Julio Pacheco y Rosa María García se convirtieron el pasado mes de septiembre en los primeros represaliados del franquismo en poder explicarse delante de un juez. Los dos comparecieron durante hora y media para explicar que Pacheco fue detenido en 1975 y torturado a manos de varios policías de la Brigada Político-Social en los bajos de la Puerta del Sol. Después de varios meses, la jueza ha emitido una providencia con la que da traslado a la querella a los cuatro agentes acusados, entre ellos el comisario José Manuel Villarejo, y pone encima de la mesa la circunstancia que suele llevarse por delante este tipo de investigaciones: pregunta a las partes si debe archivar el caso por prescripción de los hechos.
La providencia del juzgado número 50 de Madrid, a la que ha tenido acceso elDiario.es, da diez días a las partes, incluida la Fiscalía, para que hagan alegaciones sobre un aspecto concreto: “Posible prescripción del delito imputado”. Es decir, si las acusaciones contra estos policías identificados en la querella con nombres y apellidos han llegado demasiado tarde y ya no es posible investigar unas torturas cometidas, según la acusación, en 1975.
Además del comisario jubilado Villarejo, la querella identifica a otros tres policías, Álvaro Valdemoro, José Luis Montero Muñoz y José María González Reglero, todos exmiembros de la llamada policía de Franco. La providencia llega después de que el pasado 15 de septiembre Pacheco se convirtiera en el primer represaliado del franquismo en ser escuchado por la justicia española y es un paso más dentro en el marco de la causa penal, la única abierta en España actualmente por crímenes cometidos durante el franquismo.
“Es empezar a romper el muro de silencio e impunidad”, aseguró Pacheco tras haber declarado ante la jueza para contar lo que ocurrió en 1975. Su pareja, Rosa María García, también declaró como testigo. Era el segundo intento después de que en julio la declaración fuera suspendida de forma imprevista.
Pacheco fue militante de la Federación Universitaria Democrática Española (FUDE), que se adhirió en los 70 al FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota) y acabó siendo su responsable político en Madrid, donde fue detenido en agosto de 1975. Durante siete días, estuvo encerrado en la Dirección General de Seguridad de la Puerta del Sol, hoy sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid, donde asegura haber sufrido las torturas que denuncia a manos de varios policías de la Brigada Político-Social.
Junto a él y otros militantes del FRAP, fue detenida la que entonces era su novia, hoy su mujer, Rosa María García; él con 19 años y ella con 18. Ella también presentó una querella por torturas contra el policía Antonio González Pacheco, apodado 'Billy el Niño', pero fue archivada poco después.
Este es, de hecho, el modus operandi que suelen seguir estos procesos: o bien no ser admitidas a trámite o hacerlo pero ser archivadas automáticamente, lo que ha dado lugar a un contexto de impunidad de los crímenes franquistas perpetrados durante 40 años y por los que nadie ha sido juzgado, a pesar de las llamadas de atención de Naciones Unidas. Hasta ahora, la única causa penal abierta que se seguía en el mundo por estos hechos era la llamada Querella Argentina, instruída por la jueza María Servini.