Unidas Podemos y socios del Gobierno cargan contra la nueva ley de secretos por los plazos de clasificación

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha ejercido este lunes como coordinadora del espacio de Unidas Podemos en el Ejecutivo y ha trasladado al Ministerio de la Presidencia que encabeza Félix Bolaños su “discrepancia” acerca del borrador de la Ley de Secretos Oficiales que el departamento ha llevado al Congreso de Ministros. Fuentes del espacio confederal han explicado a elDiario.es que el socio minoritario no comparte la propuesta de Presidencia, que plantea que los secretos oficiales puedan permanecer clasificados más de 50 años

Ese plazo, apuntan las fuentes consultadas, les parece “muchísimo” a Díaz, a la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, y al resto de los ministros de Unidas Podemos. Todos ellos consideran, asimismo, que Presidencia no ha tenido en cuenta que la norma deberá aprobarse después en el Congreso, ya que los socios habituales y, especialmente el PNV, han exigido que ese plazo se reduzca a al menos 25, por lo que el grupo confederal señala que el Ejecutivo no tendría con su propuesta actual los apoyos parlamentarios necesarios para sacar la norma adelante.

Desde Unidas Podemos recuerdan, no obstante, que lo que aprueba este lunes el Consejo de Ministros es “la primera vuelta” de la ley y que lo que han acordado con el PSOE es “pactar la discrepancia” respecto a los plazos de clasificación en la negociación de la segunda vuelta del texto.

“España es un país democrático que no tiene que tener miedo a conocer su pasado”, aseguran fuentes del grupo confederal, que denuncian que, con la redacción actual, la ley no serviría para desclasificar documentos de la dictadura o de la Transición, como el intento de golpe de Estado del 23-F o la violencia de los GAL, entre otros asuntos.

Aitor Esteban: “El proyecto llega muy tarde”

También el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha considerado este lunes que “a priori”, resulta “decepcionante” que el Gobierno, en su anteproyecto de Ley de Secretos Oficiales, contemple que los mismos se puedan clasificar durante 50 años ya que los nacionalistas vascos habían planteado precisamente que ese plazo fuese de la mitad, de 25 años.

“Publicado el texto, será momento de analizarlo en detalle, sobre todo en lo que concierne a los criterios y plazos que se establecen para la desclasificación de documentos y si existe una moratoria para su aplicación. En todo caso, y de acuerdo con lo trascendido, los plazos parecen lejos de los planteados por el Grupo Vasco, llegando incluso a doblarlos, lo que resulta, a priori, decepcionante”, ha señalado Esteban.

Él ha recordado que su grupo ya propuso reformar la ley de secretos hace “seis años”. Por eso, aunque ha considerado que “es una buena noticia” que el Gobierno lo aborde “llega tarde, muy tarde”. “Teniendo en cuenta además que se trata de un Anteproyecto, surgen muchas dudas acerca de las posibilidades de que esta ley culmine su tramitación en la presente legislatura. Parece oportuno, por tanto, que se aceleren los plazos para no desperdiciar la oportunidad de actualizar una ley franquista y avanzar en una de las reformas estructurales que el Estado español tiene aún pendiente”. El PNV se queja, además, de que el Gobierno no haya “mantenido ningún contacto con la representación jeltzale en el Congreso” ni les haya trasladado “ninguna información en los últimos meses”.

En la misma línea, el portavoz en el Congreso de los Diputados por Más País, Íñigo Errejón, ha criticado el anteproyecto de la Ley de Secretos Oficiales que este lunes tramitará el Consejo de Ministros al tildarlo de “decepcionante”. “La propuesta de ley de secretos oficiales del Gobierno es decepcionante y sigue tratando a los españoles como menores de edad”, ha escrito en su cuenta de Twitter.

Fuentes de su partido señalan que “en democracia incluso los ángulos ciegos deben estar sometidos a control”. “Nosotros no creemos que deban pasar más de 10 años para poner en conocimiento público la información reservada, y no más de 25 años para la información secreta”, remarcan. “Si alguien considera que revelar lo ocurrido hace más de dos décadas y media pone en riesgo la democracia, tiene una visión muy pobre de la madurez de nuestra ciudadanía. Con la ley que propone el PSOE, ciudadanos que tienen ahora entre 30 y 40 años podrían no conocer nunca la información que se les está ocultando ahora. No creemos que la propuesta del Gobierno sea el camino, y hay mayoría para hacer una ley mucho mejor”, zanjan.

“La impunidad debe terminar”, a juicio de EH Bildu

EH Bildu ha considerado este lunes que el Gobierno “debe rectificar” su propuesta. A juicio de la formación independentista, el Ejecutivo debe “plantear una reforma que aborde lo ocurrido desde la transparencia, el reconocimiento y la verdad sobre todos los casos de vulneración de derechos y libertades que conciernan al Estado español y a sus aparatos desde el franquismo hasta el día de hoy”. “La impunidad debe terminar”, señala EH Bildu en un comunicado. Por eso, señala que “un Estado que se dice democrático no puede mantener en el olvido, sin conocer ni resolver actuaciones delictivas por parte de sus aparatos, sean policiales, judiciales o políticos”.

“No es aceptable que la reforma propuesta por el Gobierno no toque los principales elementos de una ley franquista que mantendrá en secreto todo aquello que atacó los derechos y libertades de miles de vascos y vascas”, añade la formación independentista, que considera que el anteproyecto “no cumple con la palabra dada por el Gobierno ni responde a las demandas que desde Euskal Herria han realizado durante décadas tanto la sociedad vasca como los partidos y asociaciones memorialistas en aras a conocer la verdad y buscar justicia en los numerosos episodios que aún siguen bajo el manto de la impunidad”.

“De aprobarse la propuesta que pasará hoy por el Consejo de Ministros, casos flagrantes de vulneraciones de derechos ocurridos en Euskal Herria seguirán sin ser aclarados, como los GAL, la práctica sistemática de la tortura o sucesos como los del 3 de Marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz o los San Fermines del 78. Esta decisión perpetuaría la impunidad sobre dichos hechos negando la verdad, la justicia y la reparación que todas las víctimas merecen”, concluye.