El precio que tiene el “mal gobierno” en España ha supuesto en cinco años unos 400.000 millones de euros, el 40 por ciento del PIB, según un informe elaborado por UPyD que atribuye este “sobrecoste” a las duplicidades, derroches ocasionados por una mala gestión y corrupción.
De acuerdo con este estudio, que analiza el periodo 2009-2013, esta elevada cifra incluye, por ejemplo, una partida estimada de 87.500 millones de euros, 12.538,7 millones en proyectos innecesarios, “fallidos”, duplicados o mal diseñados, entre ellos aeropuertos, “aves sin pasajeros” y tranvías “costosísimos e inviables”.
Y como ejemplo de ello, remite a un informe del Tribunal de Cuentas Europeo, según el cual España lidera el coste de construcción de 1.000 metros cuadrados de carretera, con un precio medio de medio millón de euros, cuatro veces más que en Alemania, algo que no sólo se debe a que el territorio español sea más montañoso, apunta el documento.
Según el estudio, que han presentado en la sede de UPyD el portavoz adjunto de UPyD en el Congreso, Carlos Martínez Gorriarán, y Ramón Marcos, candidato a la Comunidad de Madrid, las tres administraciones -central, autonómica y municipal- han malgastado también 83.225,5 millones en medidas “improvisadas” y que no han servido para nada, como el Plan E del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
También da cuenta de una cantidad de casi 7.000 millones en concepto de créditos extraordinarios o suplementos de créditos en el presupuesto estatal de 2013.
Se trata de cantidades enormes que se van por el “desagüe”, ha advertido Gorriarán, para quien España está pagando un “altísimo coste” por la mala gestión de las administraciones.
Ramón Marcos, miembro también de la dirección de UPyD, ha lamentado que el Gobierno no haya hecho ni una sola reforma administrativa y se haya limitado al “recorte puro y duro”.
Para superar esta situación de “mal Gobierno”, ha explicado algunas de las medidas que propone el partido magenta, entre ellas la reducción de la administración política paralela.
Ha concretado así que únicamente podrán tener asesores el presidente del Gobierno (cuatro), presidentes de comunidades (tres), ministros (dos), alcaldes de más de medio millón de habitantes (tres) y de más de 250.000 (dos).
La supresión de las diputaciones y la simplificación normativa son otras iniciativas que Marcos considera necesarias para atajar el sobre coste que tiene la administración.