Unidas Podemos trata de mover ficha después de la decisión del PSOE de presentar en solitario y sin acuerdo su proposición para reformar la ley del ‘solo sí es sí’ en el Congreso. El espacio confederal dice confiar en un acuerdo con su socio de coalición pero ha comenzado a contactar a los apoyos habituales del Gobierno para sondear sus posiciones y dibujar, en caso de que no alcanzar un consenso, una foto final que retrate a los socialistas sumando sus votos en el Pleno a los del Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo.
Después de una semana de intensas negociaciones para reformar la ley insignia del Ministerio de Igualdad, ante las casi 400 revisiones de condena a agresores que han aplicado los juzgados, el PSOE presentó este lunes por la mañana una proposición que mantiene las horquillas actuales pero añade una gradación más alta en los supuestos en los que existe violencia, intimidación o anulación de la voluntad. Una propuesta que el Ministerio de Igualdad ha rechazado de forma reiterada estos días porque considera que supone sacar del centro de la ley el consentimiento, algo que rechazan los socialistas.
En la formación que dirige Ione Belarra afirman que han conocido la decisión del PSOE de acabar con las negociaciones en la mañana del lunes por la prensa. “No sabíamos nada”, aseguran. En público, la portavoz del partido, María Teresa Pérez, afirmó que buscarán “proteger el modelo del consentimiento” en la tramitación parlamentaria y “donde haga falta”. Esas declaraciones se sucedieron en paralelo a las llamadas que algunos diputados ya estaban haciendo a los grupos que conforman el llamado bloque de investidura.
La idea que baraja Unidas Podemos si fracasan definitivamente las negociaciones es tratar de amarrar los apoyos de EH Bildu, Esquerra Republicana, el Partido Nacionalista Vasco o Más País y Compromís para que voten en contra de la propuesta del PSOE y tratar de armar una propuesta alternativa a través de enmiendas o para conformar un texto propio que obligase a los socialistas a buscar como único apoyo posible la bancada del Partido Popular. Ese escenario está todavía lejano, reconocen fuentes del partido, pero los canales de comunicación ya están abiertos.
Hasta ahora, la mayoría de los socios han sido unánimes sobre la necesidad de una reforma, pero mucho más ambiguos a la hora de sostener si votarían a favor del papel concreto que tienen ahora sobre la mesa con la firma del PSOE. El más claro ha sido EH Bildu, que se ha mantenido en las posiciones de Igualdad durante todo este debate. Este domingo, de hecho, algunos de sus diputados estuvieron en el acto de Podemos para defender la ley. Fuentes del grupo parlamentario sostienen que analizarán la propuesta “con detenimiento” pero advierten de que toda modificación debe contar con el visto bueno de Igualdad.
Es una posición parecida a la que sostiene Esquerra Republicana. La portavoz republicana, Marta Vilalta, avisó este lunes en rueda de prensa de que su formación ve la reforma socialista “demasiado laxa en el consentimiento”. “En ningún caso se puede eliminar el consentimiento que se introdujo en la ley. Es un tema nuclear. Si no, se vuelve a poner el foco en las víctimas”, dijo. Fuentes del grupo parlamentario republicano afirman que siempre se han mostrado dispuestos a ayudar para buscar una solución a los errores de la ley que reconocen y de los que, recuerdan, ya avisaron durante su tramitación.
El PNV, sin embargo, pide esperar hasta haber evaluado el texto. El portavoz de la formación, Aitor Esteban, defiende que es normal ajustar la ley para que no “dé margen a interpretaciones diversas por parte de los tribunales”, pero también que se debe mantener la centralidad del consentimiento en la nueva redacción. “Sería bueno, como señalan muchos penalistas, saber cómo se va aplicando la ley a los nuevos casos”, añadió. Tampoco Compromís quiere adelantar el sentido del voto sobre la proposición del PSOE porque considera que todavía hay margen para un acuerdo con UP que pueda extenderse también al resto del bloque de la investidura.
El PSOE quita hierro a sacar la reforma con el PP
Mientas, en el PSOE reconocen abiertamente que lo que menos les preocupa a estas alturas es de dónde le vengan los apoyos parlamentarios para sacar adelante su reforma y le quitan hierro a la posibilidad de aprobarla con los votos del PP, el escenario más previsible en este momento. De hecho, en la Moncloa no se alberga esperanza alguna de que sean reconducibles las negociaciones con Unidas Podemos pero quieren frenar cuanto antes una polémica que está desgastando al Gobierno y que amenaza con alargarse durante el año electoral.
