La 'vía Rubalcaba' marca a Sánchez el camino de la negociación sobre Catalunya

Nadie dijo que fuera a ser fácil y tampoco rápido. Quienes exigen ya respuestas y titulares a toda página para el conflicto catalán que España arrastra desde hace casi una década tendrán que esperar tiempo. Quizá años. Las posiciones de partida son distantes, cuando no incompatibles, y nadie atisba soluciones mágicas, tampoco la de una consulta nacional sobre el modelo autonómico o una estatutaria en la que solo participen los catalanes. 

La estrategia territorial de Pedro Sánchez pasa, sí, por un modelo federal. Nada nuevo bajo el sol de los socialistas en este sentido desde hace más de tres lustros. Más allá de ello, solo hay un diagnóstico de lo ocurrido en la última década, voluntad política para enderezar un camino que se torció con la sentencia del Constitucional sobre el Estatut y el encargo explícito del presidente del Gobierno a su equipo de recopilar informes y documentos para la construcción de una propuesta que se llevará a la mesa de diálogo el próximo septiembre. Como referencias obligadas, las Declaraciones de Granada (2013) y de Barcelona (2017) en las que el PSOE sentó las bases de un “nuevo pacto territorial”, pero también la “Agenda para el Reencuentro” que Sánchez presentó a Quim torra durante su entrevista en el Palau de la Generalitat el 6 de febrero de 2020.

Con la Declaración de Granada, la dirección de Alfredo Pérez Rubalcaba y sus 17 barones territoriales sellaron un acuerdo unánime para responder con una reforma constitucional de corte federal al desafío soberanista en Catalunya y, de paso, evitar el divorcio con un PSC que renunciaría desde entonces al derecho a decidir, una especie de eufemismo del derecho de autodeterminación. 

“Ni el retroceso ni la ruptura son la solución que España necesita. Tampoco lo es el inmovilismo, porque hay realidades que están ahí y no se pueden ignorar. El federalismo es el único punto de encuentro posible para restablecer el consenso territorial en España”, afirmó el día de la solemne firma en la ciudad de la Alhambra el que fuera entonces líder del primer partido de la oposición. 

El del federalismo había sido un debate inexistente en el PSOE hasta septiembre de 2012, cuando la explosión soberanista en Cataluña enfrentó al equipo de Rubalcaba con la dirección del PSC, que había tomado posición en contra de la independencia pero a favor del derecho a decidir y de una consulta “legal y pactada” con el Estado. Para evitar la ruptura con su partido hermano y, a la vez, frenar el órdago independentista, llegaron a la conclusión de que el federalismo era una “obligación histórica con España”.

La de Barcelona, firmada también entre PSOE y PSC en julio de 2017, ratificó la anterior con Pedro Sánchez ya en la secretaría general, pero el texto fue un paso más allá de la actualización del Estado de las Autonomías planteada en 2013, ya que defendía una reforma de la Constitución que hiciera de España “un estado federal” hasta reconocer “plenamente su carácter plurinacional”. La reforma de la Carta Magna seguía siendo el objetivo, pero se proponía iniciar desde ese mismo momento una serie de cambios para profundizar en el autogobierno de Catalunya y recuperar algunos de los aspectos que el Constitucional tumbó del Estatut, después de que fuera votado por los catalanes en referéndum. 

Transferencias pendientes

Así, defendía una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, “incorporando las previsiones sobre el Consejo de Justicia de Catalunya y configurándolo como una instancia desconcentrada del propio CGPJ”. Y reclamaba además culminar el traspaso de transferencias pendientes y de los recursos necesarios para hacerlas efectivas en asuntos como salvamento marítimo, protección civil, formación sanitaria especializada o ejecución de la legislación estatal en materia de trabajo y relaciones laborales. Esto además de garantizar que los Presupuestos Generales del Estado destinaran el porcentaje de inversión que corresponde a la participación de Cataluña en el PIB de España, entre otras cuestiones.

Con todo, el ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, está empeñado en reflotar un informe inédito, previo a la célebre Declaración de Granada con la que el PSOE sentó las bases de un nuevo pacto territorial para España, que Alfredo Pérez Rubalcaba entregó a Mariano Rajoy en 2013 y que apuntaba ya algunas soluciones para la crisis catalana. El texto, que explicitaba por primera vez la vía de la reforma constitucional y fue elaborado con aportaciones de José Enrique Serrano, Ramón Jáuregui y el propio Iceta, nunca vio la luz en vida de Rubalcaba. El periodista Antonio Caño lo publicó hace menos de un año en su libro, Un político de verdad (Plaza&Janés), y hay quien defiende que el documento tiene hoy plena vigencia.

