El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó el pasado julio, días antes de su renovación tras más de cinco años en funciones, la participación como ponentes de cuatro de sus vocales salientes en sendos cursos en Colombia y Uruguay que se celebrarán el próximo otoño cuando todos tendrán ya la condición de ex. Los acuerdos de la Comisión Permanente que avalan estos desplazamientos autorizan que los vuelos se realicen “en clase superior a la turista” y garantizan que los anteriores integrantes del órgano “sí percibirían retribución” por esas ponencias en caso de “desvinculación” del CGPJ.
A preguntas de elDiario.es, un portavoz de la institución afirma que el procedimiento ha sido “absolutamente normal”. Asegura que el programa empezó a trabajarse en abril y que la elección de los coordinadores y ponentes de los cursos —entre los que también hay jueces, fiscales, catedráticos, letrados del CGPJ o profesores de la Escuela Judicial— tiene que hacerse con cierto margen de tiempo para hacer la difusión y que los interesados se puedan inscribir. El mismo portavoz insiste en que participan en su condición de “expertos” en la materia. Los seminarios están dirigidos a integrantes de poderes judiciales de países de América Latina y el Caribe y se realizan en colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
El acuerdo para la renovación del CGPJ se anunció el 25 de junio y los nuevos vocales celebraron la sesión constitutiva el 25 de julio. La Comisión Permanente del órgano aprobó en sus sesiones del 4 y el 24 de julio —la última del mandato— casi una treintena de desplazamientos de diferentes profesionales vinculados al derecho para dar conferencias o coordinar los citados cursos en Colombia y Uruguay. Entre ellos, los de las entonces vocales María Ángeles Carmona, Carmen Llombart, Roser Bach y Mar Cabrejas. También el del secretario general saliente del órgano, Manuel Luna Carbonell, que se delega “expresamente” a sí mismo la gestión de uno de los cursos en los que participa como ponente.
Las cuatro vocales formaban parte de la Permanente, el llamado ‘núcleo duro’ del órgano que precisamente eligió a los coordinadores y ponentes de estas actividades. Carmona y Llombart estaban alineadas en el sector conservador y Bach y Cabrejas en el progresista. Todos salvo Llombart, con sólo un desplazamiento a Colombia, participarán como ponentes en dos cursos, por lo que realizarán cuatro desplazamientos transoceánicos (ida y vuelta) entre los meses de septiembre y diciembre. Llombart, Bach y Cabrejas son magistradas, mientras que Carmona es letrada de la Administración de Justicia.
Para financiar los viajes, el alojamiento y la retribución de los participantes por las conferencias, el CGPJ aprobó un gasto de 202.639,49 euros con cargo a los presupuestos de la Escuela Judicial, el organismo donde se forman los nuevos jueces, y el Servicio de Relaciones Internacionales del órgano. Un portavoz del CGPJ explica que se trata de una “previsión” en base al precio de los billetes estimado por la agencia de viajes y que, en el momento de la emisión, se optará por “la tarifa más económica”.
No obstante, los acuerdos aprobados por la Comisión Permanente garantizan que los desplazamientos se puedan hacer con las máximas comodidades. Así, autorizan que los viajes se realicen “en clase superior a la turista”; que se supere la cantidad para el alojamiento prevista en la regulación de las indemnizaciones por razón del servicio, que ronda los 150 euros por noche; y que se pueda rebasar el límite de 40 euros fijado para los desplazamientos en taxi. Los acuerdos detallan que los presupuestos de gastos han sido fiscalizados “de conformidad por la Intervención” del CGPJ.
Los acuerdos también subrayan que los vocales y letrados del CGPJ que participen en dicha condición “no percibirán” retribución por sus ponencias, talleres y foros. Pero detallan que éstas se presupuestan “para atender posibles cambios de ponentes o cambios en la situación profesional de alguno de los designados que pudiese suponer su desvinculación del Consejo General del Poder Judicial, en cuyo caso sí percibirían retribución”. Ese es el caso de las cuatro exvocales, relevadas el pasado 25 de julio tras la toma de posesión de los nuevos integrantes del órgano de gobierno de los jueces. Las ponencias tienen una retribución de 600 euros.
“Turismo judicial”
La designación como ponentes en cursos cuando ya sabían que iban a ser relevados de sus puestos tras más de cinco años en funciones ha creado malestar en el CGPJ. Distintas voces consideran que su elección es “escandalosa” y “falta de ética”. Estas fuentes entienden que se podría haber optado por elegir a otros perfiles para garantizar que las actividades formativas se puedan llevar a cabo, pero “sin comprometer la imagen del órgano” designando a vocales que ya sabían que iban a ser relevadas o al propio secretario general, algo que nunca había ocurrido en la historia del órgano. Otras fuentes creen directamente que “sobra” la mayor parte de la actividad internacional del CGPJ e incluso hablan de “turismo judicial de escasa o nula rentabilidad”.
Los viajes al extranjero de los miembros del CGPJ para participar en actos institucionales o impartir ponencias suponen relevantes desembolsos. Por ejemplo, el gasto más cuantioso del actual mandato es un viaje de seis días que el exvocal Gerardo Martínez Tristán hizo a Cartagena de Indias (Colombia) en noviembre de 2019 para impartir varias conferencias en este mismo programa realizado en colaboración con la AECID. El coste fue de 7.398,04 euros. Precisamente la Permanente del pasado 26 de junio, un día después de que se anunciara el acuerdo para renovar el órgano, acordó que Martínez Tristán fuera relevado en una ponencia que iba a impartir en esa misma ciudad colombiana unos días después, del 2 al 5 de julio de 2024, en el marco de este mismo proyecto.
Fuentes del CGPJ explican que, en todo caso, la designación como ponentes de cuatro exvocales del órgano podría ser revertida por los actuales miembros del órgano. No obstante, para eso debería estar constituida la Comisión Permanente, que podría dejar sin efecto estos acuerdos si así lo consideraran sus integrantes. Los nuevos vocales tomaron posesión de sus cargos el pasado 25 de julio y, por el momento, siguen sin ponerse de acuerdo en quién debe ostentar la presidencia, lo que impide que el órgano pueda ponerse a funcionar con plenas facultades.