El Gobierno encara la última semana del año con una tradición propia: la negociación in extremis. PSOE y Unidas Podemos agotan las horas en las conversaciones para definir el contenido de la renovación del paquete de medidas para paliar los efectos de la crisis, atascadas ambas partes en la regulación de los alquileres. El espacio confederal quiere incluir en el real decreto que saldrá mañana del Consejo de Ministros una medida para congelar el precio de los arrendamientos cuando se renueven los contratos mientras la parte socialista cree que ya se ha hecho suficiente en esta materia con el límite del 2% a la revalorización anual.
El presidente del Gobierno comparecerá este martes tras la reunión con su gabinete para hacer balance del año y de la gestión de su Ejecutivo, atravesada por las consecuencias de la guerra en Ucrania. Han pasado diez meses desde que comenzara la invasión rusa, que puso en jaque la economía europea y obligó a los países a tomar medidas para contrarrestar los efectos de la crisis derivada de ese conflicto.
Aunque hasta el momento España no ha entrado ni de lejos en ese escenario catastrófico que vaticinaban la oposición y algunos analistas, el Gobierno pretende renovar algunas de las principales medidas en marcha que se incluyeron en el último decreto anticrisis, que fue aprobado en junio y caduca este 31 de diciembre, toda vez que la inflación, si bien ha cedido en comparación con los niveles del verano, sigue ubicándose en cotas altísimas para los niveles de las últimas décadas. El último Índice de Precios al Consumidor (IPC), de noviembre, registró un aumento interanual del 6,8%.
Los dos socios del Gobierno defienden que si España se ha alejado hasta ahora de la recesión y ha logrado situarse como el país de la zona euro con menor inflación es en parte por las políticas aprobadas en esos decretos. Por eso, desde Unidas Podemos piden ir más allá y profundizar las medidas para mejorar la situación de los hogares españoles: a saber, congelar el precio en la renovación de los contratos de alquiler y las hipotecas de tipo variable, aumentar los descuentos en el abono transporte ya vigentes y un cheque de 300 euros para la cesta de la compra.
No obstante, el asunto “imprescindible” para el socio minoritario es la congelación de los precios del alquiler. El decreto aún vigente contemplaba limitar al 2% la revalorización anual del precio de los arrendamientos, que tradicionalmente estaba indexada al IPC. De ese modo, un inquilino que había firmado en diciembre del año pasado un contrato de, por ejemplo, 700 euros mensuales pasaba de abonar un extra de 47 euros (por el 6,8% de inflación) a 14 (con el 2% de límite). El Ejecutivo ya acordó con EH Bildu mantener el año que viene ese tope dentro de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, con lo que Unidas Podemos ha propuesto avanzar más en este aspecto.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, convocó a principios de diciembre una “comisión negociadora” para discutir el contenido del decreto y propuso ya entonces incluir en él la congelación del precio del alquiler en la renovación de los contratos que se firmen a partir de ahora, una medida similar a la que se acordó durante la pandemia. Ese punto era el principal escollo en las conversaciones este lunes, que según fuentes de Unidas Podemos, estaban “bloqueadas” ante la negativa del PSOE de abordarlo. En el equipo negociador está el jefe de Gabinete del Ministerio de Trabajo, Josep Vendrell, el secretario de Estado de Derechos Sociales, Ignacio Álvarez, principal asesor económico de Podemos, y el asesor económico de Díaz, Manuel Lago.
Desde el Ministerio de Transportes, de quien depende la regulación de alquileres, se limitan a defender que el Gobierno ya se comprometió a prorrogar el límite del 2% para la revalorización anual de los arrendamientos y piden esperar a lo que se acuerde mañana en la reunión de los ministros.