“El derecho a decidir no es sino un eufemismo del derecho de autodeterminación, inaplicable a todas luces en nuestro marco constitucional. Pero el rechazo a su ejercicio no debe contemplarse como la única respuesta del Estado a una demanda mayoritaria del Parlamento de Catalunya. Este debe ir acompañado de una oferta de diálogo y negociación sobre los problemas que plantea la población catalana en sus relaciones con España”, defendía el exvicepresidente del Gobierno

El Estatut, la financiación y las singularidades

Rubalcaba resumió el conflicto en tres grandes cuestiones: la decepción estatutaria producida en la década 2000-2010 y en particular la derivada de la sentencia del Constitucional después del referéndum del Estatut; el agravio catalán de la financiación autonómica culminado con el rechazo del Gobierno de España al pacto fiscal en 2012 y la creciente sensación en Catalunya de que España no admitía ni aceptaba sus singularidades culturales, lingüísticas, políticas e históricas. 

Y pedía ya a Rajoy en aquel documento “ofrecer juntos soluciones a la defensa de un modelo territorial que integre a todos y evite fracturas”. Lo que Rubalcaba hizo siendo oposición, antes siquiera de debatir el asunto en el PSOE, fue ofrecer al Gobierno del PP lealtad y colaboración para actuar cuanto antes, rectificar el rumbo de los acontecimientos y “revisar con alguna profundidad la arquitectura del modelo, proponiendo reformas que tratan objetivamente de resolver los problemas, sin cuestionar las bases del Estado autonómico”.

A Pedro Sánchez hoy se le puede achacar que no haya buscado la complicidad de la oposición para su hoja de ruta en Catalunya, pero tampoco nadie imagina a Pablo Casado dispuesto a arrimar el hombro, y mucho menos renunciar al uso partidista del conflicto o poner sobre la mesa alguna solución que no pase por la judicialización, como hizo en su día Rubalcaba.

Con aquella propuesta, recuerda el ministro Iceta, se llegó a un nivel de detalle al que nadie llegó nunca con una propuesta “absolutamente vigente y viable” para afrontar el conflicto catalán.

El documento, que servirá también como base para la propuesta del Gobierno a la Generalitat, proponía la plasmación de las unidades territoriales que componen el Estado para cerrar el mapa autonómico y reforzar con la normatividad de la Constitución una “nueva y clarificadora” distribución de competencias que incluyera un listado de las exclusivas del Estado que precisara su carácter legislativo, ejecutivo o administrativo. Una reforma que ya advirtió que supondría la supresión de los artículos 148 y 150.2 de la Carta Magna y una constitucionalización de la jurisprudencia del TC sobre los perfiles de algunas competencias básicas del Estado, como las referidas a la igualdad y derechos de los españoles y la dirección económica del Estado.

Además de la tan demandada reforma del Senado para convertirla en auténtica Cámara territorial, Rubalcaba proponía, inspirado en el federalismo alemán, incluir en la Carta Magna reglas sobre el reparto de las competencias financieras y de los recursos del Estado y las CCAA para garantizar un “mínimo de autonomía y suficiencia financiera a las Comunidades frente a un eventualmente centralista legislador orgánico”. Y también constitucionalizar el principio de participación de las autonomías en la gobernación del Estado, y facilitar la “participación autonómica en las estrategias nacionales de la política económica”. 

De aquellos polvos, dos referendos ilegales

El exlíder del PSOE planteó además reconocer constitucionalmente los hechos diferenciales y las singularidades estatutarias de los diferentes territorios en materia lingüística, cultural y educativa, así como reformar el control constitucional de las reformas de los Estatutos de Autonomía, de tal modo que el texto se sometiera a referéndum después de que el Constitucional resolviera posibles recursos.

“Lo que no podemos hacer es quedarnos quietos y asistir pasivos a la demolición del modelo en medio de un fuego cruzado de independentistas y recentralizadores”, le advertía a Rajoy en su pormenorizado informe. Fue exactamente eso lo que hizo el entonces presidente del Gobierno. Y de aquellos polvos, dos referendos ilegales, la entrada en prisión de los líderes independentistas, una sentencia del Supremo con penas de cárcel de hasta 12 años y los indultos recién concedidos por Pedro Sánchez.

El valor político de aquel documento inédito es indudable. Aun hoy, con otra derecha que no fuera la del 'cuanto peor, mejor' que representa Pablo Casado, sería un buen arranque para una negociación que el Gobierno presume larga, complicada y que, en algún momento, debería buscar algún punto de encuentro con el PP, aun sabiendo que formó parte del problema y nunca de la solución. Y es que sin su participación “nunca podrá haber solución definitiva al problema catalán”, como reconoce un destacado socialista. Tampoco sin que ERC “pierda el miedo a Junts y se independice de los de Puigdemont”, añade uno de los ministros más escépticos con el resultado que pueda salir de la mesa de diálogo entre el Gobierno de España y el de la Generalitat. Y mucho más con que con la aritmética parlamentaria actual y un PSOE de mayoría escasa puedan salir cambios de calado que se necesitan para dar estabilidad a cualquier pacto.