La aprobación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021 supone un gran alivio para el Gobierno de coalición. Tras meses de intensas negociaciones entre el PSOE y Unidas Podemos, con el ya habitual esprint final hasta el filo de la medianoche del último día, el Consejo de Ministros dio luz verde a unas cuentas que ahora deben pasar el filtro del Congreso, lo que derivará en previsibles rifirrafes dentro del Ejecutivo a cuenta de los socios que buscarán para su aprobación. Si en las filas socialistas apuestan por contar con los diez diputados de Ciudadanos para ofrecer una imagen de apoyo amplio y transversalidad política, en Unidas Podemos empujan para dejar fuera del acuerdo presupuestario a los de Inés Arrimadas ante el riesgo de que rebaje los avances sociales incluidos.
El mensaje lo dejó claro el portavoz del grupo confederal en el Congreso, Pablo Echenique, durante el debate del nuevo estado de alarma planteado por el Gobierno, quien recordó las críticas de Ciudadanos al proyecto presupuestario por elevar el gasto público. “El otro día el señor Edmundo Bal [portavoz adjunto de Ciudadanos] quiso descalificar [el proyecto] como una terrible práctica socialcomunista llamándolo 'gasto, gasto, gasto'. Exactamente, señor Bal. Exactamente eso es lo que trae el proyecto de Presupuestos que el Gobierno de Coalición aprobó este martes y que ahora ustedes dicen que ven con buenos ojos”.
En Unidas Podemos temen que este cambio de Ciudadanos tenga como intención corregir en parte las cuentas de 2021 pactadas con el PSOE, así como una de las medidas acordadas a última hora y que con más fuerza defienden los de Pablo Iglesias: la regulación del mercado del alquiler. Una ley que debería estar lista en enero y que los de Arrimadas critican duramente.
La idea ya la había expresado el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, en una entrevista en la Cadena Ser el pasado martes, cuando calificó los Presupuestos como “progresistas y lejos de la austeridad y los recortes”, e ironizó sobre la posición de Arrimadas: “Si Ciudadanos se hace de izquierdas, bienvenidos”. En Unidas Podemos no parece que vayan a aceptar que se toquen partidas que hagan menos social el proyecto
Pero tienen también el temor de que Ciudadanos intente aprovechar la tramitación de los Presupuestos para alejarse de sus alianzas con el PP y, sobre todo, con Vox, imprescindible para sostener los Gobiernos de Madrid, Murcia o Andalucía. “PP y Ciudadanos están encerrados por la ultraderecha en la Plaza de Colón”, dijo Echenique en el debate del jueves. Y añadió: “El señor Casado y la señora Arrimadas pueden reivindicar el centro y los consensos de la Transición, pero votan junto a la ultraderecha retirar a martillazos la placa de Largo Caballero, presidente democrático de España y víctima del nazismo. Están atrapados por VOX y los motivos son fáciles de entender”. Echenique aseguró que Arrimadas busca “desesperadamente” de “escapar del mordisco de Vox”, para insistir: “Vox los tiene encerrados en la Plaza de Colón y de allí sólo sale una cosa: el '¡a por ellos!'. El a por nosotros”.
La idea también la había sacado a relucir Iglesias el miércoles en la sesión de control al Gobierno, cuando aseguró: “Aunque los aliados de Vox se vistan de seda, aliados de Vox se quedan”. De fondo, el temor a que Ciudadanos pueda engordar electoralmente y ofrecer así al PSOE una opción de gobernabilidad por la derecha, como ya ocurrió en 2016. Entonces, Pedro Sánchez optó por pactar un programa con el por entonces líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que en Unidas Podemos consideran absolutamente incompatible con ellos.
Para eso, Arrimadas tiene que salir de la foto de Colón, creen en Unidas Podemos. Y no van a ser ellos los que le abran la puerta. En su respuesta la líder de Ciudadanos dijo que era normal que Echenique estuviera “enfadado” porque, señaló, Unidas Podemos había prometido derogar la reforma laboral del PP, aplicar un 21% de IVA a la educación concertada y elevar al 15% el tipo efectivo mínimo al que tributarían las grandes empresas. Ciudadanos se ha arrogado que el Gobierno haya retirado estas medidas, aunque la subida del IVA a educación y sanidad privadas no fueron planteadas por Unidas Podemos ni confirmadas por el Gobierno como parte del plan presupuestario, y la derogación de parte de la reforma laboral forma parte del plan normativo aprobado por el Ejecutivo hace menos de dos meses.
