La inmensa mayoría de los ingresos de los 60 eurodiputados españoles (a falta de que se resuelva el litigio sobre el escaño de Toni Comín) procede de cargos públicos. A la treintena de parlamentarios que repiten esta legislatura, se suman otros tantos que vienen igualmente de la política, según se desprende de las declaraciones de intereses que tienen que presentar al acceder al Parlamento Europeo, y apenas un puñado llega desde el sector privado. El análisis demuestra, además, que cuatro parlamentarios europeos tuvieron sobresueldos de sus partidos.
Tres de ellos pertenecen actualmente al PP y uno, a Vox. El que obtuvo una mayor remuneración fue Antonio López-Isturiz, que inicia con este su quinto mandato en la institución a la que llegó en 2004. A su retribución como eurodiputado, el Partido Popular Europeo le pagó 9.500 euros extra al mes hasta mayo del año 2022 como secretario general de la organización, según recoge en la declaración que ha presentado ante la Eurocámara.
Lo mismo sucede en el caso de Esteban González Pons, aunque en su caso el dinero procede de Génova. El eurodiputado valenciano, que en 2023 abandonó Bruselas para concurrir en las listas del PP al Congreso y ahora está de vuelta después del fracaso de Alberto Núñez Feijóo en su intento de llegar a La Moncloa, declara ingresos por un valor de 2.900 euros por su labor como vicesecretario institucional del partido. Aunque González Pons señala que es en concepto de “gastos” en la naturaleza del beneficio, establece esa cantidad con carácter mensual.
En el caso del ahora eurodiputado del PP Adrián Vázquez, fue Ciudadanos quien le abonó un salario al margen del suyo como parlamentario el tiempo que ocupó la secretaría general, un puesto que dejó cuando las negociaciones para integrarse en el PP de cara a las elecciones catalanas y europeas naufragaron. Finalmente tres de los miembros de la delegación de Ciudadanos se incorporaron a la lista encabezada por Dolors Montserrat. En los escasos trece meses que Vázquez estuvo al frente del partido fundado por Albert Rivera se embolsó 2.250 euros al mes.
La asignación mensual de un eurodiputado es de 10.377,43 euros brutos, que se quedan en 8.089,63 euros netos, tras deducir el impuesto de la UE y las cotizaciones al seguro. Además, perciben una dieta diaria de 350 euros para cubrir alojamiento, comidas y otros gastos cada día que un diputado se encuentra en el Parlamento Europeo por asuntos oficiales. “Los diputados deben firmar un registro de asistencia, aunque existen excepciones para el presidente y los dirigentes de los grupos parlamentarios. En los días de votación en el Pleno, si un diputado falta a más de la mitad de las votaciones nominales, esta dieta se reduce a la mitad, aunque el diputado esté presente y firme el registro de asistencia”, recogen las normas de la Eurocámara.
El jefe de la delegación de Vox, Jorge Buxadé, declara 2.200 euros al mes como vicesecretario jurídico de la formación que lidera Santiago Abascal. Además, mantuvo su actividad como abogado, que le reportó 18.000 euros anuales.
La mayoría de eurodiputados que tienen cargos en las direcciones de los partidos, sin embargo, no obtienen ninguna remuneración por ello.
Alvise oculta su salario
El Parlamento Europeo obliga a los eurodiputados a publicar una declaración de intereses en la que tienen que especificar su actividad en los tres años previos a acceder al escaño. El agitador Alvise Pérez ha ocultado la cantidad que percibía en su actividad previa como “analista y consultor político por cuenta propia”. La trayectoria política de Alvise Pérez inició como asesor de Toni Cantó en Ciudadanos y en los últimos años se ha dedicado a fabricar y emitir bulos en las redes sociales, donde tiene una importante comunidad de seguidores y algunas fórmulas de pago.
Alvise Pérez camufla ese salario bajo el concepto de “sin remuneración, sólo donaciones”, pero declara percibir ingresos en base a su actividad profesional, tal y como le obliga la Eurocámara, que ahora tendrá que analizar si la información aportada por el agitador se adecúa a las reglas.
Los otros dos integrantes de Se Acabó la Fiesta son de los pocos nuevos parlamentarios cuyos ingresos previos proceden de fuera de la política. Así, Nora Junco, declara 45.000 euros en 2023 en una empresa de marketing, comunicación y eventos y de 44.000 euros en 2022 como gerente de esa empresa. También declara 13.805 euros en hostelería y eventos en Bling Castellana. Por su parte, Diego Solier declara 105.122 euros anuales como director de tecnología en Attindas Hygiene Partners.
La mayoría, sueldos públicos
Pero la mayoría de nuevos parlamentarios europeos proceden de la arena política nacional, con puestos en las autonomías, como la exconsejera andaluza Carmen Crespo (PP) o la exdelegada del Gobierno en Aragón, la socialista María Jesús Serrano, en los ayuntamientos o antiguos parlamentarios regionales o en el Congreso. Las Cortes de Castilla y León están estudiando el caso de Raúl de la Hoz, que ha declarado el cobro de 40.000 euros al año como abogado al tiempo que era portavoz del PP, por lo que percibía 92.000 euros. Raúl de la Hoz asegura que la dedicación exclusiva en las Cortes impide tener otro trabajo por cuenta ajena o en el sector público, pero sí permite el “desarrollo de actividades económicas de carácter profesional” como la abogacía.
Algunos de esos dirigentes declaran haber cobrado de los partidos en el tiempo en el que no han estado en las instituciones, como el caso de la ex vicelehendakari Idoia Mendia, que entre mayo y julio cobró 4.100 euros al mes como secretaria de Estudios y Programas del PSOE. Lo mismo sucede con la eurodiputada de Podemos Isa Serra, que además de sus salarios como diputada autonómica y asesora en el Ministerio de Igualdad declara ingresos como portavoz del partido en el tiempo que no ocupó cargo público así como 1.989 euros con carácter mensual de la fundación de Podemos Instituto República y Democracia. También Jaume Asens cobró de ‘los comunes’ los seis meses desde que salió del Congreso hasta que fue elegido eurodiputado y declara un sueldo de 51.136 euros brutos al año.
En el caso de Juan Carlos Girauta, cuando se quedó sin escaño con el batacazo electoral de Ciudadanos en 2019 y antes de que le fichara Vox para las europeas, cobró de organizaciones judías unos 3.000 euros al mes y también de medios conservadores, que le tenían en nómina como columnista (6.000 euros le pagaba mensualmente ABC y 7.000, después, El Debate).
A pesar de la beligerancia con la que Vox ataca a las organizaciones que se nutren de dinero público, ha llevado al Parlamento Europeo al director de su fundación Disenso, que declara un sueldo de 89.000 euros. Ese organismo se nutre de fondos públicos. De hecho, en los últimos años el partido de la extrema derecha ha traspasado siete millones de euros. Al ser una fundación, las aportaciones que hizo Vox están exentas de impuestos para Disenso, mientras que si fuera una sociedad, y no una fundación, tributaría al 25%.