Los trabajadores de la base de Morón temen el próximo ERE
Eran días de mucho trabajo, de horas extra interminables. Pero Álvaro (por poner un nombre ficticio que proteja una historia real) fue despedido de la base militar estadounidense de Morón de la Frontera, en Sevilla, tras más de una década de servicio. Lo llamaron ERE y dejó en la calle a cocineros, bomberos, fontaneros, administrativos, jardineros, mecánicos y un etcétera de hasta 66 empleados (salvo uno, todos españoles). Los más afortunados han sido recontratados en peores condiciones, mientras otros han sido inmediatamente sustituidos por personal norteamericano y agotan ahora el subsidio por desempleo.
“Me enteré ese mismo día. Cuando llegué tenía la tarjeta personal de acceso bloqueada. Contacté con Recursos Humanos y me dijeron que era un buen profesional pero que me había tocado”, explica Álvaro. Fue en septiembre de 2013 cuando Vinnell-Brown & Root (VBR), la sociedad gestora de los servicios civiles de la base aérea, ejecutó el Expediente de Regulación de Empleo.
Cuatro meses antes, en mayo, Estados Unidos había decidido ampliar su presencia militar en Morón, con el despliegue de 500 infantes de Marina, tendencia al alza que ha repetido un año más tarde. Es la segunda destitución colectiva tras la de 2010, que se llevó por delante a otras 119 personas. Los trabajadores temen que no será la última y algunos adelantan una tercera e incluso una cuarta, dicen que para antes de finales de este año.
Seis meses después de abandonar la empresa, Álvaro recibió una llamada que le ofrecía regresar... por la puerta de atrás. Aceptó. Ha perdido la antigüedad, ha bajado de categoría y ahora ingresa unos 500 euros menos al mes. Su caso no es único: aproximadamente 60 compañeros han regresado (quince de ellos del último ERE), aunque con peores condiciones. “La mayoría son contratos de dos meses que ya han sido renovados por otros dos. No quieren que haya gente indefinida”, explica Álvaro.
“Estoy machacado, hundido, humillado. No valoran el esfuerzo. ¿Para qué tanto diploma asegurándome que la empresa necesitaba gente como yo? Había rumores, el jefe me dijo que no me preocupara y después me echaron a la calle como a una rata”. Juan Cocinero no tuvo tanta fortuna y, tras casi 25 años de mecánico, actualmente apura el subsidio. Es padre de familia numerosa y su mujer no trabaja por problemas en la espalda. Con 55 años y dispuesto a salir fuera para encontrar empleo, destapa la caja de Pandora: “No es lógico despedir a tanta gente e inmediatamente después volver a contratar. ¿A quién quieren engañar?”.
Mano de obra norteamericana sustituye a la española
Su pregunta va más allá de los recontratados. El comité de empresa denuncia que algunos bomberos han sido sustituidos directamente por estadounidenses, con sueldos inferiores y menos derechos laborales. No es el único perfil que ha cambiado de manos: “Ahora los propios marines también limpian y no es difícil verles con una fregona en la mano”, advierte Cocinero.
El antiguo trabajo como administrativa de Encarni Hermosín se lo han repartido entre sus antiguos compañeros y su jefe. “Era tal el volumen de tareas que había cancelado las vacaciones y estaba haciendo horas extraordinarias”. Asegura que en estos siete meses ha llamado muchas puertas y ha entregado muchos currículos, pero sus “posibilidades de encontrar algo con 50 años son mínimas”.
El presidente del comité de la empresa, José Armando Rodríguez, ofrece una visión más panorámica: “Es un cambio en el modelo de gestión. Están reventando a la plantilla pero el Gobierno y la Junta de Andalucía no hacen nada. Los españoles vamos a estar básicamente en puestos precarios”. Rodríguez hace sus cábalas: de 600 trabajadores españoles fijos que había en 2010, a los 375 actuales y a los futuros 200. Como contraste, hay cerca de 200 militares estadounidenses y hasta 1.000 marines. “Es la situación ideal para ellos, sin nadie que vea lo que ocurre en la pista y con el Gobierno español sin atreverse a preguntar”.
El miedo ante la 'americanización' es compartido por varios regidores de la zona. La naturaleza y función de una base en territorio extranjero han convertido el asunto en un laberinto jurídico-laboral de extrema complejidad, con cuatro actores definidos: la empresa y sus trabajadores, además de los Gobiernos español y estadounidense, en ambos casos a través de los respectivos ministerios de Defensa.
La Embajada de Estados Unidos en España prefiere no hacer comentarios sobre las conversaciones concretas entre “una empresa privada y sus empleados locales”, pero sí admite a eldiario.es que están “tratando de controlar el gasto militar. Las medidas para la reducción de costes en Morón reflejan ese amplio esfuerzo compartido y esa realidad. Las Fuerzas Armadas estadounidenses están intentando minimizar, en la medida de lo posible, el efecto de la reducción de las necesidades en Morón sobre los empleados locales”.
Las bases estadounidenses en suelo español
Utilizada durante la guerra de Vietnam, Morón se ha convertido en una infraestructura militar durmiente que despierta cuando Estados Unidos lo considera necesario, lo que ocurrió en 1991 con la guerra del Golfo, en 1995 con la de Somalia, y más recientemente, en 2011 con la rebelión libia contra el régimen de Gadafi y en 2013 con el estallido de violencia en Sudán del Sur. Se habla incluso de establecer un cuartel general de la Marina, cuando ahora es principalmente utilizada por la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Europa (USAFE).
Las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos (USAF) obtienen el apoyo operativo de Morón a través de un contrato de servicio, el que realiza Vinnell-Brown & Root y que expira el 31 de marzo de 2015 (a falta de saber si VBR querrá y podrá repetir, son tres las compañías que se prevé estarán en la puja para el nuevo, hasta 2021).
“Nosotros no contratamos por número de personal, sino que identificamos el tipo y la frecuencia de los servicios que necesitamos y es el contratista el que determina cómo satisfacer nuestra demanda”, explican fuentes de la USAFE desde la sede en Alemania, al tiempo que confirman los “recortes en el departamento y una disminución del número de militares en servicio en todo el mundo. En todo caso, Morón sigue siendo una importante localización estratégica para nosotros”.
Los expertos recalcan la relevancia que otorga a Morón su ubicación geográfica, “que se ha revalorizado en los últimos años debido a los cambios de la estrategia de seguridad norteamericana y a la lucha contra el terrorismo internacional”, aclara en un informe Inmaculada Marrero, profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad de Granada.
En el Estado español quedan dos bases militares de utilización conjunta, la de Morón y la de Rota, ambas en Andalucía. La embajada subraya los “enormes beneficios económicos” de esta presencia. Según sus cuentas, el año pasado inyectaron en el país más de 150 millones de euros, a través de contratos y servicios, proporcionando más de 3.500 puestos de trabajo para españoles. “Las visitas de barcos estadounidenses trajeron millones de dólares en negocios a los puertos. A ello se suma el impacto económico positivo que el personal militar y sus familias tienen desde hace tiempo en la comunidad, al hacer uso de sus restaurantes, tiendas y servicios locales”.
Desde 1953, cuando España decidió ceder a Estados Unidos el uso de las instalaciones de Morón, éstas se han convertido en uno de los motores económicos de la campiña sevillana. Tanto es así que el propio alcalde de Morón, Juan Manuel Rodríguez (PSOE), lamenta la “escasa información” pero la califica como “la principal empresa de nuestros municipios. Pero esa actividad comercial diaria ha disminuido en los últimos tiempos. Ahora muchos de los arreglos y suministros, incluida la mano de obra, los traen de fuera. Por ejemplo, el hormigón viene de Estados Unidos. Esta base no tributa para nada y por eso la mano de obra es el impacto económico fundamental, pues el 50% de los trabajadores de la base, y también de los afectados por el último ERE, son de Morón. Estamos preocupados”.
Los beneficios económicos son una especie de contraprestación frente al riesgo que supone aceptar la instalación de una base militar extranjera. El problema surge cuando la balanza se desequilibra. “En estas condiciones no nos compensa que aviones que transportan bombas sobrevuelen nuestras cabezas”, aclara el presidente del comité, que acaba de reunirse con el ministro de Defensa, Pedro Morenés, a quien agradece su “cambio de actitud pues hasta ahora lo consideraba un conflicto entre una empresa privada y sus trabajadores”.
Dos propuestas concretas están sobre la mesa, a la espera de un nuevo encuentro en septiembre: equiparar el personal de Morón al de Rota, donde los trabajadores están integrados en el Ministerio de Defensa y no en una empresa, y la posibilidad de que el Ejecutivo pueda vetar las decisiones de la compañía que gestione la base si lo considera oportuno.
Las advertencias de la empresa
“Debemos recordar que ésta es una base militar y cualquier información dada puede afectar tanto al Gobierno de España como al de Estados Unidos. Si contactan con ustedes, recuerden que no deben hacer ningún comentario ni dar opiniones. La mejor respuesta es ”sin comentarios“, aunque el entrevistador sea insistente. Adicionalmente, deben informar a la dirección”. Es parte del mensaje que recibieron los empleados de VBR apenas dos horas después de que este medio contactara telefónicamente con su gerente adjunto, Marcus H. McCain, precisamente quien firmaba la advertencia. McCain no quiso hacer declaraciones pero se ofreció a trasladar la petición a la oficina de Relaciones Públicas, para lo que, aseguró, no necesitaba conocer el contenido de las preguntas.
También atendió la llamada el gerente de VBR, Aaron Ewing, quien indicó que no es su “responsabilidad” abordar estas cuestiones, remitiendo a sus superiores. Por encima de McCain y de Ewing, militar retirado al igual que ellos, está el director general de VBR, Jim Rindler, el encargado de supervisar las bases norteamericanas de España y Turquía. Rindler respondía al teléfono desde Estados Unidos pero derivaba la petición a la USAFE... la misma Fuerza Aérea de Estados Unidos en Europa que deja la pelota de las altas y bajas en el tejado de VBR.
Mientras la empresa busca quién y cómo da las explicaciones, los empleados coinciden en señalar un clima de “censura y miedo”. Así lo vive desde dentro Álvaro: “Ahora ya no se comenta casi nada. Todo el mundo está asustado. La gente no habla por temor”. El último despido colectivo, el de 2013, fue ejecutado pese a haber sido declarado “no ajustado a derecho” por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. A finales de mayo, el Tribunal Supremo admitió a trámite el recurso promovido por los trabajadores, quienes esperan una resolución para finales de año.