Ciudadanos, que ha anunciado que votará a favor de la tramitación del proyecto en el Congreso, también ha dicho ser el promotor de que el Gobierno haya decidido revisar el alza del impuesto al diésel que recogen los Presupuestos. Pero la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dijo en otra entrevista que, de momento, no ha negociado nada con Ciudadanos, aunque sí mostró su voluntad de “sentarse con ellos, al igual que con todos los partidos, una vez se superen las enmiendas a la totalidad”. La revisión de ese impuesto se debe a la presión del PNV.
Una pelea antigua en el Gobierno
La pugna no es nueva y ha protagonizado algunos de los momentos más complicados en el seno de la coalición. Antes del verano la decisión tomada en La Moncloa era atraer a Ciudadanos al acuerdo. Desde el PSOE se justificaban en la poca confianza que tenían por entonces en ERC. El recuerdo de la enmienda a la totalidad de 2019, que hizo caer al primer Gobierno de Pedro Sánchez, y el frente judicial abierto a diferentes niveles hacía impredecible prever el sentido del voto de los 13 diputados republicanos en Madrid.
La idea la afianzó el inesperado apoyo que el Gobierno encontró en Arrimadas para las difíciles votaciones de las prórrogas del estado de alarma durante el verano. En Moncloa llegaron a pensar en centrarse en Ciudadanos para la negociación presupuestaria en vista de la por entonces dudosa posición de ERC cuando dejó de apoyar las medidas de excepción. Durante semanas, el mensaje desde en una parte del ala socialista del Gobierno era unívoco en ese sentido, pero la presión pública de Unidas Podemos y de algunos dirigentes socialistas puertas adentro abortó la operación. Tras una reunión del Consejo de Coordinación de Podemos, sus dos portavoces lanzaron un mensaje claro a sus socios de Gobierno: con Ciudadanos, no.
La negativa de Unidas Podemos a romper el bloque de la investidura y el empuje interno de una parte del PSOE en la que se encuentra la número dos y portavoz parlamentaria, Adriana Lastra, hizo que se mantuviera la primacía de los socios que apoyaron la coalición. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, pactaron una fórmula que todavía está vigente: primero, el acuerdo de los socios del Ejecutivo; y después, por orden, los grupos que apoyaron la investidura, los que se abstuvieron y los que, como Ciudadanos, votaron no.
No obstante, la intención de la parte socialista del Gobierno, en este caso pilotada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es intentar sacar adelante las cuentas con el mayor respaldo parlamentario posible. A Sánchez, llegar a acuerdos con Arrimadas le sirve como contrapeso frente a quienes lo sitúan en la izquierda radical. Así, han vuelto los llamamientos al abandono de los “vetos cruzados”. “Estaré encantada de negociar con todos los partidos”, expresó Montero en una entrevista en la Ser este jueves. Y avisó a Unidas Podemos de que necesitan votos: “Lo importante es que ambas formaciones sabemos que tenemos que llegar a acuerdos con otras formaciones políticas porque no tenemos mayoría absoluta”.
La distinta sensibilidad dentro del PSOE respecto a Ciudadanos quedó patente, en cambio, durante el debate del estado de alarma cuando la portavoz socialista dejó claro que con quien había negociado la prórroga y de quien había aceptado la propuesta de que Sánchez acuda al Congreso cada dos meses fue con ERC después de que Arrimadas se arrogara ese éxito.
“No pretende esta portavoz frustrar las alegrías de algunos grupos o el ego de alguna portavoz que ha salido a la tribuna, pero antes siquiera de que algunos grupos plantearan su malestar con el decreto de alarma aprobado el domingo ERC y el Grupo Socialista estábamos ya negociando la enmienda que vamos a apoyar de ERC”, expresó. Otros diputados, como Iñigo Errejón, también se habían jactado de forzar al Gobierno a ceder en la rendición de cuentas. “Unos trabajamos mucho para que otros al final parezca que se llevan el mérito. Esto es una cosa de ERC y el Grupo Socialista”, dejó claro Lastra, que tiene buena relación con Gabriel Rufián y con quien se encarga de engrasar las difíciles negociaciones entre ambas formaciones.