El decreto que prohibirá los desahucios a personas vulnerables que aprobará este martes el Consejo de Ministros incluirá la prohibición del corte de los suministros básico: luz, agua y gas. Unidas Podemos logra así que el Gobierno acepte una medida que la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, quería limitar al servicio eléctrico. La medida ha sido anunciada esta tarde por la propia Ribera en un acto organizado por la patronal Foment en Barcelona. Fuentes de Unidas Podemos han confirmado a elDiario.es. que el veto a los cortes “aplicará no sólo a los titulares del contrato sino a aquellas personas que no puedan acreditarlo pero que reúnan dichas condiciones, pudiendo acreditar dicha circunstancia por medio de los servicios sociales o los mediadores sociales”.
Las negociaciones entre los socios de Gobierno para el doble contenido del real decreto muestran las diferencias que hay en el seno del Ejecutivo de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos. El texto que aprobará el Consejo de Ministros este martes recoge una reivindicación que los de Pablo Iglesias arrastran desde el pasado mes de septiembre, cuando se renegoció el llamado “escudo social”, retirado en verano y que se tuvo que levantar de nuevo en otoño ante el aumento de la incidencia de la pandemia y la crisis económica y social que ha provocado.
Fuera del decreto de septiembre quedaron dos medidas que sí se habían contemplado durante el primer estado de alarma. La prohibición de los desahucios para aquellas personas que demuestren vulnerabilidad y que no tengan otra vivienda digna en la que vivir. Tras varios meses el aumento considerable del número de lanzamientos llegó a los medios de comunicación y la parte socialista del Gobierno se abrió a una negociación. Las conversaciones entre la Vicepresidencia Social de Iglesias y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que dirige José Luis Ábalos han sido complejas y, finalmente, Unidas Podemos tuvo que aceptar la exigencia del PSOE para que el decreto incluya una compensación económica para los propietarios de más de 10 viviendas que puedan demostrar lucro cesante en el trámite en el que los servicios sociales busca una nueva vivienda a las personas que vayan a ser desahuciadas.
Pero cuando una negociación se cerró, se abrió la otra. Desde Unidas Podemos comenzó la presión pública ante las reticencias del PSOE a incluir la prohibición del corte de suministros más allá de los hogares que ya perciben el llamado bono social. Pero el grupo de Iglesias quería, como en el caso de los desahucios, ampliar la medida a todas las personas vulnerables, ya sea por causa de la Covid-19 o previa. “En pleno invierno no podemos hablar de una vivienda digna si no garantizamos también los suministros de agua, luz y gas que permitan a las familias calentar las casas, ducharse con agua caliente o cocinar”, aseguró la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, principal negociadora en ambas medidas, el pasado martes.
La reacción del Ministerio de Transición Energética no se hizo esperar. El departamento que dirige la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, informó de su propuesta de prohibir solo los cortes de luz.
Una semana después, y tras diferentes reuniones y comunicaciones con representantes de empresas, ayuntamientos y empresas del tercer sector, con quienes se vio el viernes de la semana pasada, el ministerio de Ribera ha accedido a la medida. Así, la presión pública de Unidas Podemos, que tuvo el respaldo de buena parte de los socios parlamentarios del Gobierno de coalición y de varias organizaciones sociales, ha surtido efecto y este martes “se prohíben durante el estado de alarma los cortes de suministros de luz, agua y gas natural; para consumidores vulnerables, vulnerables severos o en riesgo de exclusión social, informan desde el partido de Iglesias.
Desde el sector socialista del Gobierno, no obstante, esta presión pública no gusta demasiado. La semana pasada el presidente del del Gobierno, Pedro Sánchez, lanzó diferentes guiños a las ministras cuestionadas por el socio minoritario de la coalición, especialmente a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. El giro estratégico del PSOE entraba dentro de las inquietudes de los de Iglesias, quienes confían no obstante en Sobre el tablero las siguientes batallas ya están en marcha: subida del SMI, reforma laboral y reforma de las pensiones.