La tensión ha ido subiendo en el seno de la coalición a medida que se acerca la fecha para aprobar el nuevo decreto con el que enfrentar la crisis que deja la guerra en Ucrania, ya que el que está en vigor caduca el 30 de junio. Cuando Pedro Sánchez anunció la prórroga de las medidas –en principio muy similares a las que están actualmente en vigor, como la bonificación a los carburantes, la suspensión de los impuestos relativos a la electricidad, la prohibición de subir los alquileres más de un 2% o el incremento de un 15% del Ingreso Mínimo Vital–, Unidas Podemos dejó claro que quería unas medidas más ambiciosas. Desde entonces la negociación interna ha comenzado y, con ella, han emergido las discrepancias. El principal foco de conflicto es, en este momento, la reclamación de Unidas Podemos para crear un nuevo impuesto que grave a las eléctricas. Los socialistas son proclives a incrementar la carga sobre esas grandes compañías, pero difieren en la fórmula para llevarlo a cabo y también en los tiempos.
Unidas Podemos sostiene que ya se ha superado la fase más crítica de la negociación sobre la necesidad de crear esa nueva figura fiscal y que el ala socialista ha pasado “de la negación” a abrir las puertas a ese nuevo impuesto. El socio mayoritario del Gobierno ha protagonizado un ligero cambio en la aproximación a esa propuesta en los últimos días. “En el ámbito impositivo a las eléctricas, saben que el Gobierno lo que está haciendo es descargar la carga impositiva para que los hogares españoles no tengan que hacerse cargo de esa situación, y hemos permitido, con esas medidas, como les decía antes, aminorar el incremento del IPC hasta en dos puntos en relación a la factura eléctrica”, fue la respuesta que dio la portavoz, Isabel Rodríguez, tras la reunión del Consejo de Ministros.
Ese enfriamiento de Moncloa a las propuestas de Unidas Podemos llevó al socio minoritario a elevar la presión públicamente. El choque lo asumió personalmente la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y se evidenció el miércoles durante un acto en el que participó junto a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en Sevilla. Aunque en el evento dejaron clara su sintonía personal, las divergencias sobre cuándo actuar frente a las eléctricas afloraron rápidamente. No obstante, la responsable de cuadrar las cuentas públicas dio un paso más que la portavoz y dejó claro que la intención es que “aquellos que están obteniendo beneficios con motivos del incremento de los precios energéticos, fundamentalmente las empresas eléctricas y las petroleras, tengan una mayor aportación al conjunto de arcas públicas”. Sin embargo, rechazó que se haga a través de un decreto ley. “Hay que encontrar el vehículo más adecuado”, apostilló Montero. La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, apuntó a que el momento propicio podría ser el marco de los Presupuestos Generales del Estado, cuya preparación se está iniciando, pero la coalición tiene en estos momentos una aritmética más complicada que nunca para sacarlos adelante.
El conflicto está en la fórmula
La titular de Trabajo cuestionó después el calendario del ala socialista. “No nos entretengamos con los debates jurídicos. Actuemos”, emplazó el miércoles. “Siempre, cuando utilizamos metodologías procedimentales, estamos ocultando debates de fondo. Soy clara, todo es posible cuando hay voluntad política”, añadió. Este jueves, Díaz volvía a exigir al socio mayoritario del Gobierno “actuar ya”. “Llevamos ya muchísimos meses, casi desde el inicio de la legislatura, con el debate tributario que se va apartando siempre. Pero en este caso sí que quiero despejar la incógnita. No es posible crear este impuesto a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, por puro mandato constitucional. Nos asiste la razón y hay que legislar con carácter inmediato para crear esta figura impositiva, que sirve para compensar la salida de esta crisis”, agregó en Luxemburgo.
La Constitución, aunque sí permite modificar impuestos, impide la creación de nuevos en el marco de los Presupuestos. Por otra parte, dejar para ese momento el gravamen supondría otro problema y es que no se podría implementar hasta el ejercicio empresarial de 2023.
Fuentes de Unidas Podemos consultadas por elDiario.es justifican el impuesto “extraordinario” a las eléctricas “a la vista de la situación inflacionaria”. Para la formación confederal es “inédito” en democracia que, como en estos momentos, se esté produciendo una “enorme transferencia de rentas de la ciudadanía a las eléctricas por los precios en la energía”. “Las eléctricas tienen que comprometerse con nuestro país y deben aportar los que más tienen”, apuntan las fuentes citadas. Respecto a la negociación con el PSOE, el espacio confederal confía en que los socialistas “entiendan la urgencia” del nuevo impuesto a las eléctricas que “protege a los ciudadanos” y sitúa sus “intereses” y la “calidad de vida de la población” por encima de los de las grandes eléctricas.
Díaz viene advirtiendo desde hace días que las tres grandes compañías energéticas han ganado un 47% más en plena escalada de precios que ha contribuido a aumentar la inflación.
Irritación en el PSOE
Más allá del cambio de posición, el PSOE ha dejado entrever el malestar por las ‘lecciones’ del socio minoritario. “Hay que estar más pendiente de lo que diga María Jesús Montero que de lo que diga Yolanda Díaz”, reprendió la responsable de Transición Ecológica este jueves. “Yolanda Díaz dice algo que forma parte del planteamiento del Gobierno de coalición y es que a esta situación hay que responder de forma más equilibrada y justa a las necesidades de los ciudadanos, para que los costes se repartan de forma equitativa. Pero a la hora de diseñar el sistema fiscal, es obvio que el liderazgo lo lleva el Ministerio de Hacienda. Además de esa voluntad política que nos une al Gobierno de coalición, requiere de una valoración técnica”, agregó Ribera.
La propia Montero reconoció que no se puede crear un impuesto en los presupuestos y se desvinculó de esa fórmula, pero no aclaró cómo pretende acometer la subida de tasas a las eléctricas. Aseguró que su departamento trabaja “la fórmula que mejor permita acertar” y hacerlo “en el menor plazo de tiempo posible”, informa Europa Press. “No hay polémica”, expresó.
En las filas socialistas existe un cierto hartazgo por las presiones de Unidas Podemos. Lo mostró el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, el martes en una entrevista en la Cadena SER en la que recordó que las propuestas que se estudian son las que “emiten los ministerios competentes”. “Cualquier propuesta que haga una fuerza política o un Ministerio que no sea competente en esa materia por supuesto que pasan por el ministerio competente. Se analizan y se estudian y se busca la viabilidad económica y que sean eficaces”, señaló el responsable de coordinar la actuación del Ejecutivo sobre las iniciativas que había planteado originalmente la titular de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, que reclama igualmente un fondo para que los ayuntamientos puedan poner los abonos de transporte a diez euros mensuales o que la bonificación de los carburantes tenga en cuenta de algún modo la renta de los ciudadanos. “Las propuestas que estudiamos son las que emiten los ministerios competentes”. El choque por el plan anticrisis, que se suma a dos años y medio de arduas negociaciones en el seno de la coalición, se produce después de que Pedro Sánchez lanzara una advertencia a sus socios durante la última comparecencia en el Congreso. “Lo que desmoviliza a la izquierda es que nos afanemos en algunas ocasiones más de lo debido en subrayar las diferencias y no las alianzas a favor de esas conquistas”, advirtió a Unidas Podemos sobre la hoja de servicios de la coalición. El mensaje no pasó inadvertido para nadie.