Ya desde la semana pasada existía el convencimiento de que las posturas inamovibles de ambas partes conducían las conversaciones a un callejón sin salida. El viernes se produjo el último intercambio de propuestas entre Justicia e Igualdad y, como no hubo avances, el PSOE decidió desistir y presentar la proposición de ley este lunes al margen de sus socios.
La orden del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al grupo parlamentario socialista, al que reunirá este martes en el Congreso, es tajante: zanjar en el menor tiempo posible la crisis política derivada de la aplicación de la ley del ‘solo sí es sí’ por las rebajas de condenas a cientos de agresores sexuales, un problema identificado en Ferraz como un auténtico “agujero negro” de cara a su propio electorado. “La subida de penas es una decisión política y en eso hay que tener valentía, determinación y hacer lo que se tiene que hacer”, aseguró este lunes la ministra de Justicia, Pilar Llop, en conversación informal con periodistas.
El PSOE, por el momento, se afana en evitar el choque frontal en público con su socio de coalición, pese a que puertas adentro el malestar sea muy profundo. “Nosotros construimos leyes, no relatos. Los jueces aplican leyes, no relatos. Y lo que cambia la vida de la gente son las leyes, no los relatos”, dijo en esa misma conversación ante los medios Pilar Llop en clara referencia al Ministerio de Igualdad y a las dirigentes de Podemos.
Desde el Ministerio de Justicia se defiende la propuesta de reforma registrada este lunes con el argumento de que retoca una “parte mínima de la ley” tras observar que se ha producido una “situación grave” porque no ha respondido a las expectativas en sus aspectos punitivos. Según el departamento de Llop, las rebajas de penas “no han sido socialmente aceptadas” y eso, apuntan, afecta directamente a las vidas de las víctimas y de las personas que las rodean.
La discrepancia entre Justicia e Igualdad se mantiene
El centro de la discrepancia entre Justicia e Igualdad no ha variado en las semanas que han durado las negociaciones. Ambos equipos disienten sobre la fórmula técnica a emplear para aumentar las penas y evitar, a futuro, condenas más bajas de las que se hubiesen impuesto con el antiguo Código Penal. Mientras, Justicia ve imprescindible introducir de nuevo la evaluación de la violencia y la intimidación a la hora de graduar las penas, Igualdad rechaza esa fórmula al considerar que son conceptos que suponen modificar el corazón de la ley por afectar, en su opinión, a la base del consentimiento.
La proposición que este lunes ha registrado el PSOE mantiene las horquillas actuales (más bajas que antes del ‘sí es sí’) en el tipo general. Y añade en cada artículo una gradación más alta (similar a la de la legislación anterior) para los supuestos en los que existe violencia, intimidación o anulación de la voluntad. Así, el tipo básico de agresión sexual mantiene la pena de uno a cuatro años, pero recupera la horquilla de uno a cinco años (que es la que había en el antiguo Código Penal) cuando la agresión se comete empleando las citadas circunstancias. El mismo esquema se sigue para el resto de artículos que castigan los delitos sexuales, como la violaciones o las agresiones en las que concurren circunstancias agravantes, o se actúa en grupo.
El Ministerio de Igualdad insistía este lunes en que durante estas semanas han hecho seis propuestas distintas y que en ellas contemplaban la subida de penas sin necesidad de tocar el consentimiento ni de añadir violencia e intimidación como parte de un subtipo de la agresión sexual. El departamento de Irene Montero subraya que estas propuestas aunarían los objetivos de los dos socios de Gobierno -subir penas pero no tocar el modelo consagrado en la norma- y no entiende por qué entonces el PSOE ha optado por otro texto.
La propuesta de Igualdad es que la intimidación y la violencia sean un agravante más de la lista que ya contempla el artículo 180 del Código Penal. De esta manera, defienden, no se altera el concepto de agresión sexual ni de consentimiento ni se crean, de facto, dos tipos de agresiones sexuales -una básica y una con intimidación y violencia-. La ausencia de consentimiento determinaría la existencia de agresión sexual -penada con la horquilla de uno a cuatro años de cárcel- y la existencia de penetración y/o de agravantes determinaría un incremento de las penas.
