Los grupos parlamentarios de Unidas Podemos, ERC y EH Bildu han anunciado este martes una enmienda al proyecto de Presupuestos que se tramita en el Congreso para que se amplíe la moratoria contra los desahucios sin alternativa habitacional y la prohibición del corte de suministros básicos en los hogares al menos mientras dure el estado de alarma, según han anunciado en una rueda representantes de cada partido.
El presidente del grupo de Unidas Podemos y cabeza de lista de En Comú Podem, Jaume Asens, ha asegurado que la idea es “expandir” la moratoria aprobada en marzo “a todos los desahucios que afecten a personas en situación de vulnerabilidad”. Asens ha recordado que “hasta ahora” se suspendían los lanzamientos que derivaban de la situación provocada por la COVID-19. “Ahora queremos ir más allá”, ha dicho, para ampliarlo a cualquier persona vulnerable, independientemente de que esa circunstancia se haya provocado por la pandemia o viniera de antes. “La voluntad es extenderlo hasta diciembre de 2022”, ha asegurado Asens.
Preguntado por la existencia de desahucios pese a la presencia de Unidas Podemos en el Gobierno, Asens ha mostrado su “malestar” y ha dicho que es “una situación dramática”. “Lo que queremos es que cesen esos desahucios hasta diciembre de 2022”, ha insistido.
El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha dicho por su parte que en la foto de este martes “falta un actor importantísimo, espero que de momento, el PSOE. A partir de ya, estos se nos venderán como los Presupuestos más sociales. Y en parte es cierto”, ha dicho. Para insistir: “Estaría muy bien que estuviera el PSOE para que no se eche a la gente a patadas de sus viviendas”.
Precisamente sobre la ausencia del PSOE se ha pronunciado Asens a preguntas de los periodistas. “Hemos hablado con ellos y entienden que se presente la enmienda”, ha dicho, para concluir: “Esperamos que durante el trámite parlamentario podremos lograr su concurso. Ahora no ha sido posible, pero el PSOE comparte la preocupación que tenemos”.
Preguntada por el asunto, la ministra de Hacienda y portavoz, María Jesús Montero, ha asegurado que desconoce el texto de la enmienda pero ha deslizado que ya negoció lo suficiente con el socio minoritario de la coalición durante el proceso de elaboración del proyecto presupuestario: “Nuestras cuentas públicas han tenido un debate muy profundo con estas formaciones. El objetivo es atender a las pretensiones que tienen el resto de grupos parlamentarios”.
La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha aprovechado para recordar las medidas que ya se han puesto en marcha en materia de vivienda y ha pedido a esos grupos, incluido el de Pablo Iglesias, “que no deberían mezclarse las cosas”. “Este Gobierno tiene un enorme compromiso con la política de vivienda y de garantizar el acceso a la vivienda”, ha expresado Calviño antes de enumerar algunas de las iniciativas, como la reforma de la ley de crédito hipotecario, la reforma de “la normativa de arrendamientos para reforzar la posición de los inquilinos” o los cambios relativos a las viviendas turísticas o las medidas extraordinarias para impedir los desahucios de personas vulnerables que estará vigente hasta el 31 de enero, entre otras. Además de recordar que el departamento que dirige José Luis Ábalos está trabajando en una ley de vivienda, ha sentenciado que “el Gobierno ha trabajado de manera decidida para evitar el desahucio de inquilinos sin alternativa habitacional”.
No obstante, Unidas Podemos, ERC y EH Bildu pretenden aumentar así la presión contra la parte socialista del Gobierno de coalición, reacia a modificar el real decreto que planteó en marzo una moratoria de los desahucios y que, a juicio de los partidos que proponen la enmienda, no ha obtenido el resultado deseado. También lo han denunciado así en las últimas semanas diferentes organizaciones sociales como la PAH, Stop Desahucios o el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, después de un mediático desahucio que se produjo en Madrid y que sorprendió incluso al ministro del ramo, José Luis Ábalos, quien dijo que en teoría ese tipo de lanzamientos estaban “prohibidos”.
A principios de mes, Iglesias ya planteó a Ábalos y a la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, una propuesta para aprobar una moratoria a los lanzamientos sin alternativa habitacional para los impagos hipotecarios y para los alquileres siempre que el dueño del piso no sea una persona en situación vulnerable. El plan de Unidas Podemos también recoge la prohibición del corte de los suministros básicos en los hogares. Es decir, agua, gas y electricidad.
Ahora, Unidas Podemos suma a ERC y a EH Bildu para intentar que se apruebe la moratoria durante el trámite parlamentario de los Presupuestos, que se resolverá antes de finalizar 2020. En el texto de la enmienda, al que ha tenido acceso elDiario.es, se plantea que ante un desahucio “a) por impago de rentas, b) por expiración del contrato de arrendamiento, en ambos casos salvo que el propietario esté incurso en un supuesto de vulnerabilidad, y, en el caso de que el propietario de la vivienda sea una persona jurídica o un gran tenedor de viviendas, c) por precario, d) para hacer efectivos derechos reales inscritos, regulados en el artículo 250 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, o e) derivado de los procedimientos penales relativos al uso de inmuebles sin título regulado en el artículo 245.2 del Código Penal” si la persona que se encuentra en posesión de la vivienda acredita “que carece de una alternativa habitacional para sí y para las personas con las que conviva” se producirá “una suspensión extraordinaria del acto de lanzamiento hasta, al menos, el fin del estado de alarma”.
Además, añade el texto, “excepcionalmente, hasta el 31 de diciembre de 2022, no podrá suspenderse el suministro de energía eléctrica, productos derivados del petróleo, incluidos los gases manufacturados y los gases licuados del petróleo, gas natural y agua a los consumidores personas físicas en su vivienda habitual, por motivos distintos a la seguridad del suministro, de las personas y de las instalaciones”.