El juez instructor del 'caso Púnica', Eloy Velasco, descarta por el momento tener como investigada en la instrucción de este caso a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, pese a que la Unidad Central Operativa (UCO) le atribuye en uno de los informes incluidos en el sumario los presuntos delitos de prevaricación y cohecho en relación a las adjudicaciones del servicio de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid al empresario Arturo Fernández en los años 2009 y 2011.
Velasco se encuentra pendiente de que este miércoles el Consejo General del Poder Judicial le conceda una plaza en la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional.
Fuentes judiciales consultadas y la Fiscalía Anticorrupción, igualmente preguntada por este asunto, explican que una cosa es la mención que puedan realizar los investigadores y otra la valoración jurídica de sus pesquisas, insistiendo en que por el momento la presidenta regional no está siendo investigada formalmente en la causa.
La UCO relaciona estas adjudicaciones con donaciones realizadas por el entonces vicepresidente de los empresarios madrileños a Fundescam, fundación del PP de Madrid, que habrían servido para financiar irregularmente campañas electorales.
La Guardia Civil cita a Cifuentes por su labor cuando era vicepresidenta de la Asamblea, formaba parte del comité de expertos que valoraba las ofertas y presidía la Mesa de contratación que adjudicó al Grupo Cantoblanco, propiedad de Arturo Fernández, los contratos de restauración.
El informe, incluido en el sumario que investiga la presunta financiación irregular del PP de Madrid, al que ha tenido acceso Europa Press, encuentra un “nexo causal” entre el “favorecimiento” a la empresa de Arturo Fernández y sus aportaciones económicas a Fundescam, fundación vinculada al PP de Madrid.
La Guardia Civil señala que esas aportaciones se realizaron en fechas próximas a las elecciones autonómicas de mayo de 2007, “y cuya investigación principal habría demostrado el carácter finalista de las mismas al objeto de financiar de manera encubierta al Partido Popular de Madrid para que sufragase gastos electorales al margen de cualquier tipo de fiscalización”.
En concreto, el informe señala dos aportaciones de Arturo Fernández por importe total de 160.000 euros. La primera de ellas se habría producido a través de la Fundación Arturo Fernández Cantoblanco por valor de 60.000 euros y la segunda, de 100.000 euros, en su calidad de vicepresidente de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM).