Las dos presuntas víctimas de Rodrigo de Santos acusan a Horizontes Abiertos-Padre Garralda como responsable civil subsidiaria de los abusos sexuales cometidos por el expolítico cuando trabajaba como responsable del proyecto de acogida de esta ONG. En sus escritos de acusación destacan que la ONG ignoró las advertencias de sus propios trabajadores contra De Santos, intentó boicotear con posterioridad la investigación e incluso se deshizo de documentación comprometedora.
La representación letrada de uno de los reclusos agredidos por De Santos asegura en su escrito de acusación que la ONG conocía los antecedentes por abusos sexuales a menores del que fuera teniente de alcalde de Palma con el PP y que aún así decidió contratarle por “afinidad ideológica”.
La responsabilidad del cargo que la ONG dio a De Santos es la clave en los abusos sexuales. El expolítico del PP amenazó presuntamente a los dos jóvenes con informar en contra de sus permisos a Instituciones Penitenciarias si no mantenían relaciones sexuales con él. Rodrigo de Santos había llegado en 2014 a Horizontes Abiertos tras haber cumplido cinco años de cárcel por abusar de amigos de sus hijos y haber gastado 50.000 euros de fondos públicos en droga y prostitución masculina. A los seis meses, la ONG, regida por un Patronato de políticos del PP, le hizo su primer contrato y en 2016 le puso al frente de dos casas de acogida para presos que no tienen dónde ir.
El abogado de Benjamín (nombre supuesto) pide en su escrito de acusación 94 años de cárcel para Rodrigo de Santos por siete violaciones a su representado con el agravante de reincidencia. Además pide que, de declararse insolvente, sea la ONG quien se haga cargo de los 70.000 euros de indemnización que reclama a Rodrigo de Santos. La otra víctima, Rachid (nombre igualmente supuesto), solicita quince años de cárcel para De Santos, a razón de 7 y medio por cada una de las dos agresiones sexuales contra él. La Fiscalía reclama 20 años de cárcel por una agresión sexual continuada contra Benjamín y y otra contra Rachid.
La ONG que fundó el Padre Garralda, retirado de primera línea en el momento de los hechos y fallecido en 2018, está regentada por un Patronato vinculado al Partido Popular. En el momento de los hechos, su presidenta era Lola Navarro, actual diputada de la Asamblea de Madrid por el PP y exconcejala del Ayuntamiento de Madrid con Ana Botella. Entre los miembros de aquel Patronato estaban tres exconsejeros del Gobierno de Esperanza Aguirre, Luis Peral, Regina Plañiol y Beatriz Elorriaga, que ejercía de vicepresidenta. También integraba dicho patronato el exsecretario de Estado de Comercio Jaime García Legaz, quien lo abandonó por la gestión que había realizado del caso De Santos la presidenta Navarro y que luego volvió al mismo.
La representación letrada expone nueve motivos por los que la ONG debe responder civilmente de los delitos de De Santos. De acuerdo a los testimonios recogidos durante la instrucción, la víctima acusa a Horizontes Abiertos de “haber decidido, voluntaria y conscientemente, no pedirle (a De Santos) la declaración jurada de ausencia de antecedentes penales de naturaleza sexual para evitar tener que rechazar su contratación, pese a haberla exigido al resto de trabajadores y voluntarios”.
Cuando llegó a la ONG, Rodrigo de Santos no era ningún desconocido. Su caso había sido recogido por todos los medios de comunicación de Baleares y el resto de España. Militante ultracatólico, padre de cinco hijos y teniente de alcalde que se negaba a casar a gais, Rodrigo de Santos había sido condenado a 13 años de cárcel por, entre otros delitos, aprovechar que dos amigos de sus hijos, pertenecientes como ellos a Camino Neocatecumenal (los kikos), dormían en su casa para abusar sexualmente de ellos. Un fallo por unanimidad del Tribunal Supremo, redactado por el magistrado ultraconservador Adolfo Prego, rebajó en ocho años la condena porque, entre otros argumentos, consideró que no estaba probada la falta de consentimiento del niño de 14 años con el que mantuvo relaciones sexuales completas.