Para Unidas Podemos, la congelación de los alquileres es una medida “imprescindible” para conseguir frenar los incrementos de precios que los propietarios introducen en la renovación de los contratos. El problema se produce cuando vence un contrato de alquiler –ahora la vigencia máxima de los contratos es de 5 años– y ambas partes quieren renovarlo, porque el propietario tiene libertad para exigir al inquilino nuevo precio y, según alertan desde la formación confederal, en los últimos meses se están produciendo incrementos del 20 o el 30%. El inquilino entonces se ve en la tesitura de aceptar esa subida o buscar otra opción en un mercado cada vez más tensionado, sobre todo en las grandes ciudades.
Unidad del espacio confederal en el mensaje
La presión desde el socio minoritario del Gobierno sobre los alquileres se ha intensificado en los últimos días ha unificado el discurso del espacio alrededor de ese punto y ha desdibujado por tanto los matices en las prioridades exhibidos hasta ahora entre los equipos de Díaz y de la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra.
A pesar de la presencia de miembros de ambos espacios en la comisión negociadora con el PSOE, la ministra de Trabajo había centrado sus medidas, además de en los alquileres y las hipotecas, en actuar sobre la cesta de la compra con un acuerdo con las distribuidoras de alimentos. Por su parte, Podemos lanzó a principios de mes una batería de propuestas entre las que figuraba un cheque de ayuda de hasta 500 euros en función de la renta financiado con un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de los grandes supermercados.
Este domingo, sin embargo, la secretaria general de Podemos centró el discurso en los alquileres y las hipotecas con un mensaje en Twitter en el que afirmó que “la mejor noticia de esta Navidad para mucha gente sería que el Gobierno congele los alquileres”, así como “las hipotecas de tipo variable”. “Necesitamos que el PSOE entienda que este es el principal gasto de la mayoría de familias”, dijo en un mensaje similar al que esta mañana publicaba el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, que acusaba al PSOE de “resistirse” a las medidas que proponía su formación.
La secretaria de Estado de Agenda 2030 y secretaria de Organización de Podemos, Lilith Verstrynge, afirmaba este martes en declaraciones a la prensa que las negociaciones estaban siendo difíciles. “Lo prioritario es hacerle entender al PSOE que el mayor gasto es el pago del alquiler y de la hipoteca. Es imprescindible que en las próximas horas esa negociación se cierre con esas medidas que creemos imprescindibles”, explicó.
Es un mensaje parecido al que trasladaban esta mañana también desde el entorno de la vicepresidenta segunda, donde ven “imprescindible” tomar estas medidas “para frenar los abusivos incrementos que se producen en la renovación de los contratos de alquiler y que dejan a las familias inquilinas absolutamente desprotegidas”, tal y como han hecho otros países europeos, aseguran.
La propia Díaz se pronunció en las redes sociales este lunes, mientras se sucedían las negociaciones, para exponer las prioridades de su espacio en la redacción del decreto: “El principal gasto de las familias en nuestro país es la vivienda. Toca darles tranquilidad a ellas y no a los fondos buitres. Nosotras lo tenemos claro: urge actuar en materia de alquileres”.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, aliada de Díaz en la conformación de su plataforma política, se ha sumado también en las últimas horas a las presiones públicas hacia el PSOE para incluir la medida sobre alquileres en el decreto. “No sé qué les pasa con la vivienda en el PSOE que siempre les flaquean las piernas cuando hay que enfrentarse a fondos buitres y especuladores. Es hora de hacerlo porque la vida en nuestras ciudades está en peligro”, ha pedido en un vídeo difundido en las redes sociales compartido, entre otros, por el presidente del grupo de Unidas Podemos-En Comú Podem en el Congreso, Jaume Asens.
En su mensaje, la dirigente de Barcelona En Comú se ha referido a la oposición de los socialistas para introducir un tope a los alquileres en la Ley de Vivienda, que sigue bloqueada en el Congreso de los Diputados. En una entrevista con este diario, Belarra lamentó la actitud “resistente” del PSOE a introducir cambios durante la tramitación parlamentaria del texto para “que no se pueda desahuciar a familias vulnerables sin que haya una vivienda alternativa” o para establecer una regulación más efectiva de los precios del alquiler en las zonas de mercado tensionado.