitaron “verbalmente” en ese pleno del 30 de noviembre que se convocara con carácter inmediato una sesión extraordinaria para llevar a cabo el examen de idoneidad de estos candidatos. Pero González-Trevijano rechazó su petición. Aunque no hubo una votación como tal, sí “pulsó” la opinión de los miembros del pleno. Los otros ocho magistrados —seis conservadores y dos progresistas— no respaldaron la convocatoria inmediata. Y González-Trevijano se comprometió a convocar esa reunión una vez que el CGPJ abordara en un pleno esos nombramientos.
Eso iba a ocurrir inicialmente en el pleno ordinario del 22 de diciembre. Si bien la convocatoria finalmente se adelantó a petición de los vocales conservadores del CGPJ, que tras semanas de bloqueo forzaron un pleno para intentar abordar esos nombramientos antes de que entrara en vigor la ahora fallida reforma legal del Gobierno.
El examen de idoneidad consiste en verificar si los nombres propuestos por el Gobierno cumplen con los requisitos exigidos por la ley, pues la legislación actual atribuye a los magistrados salientes la competencia de validar el nombramiento de los nuevos. Este es precisamente otro de los preceptos que pretendía suprimir el Gobierno con su reforma.
Es un trámite que habitualmente era pacífico y automático. Pero bajo el que ahora subyace otro asunto: la posición mayoritaria del sector conservador, cuyos miembros consideran que el tribunal no debería dar el plácet a los dos magistrados que ha elegido el Gobierno si no llegan acompañados de los otros dos que tiene que elegir el CGPJ. Y, a la vista del último pleno, no parece que eso vaya a ocurrir a corto plazo.
Hasta que no haya renovación, los conservadores son mayoría también en el Constitucional. Tienen seis miembros y los progresistas cinco. De imponerse esta postura, el tribunal de garantías seguiría de forma indefinida con una composición de mayoría conservadora que no se corresponde con la que salió de las urnas.
La renovación que intentó llevar a cabo el Gobierno sin esperar al CGPJ tendrá como consecuencia, si se lleva a cabo, la inversión de las proporciones dentro del pleno del tribunal de garantías. La salida de dos magistrados conservadores como el citado González-Trevijano y Antonio Narváez para dar entrada a dos de perfil progresista, Juan Carlos Campo y Laura Díez, desembocará en una mayoría progresista que el Constitucional no conoce desde hace más de una década.
Todo esto mientras este órgano tiene pendientes de resolución algunos de los asuntos de mayor relevancia pública de los últimos años y debe decidir sobre algunas de las leyes más importantes de esta legislatura. Entre ellas, está el recurso que el PP interpuso contra la ley del aborto hace más de diez años o los recursos de la oposición contra la ley de eutanasia, la reforma educativa o la que impide al CGPJ hacer nombramientos cuando, como ahora, está en funciones. También están pendientes de resolución asuntos como la polémica retirada del escaño al exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez o la votación errónea de Alberto Casero que posibilitó la aprobación de la reforma laboral.
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