Fue la “afinidad ideológica” de la ONG la que le valió un puesto a De Santos cuando supuestamente estaba rehaciendo su vida tras pasar cinco años en la cárcel, según la acusación, “contraviniendo el deber de diligencia debida en las contrataciones para este tipo de recursos”. Una vez en la ONG, sus directivos tuvieron motivos para recelar de Rodrigo de Santos, pero los ignoraron.
Un miembro del Comité de Trabajadores les envió varias cartas “cuestionando el comportamiento del acusado”, recoge la acusación particular en su escrito. Incluso en noviembre de 2016, apenas cuatro meses antes de que empezaran los presuntos abusos a los dos internos de permiso, el Comité de Trabajadores pidió expresamente y por escrito que se apartara a Rodrigo de Sanos a un puesto “sin relación directa con los usuarios dada su actitud con ellos”. Varios de los usuarios de las casas de acogida se quejaron personalmente, pero tampoco sirvió de nada.
Lejos de atender los indicios de su comportamiento, la ONG intentó borrarlos. El superior directo del acusado, Vicente Zafrilla, escribió al Centro de Inserción Social Victoria Kent “minimizando los hechos y tildando de denuncia falsa” las declaraciones en sede policial realizada por las víctimas. Esas declaraciones propiciaron una intensa investigación por parte de la Unidad de Familia y Menores (UFAM) de la Policía que derivó en la detención e imputación de Rodrigo de Santos.
De acuerdo al testimonio coincidente de dos becarios que pasaron por aquella época por Horizontes Abiertos, la ONG se deshizo del “registro de incidencias” de las dos casas de acogida donde se produjeron los abusos una vez los internos denunciaron. Esos registros de incidencias acabaron en manos de Rodrigo de Santos cuando ya estaba siendo investigado.
La ONG pretendió personarse como acusación particular dos años después de la detención de Rodrigo de Santos, lo que el magistrado Juan José Escalonilla rechazó. Y lo hizo pese a que la abogada de Horizontes Abiertos estuvo durante más de un año compaginando sus servicios a la ONG con la defensa en la causa de De Santos. Se da la circunstancia de que recientemente el acusado ha informado de que se incorpora a su defensa el abogado Pedro Horrach, ex fiscal anticorrupción, popular por su papel en el caso Nóos, y que ahora combina despacho propio en Palma con la dirección del departamento de Derecho Penal de la delegación en Madrid del bufete estadounidense Crowe.
Una posible condena a Rodrigo de Santos depende en parte de la credibilidad que el tribunal conceda al testimonio de sus víctimas, como hizo la Policía y el juez Escalonilla. Por ello, la defensa de Benjamín, que ejerce el despacho Red Jurídica, ha presentado un informe pericial firmado por el psiquiatra Pau Pérez-Sales y la psicóloga Clara González Sanguino siguiendo el Protocolo de Estambul. Se trata de un procedimiento adoptado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el año 2000 y que pretende ser una guía internacional para evaluar a las personas que han sufrido torturas o violencia sexual.
El informe concluye que el relato que hace Benjamín de hasta siete episodios de violencia sexual “resulta consistente y verosímil” y que los mismos han provocado “un daño permanente” en la víctima que se traduce en un estrés postraumático que ha remitido en parte cuando el exrecluso ha abandonado España y ha tenido una hija con su pareja. Aun así presenta trastorno depresivo recurrente y “cambios identitarios y transformación persistente de la misma, con consecuencias en su visión del mundo, en el modo de relacionarse con los demás, en la percepción de sí mismo y de su cuerpo y en la capacidad para proyectarse en el futuro”. Los expertos recomiendan que siga en tratamiento psiquiátrico.
En su escrito de defensa, los abogados de Rodrigo de Santos niegan que se produjera ninguno de los hechos denunciados y solicita, entre otros, los antecedentes penales de las dos víctimas. En el caso de Benjamín, se trata de un latinoamericano que hizo de mula de la droga desde su país a España con apenas 23 años, siendo detenido en Barajas. La organización le convenció de que llevaba un kilo de cocaína, pero fue sorprendido con seis. Desde que cumplió condena no ha vuelto a delinquir.