“No son manipulaciones, son errores informáticos”. Con estas palabras en 2008, el entonces alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, aseguraba que el PGOU de Valladolid, la norma que rige el urbanismo de los municipios, no se había alterado intencionadamente. El PSOE había denunciado que el documento que se aprobó en Pleno no coincidía con el publicado en el Boletín Oficial de la Provincia –el legalmente válido–. Había 88 artículos y cinco planos que cambiaban edificabilidades, calificaciones, normativa… y siempre en beneficio de constructores y promotores, la mayoría conectados entre sí a través de diferentes sociedades mercantiles.
Este martes, diez años después de la denuncia, con una instrucción más que compleja y plagada de recursos y 13 acusados en el banquillo, arranca un juicio cuya duración prevista es de dos meses. Los delitos que figuran en el cierre de la instrucción son prevaricación, falsedad en documento oficial y contra el patrimonio histórico.
Se derruyó un edificio de fachada protegida, se recalificó una fábrica para convertirla en hotel, se construyó un parking con medidas más ajustadas de lo que permitía la normativa previa a la manipulación…y sin embargo no se ha podido precisar ni quién ni a cambio de qué.
Entre los 13 acusados se encuentran quienes formaban la cúpula de la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento gobernado por Javier León de la Riva (PP), que también llegó a estar imputado. El concejal José Antonio García de Coca y tres de sus técnicos, Modesto Mezquita Gervás, Luis Álvarez Aller y José Luis Cerezo Bada, fueron, según el Ministerio Público, los que urdieron la trama. Los cuatro se enfrentan a una petición de cuatro años de prisión e inhabilitación durante ocho años para cargos relacionados con el urbanismo, la vivienda y las infraestructuras. Además, en el caso del edil García de Coca se solicitan multas que suman 34.000 euros.
Según un informe policial, el cambiazo de lo aprobado en el Pleno se materializó en un ordenador de Urbanismo, entre el 23 de septiembre y el 15 de diciembre de 2003. El ordenador pertenecía a Álvarez Aller, si bien su contraseña era conocida por muchos trabajadores. Este arquitecto, que tenía concedida la compatibilidad para hacer trabajos fuera de Valladolid, acabó otorgando licencias a constructores con los que había tenido relación contractual. Según la Fiscalía, el plan para cambiar el PGOU se llevó a cabo seleccionando a los tres técnicos acusados y eliminando a otros del equipo redactor originario de la modificación.
En cuanto a los constructores y promotores beneficiados, destaca el gerente de Vallenava Capitol, José Luis Mayordomo, cuyo grupo inmobiliario estaba vinculado al Ayuntamiento por el patrocinio del equipo de baloncesto, que presidía mientras que el técnico Modesto Mezquita fue nombrado vicepresidente. Este grupo inmobiliario consiguió, por ejemplo, que le permitiesen edificar 124 viviendas en una zona donde antes de la alteración del plano del PGOU sólo era legal construir nueve.
Los empresarios inmobiliarios Pilar López Mazariegos, Gonzalo Jolín Garijo, Francisco Capellán Barbado y Ramón Herrero Merino podrían ser condenados a dos años y medio de prisión. José Luis González Torres, Eduardo Javier González Torres y el expresidente del Club Baloncesto Valladolid José Luis Mayordomo Martínez (pertenecientes al Grupo Capitol) y dos representantes empresariales de Parkosa, José Ángel Astorga Ruiz y Antonio Roberto Pastrana González, se enfrentan a peticiones de ocho meses de cárcel y distintas multas.
Ninguno de los acusados declarará hasta la semana que viene. Los primeros días se han reservado para resolver cuestiones previas que plantean los representantes de los acusados.