Ángel Villar ya no preside la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), pero el clan de afines que le ayudó a perpetuarse en el poder sigue controlando las riendas de ese organismo. En libertad y con una suspensión de un año, el principal acusado mantiene su red clientelar intacta a pesar de los indicios delictivos que describe el auto por el que fue enviado a prisión. Ahora La Liga quiere personarse en la causa para que el juez apruebe una intervención judicial que aparte a los afines a Villar.
Así lo acordó la Comisión Delegada de La Liga en su reunión del pasado 24 de julio. La Liga quiere personarse como acusación particular y desde ahí tratar de apartar al clan de Villar de la dirección de la RFEF. Para ello van a solicitar al juez Santiago Pedraz, que lleva la investigación del caso, que acuerde una intervención judicial durante el tiempo que dure la instrucción de la causa.
El Consejo Superior de Deportes (CSD) decidió el pasado 25 de julio suspender a Villar durante un año. Aunque se especuló con una sanción más severa, el CSD optó porque la suspensión fuese temporal y advirtió de que “dicha suspensión puede ser reconsiderada en función de cómo se vayan produciendo los acontecimientos”. Villar, ya suspendido, salió de la cárcel el pasado lunes tras abonar la fianza de 300.000 porque el juez considera que poco puede hacer ya por obstaculizar la investigación.
El juez Santiago Pedraz le envió el pasado a la cárcel madrileña de Soto del Real junto a su hijo Gorka, su vicepresidente económico Juan Padrón -también suspendido por un año- y el secretario de la Federación Tinerfeña de Fútbol. El auto describe las maniobras de Villar para mantenerse en el poder durante tres décadas mediante la compra de voluntades y las amenazas a quienes no le garantizaban lealtad.
Esa red que le garantizaba mantener su absolutismo sigue intacta. En los cargos de la RFEF se mantienen aquellos en los que Villar se apoyó para lograr sus reelecciones consecutivas, la mayoría sin apenas oposición. El ejemplo más claro es que el sustituto de Villar es Juan Luis Larrea, un nombre que aparece en varias páginas del escrito del juez Pedraz.
Larrea, antes tesorero de la RFEF, es con quien Villar gestionó, por ejemplo, el pago de 300.000 euros a la federación cántabra, un dinero destinado a construir campos de fútbol, pero que servía también para ganarse el apoyo de su presidente, José Ángel Peláez. Larrea también trató una serie de movimientos de dinero con Padrón, que en un momento dado le comenta: “lo hice en su día, algún documento que nos protegerá de que digan que nadie sabe nada y de que es cosa tuya y mía”.
Delante del juez, Larrea negó cualquier irregularidad. En público ha hecho una defensa cerrada de la gestión de su antecesor: “pondría la mano en el fuego por Villar, pasase lo que pasase”. Además de él, en la Federación continúan cargos como la directora de la Selección Española, María José Claramunt, imputada en la Operación Soule.
De Claramunt dependían los partidos de la Selección que Gorka Villar utilizaba para hacer negocios. Aprovechaba cada amistoso internacional de la Selección para firmar contratos de asesoría con las federaciones de fútbol extranjeras, lo que le reportó unos ingresos superiores al medio millón de euros. La secretaria General de la Junta Directiva de la RFEF también sigue en su puesto, a pesar de que la investigación de la Audiencia Nacional ha destapado que cobró una indemnización por despido para luego ser contratada de nuevo.
Entre quienes siguen en los órganos directivos está Jorge Vaquero, director de gabinete de la Secretaría Técnica, y la persona con quien Gorka Villar trataba habitualmente los asuntos de la RFEF, en la que no tenía ningún cargo. El auto de prisión sitúa a Vaquero como una de las personas que ayudaron a Gorka a convertirse en “un gestor en la sombra” de la Federación. Junto a él una larga lista de cargos que ayudan al juez Pedraz a componer el relato del clientelismo.
Vía penal o civil
Para cortar los tentáculos de Villar, La Liga quiere proponer la intervención judicial. Tendrá que esperar a septiembre, cuando la Fiscalía emita su informe acerca de si tiene razones para personarse o no. Si consigue ser parte de la causa, sus abogados propondran que el juez nombre a un administrador judicial.
Desde el departamento jurídico La Liga explican que basarán su solicitud en que se han utilizado fondos públicos y privados de manera irregular, y que parte de esos fondos provienen de La Liga.
Fuentes conocedoras del proceso dudan de que esta propuesta tenga posibilidades de prosperar. En la vía penal, se designa un administrador judicial para evitar que se sigan cometiendo delitos, algo que tendría que demostrar La Liga, o para asegurar el pago de posibles multas. Ven más factible abrir un proceso civil que aparte a los actuales gestores.
Cuando en un mes el juez decida a quien acepta, será el turno también para otea acusación particular, la que ejerce Miguel Ángel Galán. Se enfrentó a Villar para dirigir la RFEF y es su principal azote en los juzgados. Su defensa cree que es evidente que la Federación sigue controlada por afines a Villar, pero apuesta por estudiar, una vez tengan el detalle del sumario del actuar proceso, si es factible abrir la vía civil o si se pueden impugnar los actuales nombramiento en base a los estatutos de la federación. Hasta septiembre, aquellos que ayudaron a Villar durante su reinado seguirán al frente de la RFEF.