La dirección del Partido Popular ha decidido recurrir a Venezuela y a la ya desaparecida banda terrorista ETA, dos de los habituales mantras de la derecha, para desacreditar al Gobierno de PSOE y Unidas Podemos en la gestión de la segunda ola de la pandemia y mientras el Ejecutivo trata de negociar los Presupuestos con Ciudadanos y las fuerzas de izquierda y nacionalistas que permitieron la investidura de Pedro Sánchez.
El equipo de Pablo Casado envió este jueves un nuevo argumentario –consignas que la dirección popular hace llegar prácticamente a diario a todos los cargos del partido– en el que pide a los dirigentes del PP que, en sus intervenciones públicas, acusen al Gobierno progresista de “blanquear” al presidente venezolano, Nicolás Maduro, así como a los “bilduetarras” y a los “enemigos de España”, entre los que incluye a los partidos independentistas catalanes y vascos.
Bajo el epígrafe “blanqueando a Maduro”, la dirección de Casado exige a los cargos populares que en sus comparecencias repitan que el exministro socialista y actual alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, “ha enviado una delegación a Caracas a negociar con Maduro después de que la ONU acuse al régimen venezolano de cometer crímenes de lesa humanidad”.
El PP vincula directamente esta decisión del máximo responsable de la política exterior de la UE a la conversación que mantuvo Borrell con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el miércoles en Bruselas. “Al igual que hace blanqueando a bilduetarras, este Gobierno radical pretende hacer lo mismo con un dictador que tiene aterrorizado y emprobrecido a su pueblo, una nación hermana de España”, recalca el texto difundido por Génova 13, al que ha tenido acceso elDiario.es.
El PP habla de “cárceles proetarras”
Coincidiendo con las reuniones que han mantenido los vicepresidentes del Gobierno Carmen Calvo y Pablo Iglesias en los últimos días con representantes de EH Bildu para sondear las posibilidades de lograr acuerdos que allanen la aprobación de los Presupuestos, Casado busca de nuevo deslegitimar una hipotética negociación con la formación independentista vasca, que rechaza la violencia, vinculándola con ETA, la organización terrorista que en sus 40 años de vida perpetró más de 850 asesinatos y que desapareció en 2018.
La dirección del PP trata una vez más de arrogarse la defensa de las víctimas del terrorismo en una vieja estrategia que ya se dio durante el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero y que busca enfrentar a este colectivo al actual Ejecutivo progresista. En este contexto se enmarcó la reunión que mantuvo Casado este jueves con la presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo, Maite Araluce, de la que el PP informó a través de una nota de prensa y que, siempre según los populares, sirvió “para denunciar juntos” la “negociación” de Sánchez con EH Bildu “para apoyar los Presupuestos a cambio de acercar 63 etarras a cárceles proetarras” y para “pedir una Fiscalía de Víctimas de Terrorismo y más medios policiales para investigar los casos sin resolver”.
En el argumentario enviado este jueves a todos los cargos populares, el equipo de Casado pide además a sus dirigentes insistir en la idea de que “el PP es incompatible con dar indultos a quienes han sido condenados por dar un golpe a la Constitución”, anticipándose a la decisión que finalmente adopte el Consejo de Ministros sobre las peticiones de perdones gubernamentales a los líderes independentistas condenados por el procés, cuya tramitación se iniciará la próxima semana, según anunció el miércoles en el Congreso de los Diputados el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.
El Gobierno enmarca la tramitación de esos indultos dentro de los procedimientos habituales que tienen que seguir estas solicitudes, pero el PP ha querido adelantarse a cualquier decisión de Moncloa anunciando que llevará al Congreso una proposición de ley para prohibir los indultos a condenados por delitos de rebelión y sedición. Esta última es precisamente la figura penal por la que fueron condenados por el Tribunal Supremo los dirigentes independentistas que se encuentran en prisión.
“Felipe González saca los colores al Ejecutivo”
El PP, insiste el argumentario de Génova 13, tampoco puede identificarse “con pactar la renovación de instituciones con quienes las atacan y con modificar el Código Penal para favorecer a quienes cometen delitos”. Con esta consigna, la dirección popular trata de justificar su bloqueo a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en situación de interinidad desde 2018, y en el que sigue habiendo una aplastante mayoría de magistrados conservadores acorde a la mayoría absoluta que tenía el PP en 2013, cuando se renovó por última vez.
Otra de las tesis que la dirección de Casado pide repetir a sus dirigentes tiene que ver con las críticas lanzadas el miércoles por el expresidente del Gobierno Felipe González contra el Ejecutivo de Sánchez por tratar de negociar las nuevas cuentas con fuerzas nacionalistas, y con las alabanzas del exdirigente socialista a la monarquía frente a la “republiqueta plurinacional y con derecho de autodeterminación” que, según él, defiende el vicepresidente y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias.
“Felipe González saca los colores al Gobierno”, señala la dirección del PP en su argumentario, en el que también exige a sus cargos que denuncien la decisión de que el rey no acuda este viernes a la entrega de despachos de los nuevos jueces en Barcelona.
“A diferencia de lo que sostiene la vicepresidenta Calvo de que está bien tomada la decisión de que el rey no vaya a Barcelona, nosotros sostenemos que es un error mayúsculo. Y Calvo lo sabe. Sabe que su gobierno entra al trapo de todo lo que quieren los que odian España. Todo. Como bien señala Felipe González, cambiar la Monarquía por esa «republiqueta» que pregona Pablo Iglesias destruiría España. Y lo peor es que eso también lo saben Calvo y su jefe Pedro Sánchez. Nosotros no permitiremos que el Gobierno radical siga arremetiendo contra la monarquía parlamentaria, el sistema que nos dimos todos los españoles en 1978”, apunta Génova 13.
Contra la “degradación institucional” de la izquierda
La dirección del PP quiere, además, que se difunda la idea de que España vive una “degradación institucional” por parte de la izquierda. Para argumentar esta acusación tan grave la dirección de Casado sostiene que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, “se ha convertido en abogada defensora de Podemos y comisaria política al servicio del partido al que pertenece”. Génova 13 pide a sus dirigentes insistir en que a esa supuesta “degradación” de la Fiscalía “se le suman” las del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) –que el PP desacredita porque lo preside el exdirigente socialista José Félix Tezanos–, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), RTVE o la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC).
“Vamos a ser un freno a la deriva con la que el Gobierno está conduciendo a nuestro país”, defiende el equipo de Casado, que pretende utilizar el nuevo curso político para consolidar su liderazgo al frente del PP y tratar de mantener a su partido como la fuerza hegemónica de la derecha española ahora dividida en tres –PP, Vox y Ciudadanos–, en una tarea que, por el momento, no le ha dado resultado en las encuestas.