El fiscal encargado de representar al ministerio público en el juicio que debía haberse iniciado por el caso Pallerols, Fernando Rodríguez Rey, ha decidido inmolarse para conseguir que Unió Democràtica de Catalunya (UDC) admita que se financió de forma ilegal con fondos europeos para la formación de parados y que devuelva los casi 400.000 euros que recibió de las empresas del empresario andorrano Fidel Pallerols a cambio de la concesión de cursos de reciclaje para los desempleados, según apuntan fuentes judiciales.
Rodríguez Rey no es precisamente un fiscal irrelevante: ejerció la acusación en el caso Grand Tibidabo, en el caso Estevill, contra la trama corrupta de Hacienda en Barcelona y en la mayor parte de los casos de corrupción que han afectado a Unió como el caso Turisme o el caso Treball.
Siempre ha sido partidario de llegar a acuerdos con los acusados de casos de malversación y de corrupción con el objetivo de recuperar el dinero malversado o robado. Ya lo intentó en el caso Turisme, pero la Generalitat, controlada entonces por el tripartito, y que ejercía la acusación particular, impidió el pacto.
En esta ocasión era más fácil, porque es CiU quien gobierna la Generalitat. Y la disyuntiva que planteaba a Duran era mucho más favorable para la Fiscalía porque el líder de Unió y presidente del grupo parlamentario de CiU en el Congreso de los Diputados estaba citado a declarar en el procedimiento.
Duran, su mano derecha Josep Sánchez Llibre y el ahora diputado del PP Enric Millo estaban citados como testigos y eran conscientes del efecto demoledor de las imágenes de las declaraciones ante el tribunal en los medios de comunicación. Basta recordar los casos de Felipe González cuando declaró como testigo por los GAL, o de Macià Alavedra en el caso Estevill.
La alternativa ofrecida por Rodríguez Rey era la que finalmente ha aceptado Unió: admitir que recibió los 388.000 euros de Pallerols y devolverlos a la Administración a cambio de penas menores, que no implican el ingreso en prisión para los acusados que fueron altos cargos o dirigentes de la formación democristiana.
El fiscal era consciente de que se iba a convertir en el blanco de las acusaciones de los partidos de la oposición, pero está convencido de que las responsabilidades civiles en el ámbito penal están muy mal resueltas.
Ahora, tras el acuerdo, Unió debe ingresar de forma inmediata el dinero que recibió de los fondos europeos para parados a través del grupo de academias de Pallerols que, por cierto, queda excluido del acuerdo porque está acusado de apropiarse de casi seis millones de euros y el fiscal pide 11 años de cárcel para él.
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, consciente de la que se le venía encima a su subordinado, considerado uno de los mejores fiscales del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, salió inmediatamente al paso de cualquier duda de componenda expresada por los adversarios políticos de Unió y negó que la formación de Duran Lleida haya recibido trato de favor alguno.
Lo que sí lamentó fue la tremenda lentitud con la que se ha instruido el procedimiento. El caso Pallerols ha llegado a la Audiencia de Barcelona 17 años después de que la fiscalía del TSJC iniciara las primeras diligencias de investigación.
En realidad, buena parte del retraso se debe a la posible implicación de Sánchez Llibre en el caso. Como es diputado, la instructora del caso elevó una consulta al Tribunal Supremo, que tras más de año y medio de deliberaciones, decidió que sólo debía declarar como testigo.
Duran Lleida hizo el martes un sonoro mutis y no hay noticias del líder democristiano, a pesar de que en el año 2000 se comprometió a dimitir si se probaba que Unió se había financiado ilegalmente.
Sonoro mutis
De dar explicaciones y de pedir perdón en público se encargó la portavoz adjunta de Unió en el Parlament de Catalunya, Marta Llorenç, que dejó claro que no habrá dimisiones: “No hay sentencia alguna que establezca que Unió se financió ilegalmente”.
Llorenç aseguró que el partido ya había depurado las responsabilidades políticas con la expulsión de los principales responsables del escándalo, los hermanos Lluís y Vicenç Gavaldà, alto cargo de Trabajo y secretario general de Unió respectivamente, y Dolors Llorenç, directora general de Ocupación cuando se produjeron los hechos.
La portavoz adjunta de Unió negó que el partido haya admitido que se financió ilegalmente. Aseguró que el partido ha hecho frente a “una responsabilidad civil, que no penal” por un dinero “que se utilizó para pagar alquileres y mobiliario”, y que no sabían que procedía de fondos malversados.
Prácticamente todo el arco parlamentario pidió ayer la dimisión de Duran i Lleida. Especialmente llamativas fueron las declaraciones del presidente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, socio del Gobierno de CiU, aunque desde fuera del Ejecutivo. Junqueras afirmó que Duran debe cumplir su promesa y abandonar el cargo.
Es una prueba de que los grandes beneficiarios del desenlace del caso Pallerols son los actuales dirigentes soberanistas de Convergència, que ven como su socio de federación, renuente al pacto con Esquerra y al referéndum de autodeterminación pactado con los independentistas, quedan momentáneamente noqueados.
Ya cuando estalló el escándalo y Pallerols desapareció de la órbita de Unió, CDC aprovechó la debilidad de los democristianos para transformar CiU de una coalición en una federación, subordinando así la organización de Unió a Convergència. Como si las irregularidades cometidas por los altos cargos de Unió no se hubieran producido en un Gobierno presidido por Jordi Pujol y controlado mayoritariamente por Convergència.
La número dos del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, también se mostró especialmente dura con Unió y pidió la dimisión de Duran. Parecía no estar informada de que el pacto con el fiscal también evitará la declaración de Enric Millo, que abandonó la disciplina democristiana para convertirse en dirigente del PP.