En Justicia afirman que la propuesta del departamento de Montero es inasumible. Por un lado, defienden que dar el mismo valor a la violencia que a la violencia extrema desvirtúa el Convenio de Estambul, que exige incluir la violencia extrema como elemento que justifica condenas más altas. Y, por otro, consideran que daría lugar a condenas desproporcionadas, lo que choca con el mensaje de que no es una ley punitivista. Por ejemplo, en el tipo básico, la horquilla de penas habría pasado de uno a cuatro años a dos a ocho años.
En la exposición de motivos de la reforma, los socialistas insisten en que su texto “respeta” el modelo “centrado en el consentimiento”, al que se refieren como el “corazón de la norma”, pero defienden que hay que blindarlo “en favor de las víctimas”. Fuentes del Ministerio de Justicia concretan que su reforma sigue el modelo sueco que contempla tanto el consentimiento, como un subtipo agravado reservado para los casos en los que existe violencia, intimidación o anulación de la voluntad. No se trata de “circunstancias agravantes que rodean el delito, sino que (...) están en la conducta misma”, dice a este respecto la iniciativa presentada por el PSOE.
Pese al intercmbio de propuestas no ha sido posible un acuerdo global, pero durante la negociación ambas partes sí habían mostrado su disposición a retocar aspectos colaterales de la norma que los socialistas han acabado recogiendo en su iniciativa. Por ejemplo, el texto amplía la actual agravante de parentesco a cualquier “situación o relación de convivencia o de parentesco o de una relación de superioridad con respecto a la víctima”. Igualdad había propuesto modificar la regulación actual, que deja fuera a otros parientes de las víctimas como tíos o primos, cuando la Macroencuesta de Violencia sobre la mujer de 2019 afirma que el 22% de los agresores estaba en el ámbito familiar. La proposición socialista también incluye algunos ajustes en la responsabilidad penal de los menores después de que Justicia observara que, en algunos casos, las penas que se imponían a los menores por hechos similares eran más altas que las de los mayores de edad, lo que podría derivar en un problema de posible inconstitucionalidad.
Otro de los puntos en los que había acuerdo entre las partes —y que el PSOE ha registrado en su propuesta— es la eliminación de una frase del artículo 180 del Código Penal que regula los agravantes. En la redacción actual puede leerse: “Las anteriores conductas serán castigadas con la pena de prisión de dos a ocho años para las agresiones del artículo 178.1 y de siete a quince años para las del artículo 179 cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias, salvo que las mismas hayan sido tomadas en consideración para determinar que concurren los elementos de los delitos tipificados en los artículos 178 o 179”. Ese “salvo cuando concurran” sería ahora eliminado, puesto que hay evidencias que muestran que algunos jueces estarían dejando de aplicar agravantes porque, amparándose en esa frase, entienden que ya han tenido en cuenta esas circunstancias para tipificar el delito en sí y, por tanto, entienden que no pueden volver a tenerlas en cuenta como agravante.
Por otro lado, la propuesta de Justicia recogida en la proposición del PSOE contempla esta vez una disposición transitoria específica sobre las revisiones de condenas, algo que no se incluyó en la norma impulsada por Igualdad. Algunos juristas consideraron un error técnico que no se introdujera esta salvaguarda en la ley del ‘sólo sí es sí’, lo que obligaba a revisar algunas sentencias a la baja, aunque no todas las que se están llevando a cabo. Ahora, la proposición de los socialistas establece que se aplicará al reo “la disposición más favorable considerada taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial”. Y añade que en caso de condenas de prisión “no se considerará más favorable esta ley orgánica cuando la duración de la pena anterior impuesta al hecho con sus circunstancias sea también imponible con arreglo a esta reforma del Código Penal”.
Desde Igualdad advierten, sin embargo, que, tal y como está colocada esta disposición, puede dar lugar a nuevas revisiones de penas a la baja. Su tesis es que los tribunales que hasta el momento no han revisado sentencias porque entendían que sí estaba en vigor la disposición transitoria del Código Penal de 1995 podrían entender que si el legislador la incluye ahora está dando a entender que, cuando entró en vigor la norma, no estaba funcionando la disposición, lo que abriría la puerta a revisar ahora esos casos.