El desbloqueo de las negociaciones entre el Gobierno y Unidos Podemos-En Comú-En Marea que lograron personalmente Pedro Sánchez y Pablo Iglesias tenía como punto de partida la reforma de la Ley de Estabilidad. El objetivo era evitar que el PP pueda bloquear unas sendas del déficit y de la deuda más expansivas que las promovidas por el anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy. Aunque el 1,8% pactado ahora con Bruselas no es suficiente para el grupo confederal, es mejor que el 1,3% previsto. Pero los últimos movimientos del Ejecutivo han sembrado las primeras dudas en sus socios parlamentarios.
El Gobierno debía haber aprobado en el Consejo de Ministras del viernes la senda de estabilidad para el trienio 2019-2021 negociada con la Comisión Europea. El próximo lunes, 27 de agosto, se cumple un mes desde que el Congreso la rechazara por primera vez. La ley da ese plazo para volver a llevar las cifras a las Cortes Generales. Y no se va a cumplir.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, le comunicó sus números de forma oficial a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos en sendas reuniones el miércoles y el jueves. El miércoles también se lo dijo a los representantes de Unidos Podemos en el ministerio y con los que acordó poner en marcha cuatro grupos de trabajo para avanzar en la preparación de los próximos Presupuestos Generales del Estado y dar estabilidad a la legislatura.
En esa reunión, además, se pactó una paga extra para los pensionistas si los precios suben por encima de lo previsto. Se sentaron las bases de una próxima derogación del copago farmacéutico que puso en marcha el PP. Y se concretó el acuerdo previo que los respectivos líderes habían alcanzado para modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Renuncia al objetivo de déficit
Pero en el grupo confederal se han instalado las primeras dudas, fruto quizá de la desconfianza acumulada por unos y otros en los últimos años, especialmente desde 2016. El primer motivo, que el Gobierno haya decidido aparcar la aprobación del objetivo de déficit que debía haber acometido el Consejo de Ministras del viernes, en el que sí se dio luz verde a la exhumación de los restos de Franco.
Fuentes de Unidos Podemos consultadas por eldiario.es confirman que pensaban que sí se iba a aprobar y que se enteraron “por la prensa” de los planes del Ejecutivo. “Si no se presenta al Congreso antes del 27, la senda decae”, apuntan las mismas fuentes, que creen que el Ejecutivo da por imposible sacar adelante sus propias cifras.
La consecuencia, sostienen, es que se impondrá la senda pactada en su día por el PP con Bruselas: el 1,3% de déficit, frente al 1,8% que pretendía aprobar el PSOE. El propio Ejecutivo ha calculado que la cifra pactada con Bruselas aumentaría en 6.000 millones de euros su capacidad de gasto el año próximo. 2018, según han confirmado tanto el Gobierno como la Comisión Europea, se cerrará en el 2,7%.
En Unidos Podemos, no obstante, sostienen que los objetivos de déficit y deuda no son tan importantes como el techo de gasto. Los primeros, recuerdan, son revisables según avanza el año. El segundo marca hasta dónde pueden llegar los Presupuestos del año que viene. Por eso se habían abierto a apoyar la senda del Gobierno, siempre que se garantizara un aumento del gasto social. “Se tiene que subir el techo de gasto para hacer realidad los acuerdos”, insisten desde el grupo.
La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, aseguraba el viernes que el Gobierno no ha renunciado a sus objetivos y que su aprobación solo está “pospuesta”. ¿Y cuándo se retomará? Una vez se apruebe la reforma de la Ley de Estabilidad. entonces, el Ejecutivo estará “en condiciones de aprobar la senda y de hacer unos Presupuestos”, dijo la número dos de Sánchez.
Reforma exprés de la Ley de Estabilidad
Esa reforma de la Ley de Estabilidad se puso en marcha el viernes. El PSOE y Unidos Podemos registraron una proposición de ley a la que se sumaron ERC y Compromís. El texto modifica el artículo 15.6, que establece la capacidad de veto del Senado en la votación de la senda de déficit, para establecer que el Congreso tendrá la última palabra.
La intención del grupo confederal era utilizar para esta reforma también la figura del real decreto-ley. Pero el Gobierno ha renunciado finalmente a esta fórmula y ha optado por una tramitación parlamentaria que quiere que sea de urgencia y por lectura única. Es decir, en un mes y sin pasar por el Senado.
Desde Unidos Podemos sostienen que el acuerdo era intentar todas las vías legislativas: la proposición de ley, el real decreto y otros que se pudieran determinar. Y temen que ahora la Mesa del Congreso, donde PP y Ciudadanos tienen la mayoría, bloquee la tramitación de la reforma.
La Mesa ya lo ha hecho con otra proposición de ley de reforma de la Ley de Estabilidad para acabar con la regla de gasto que encorseta a los ayuntamientos y que acumula 21 ampliación de plazos de enmiendas.
La posición oficial de Unidos Podemos es que la reforma de la Ley de Estabilidad saldrá adelante. Pero otras voces apuntan a que eso no ocurrirá “esta legislatura”. “Todo queda en manos de Ana Pastor”, señalan. “El PSOE le dio a PP y Ciudadanos la mayoría en la Mesa”, recuerdan otras fuentes. Eso fue en 2016 y con la Gestora dirigiendo la política socialista. Pero las consecuencias se han visto a lo largo de toda la legislatura.