El juez del caso Villarejo busca en Reino Unido indicios contra Pablo Iglesias en el caso del móvil de su colaboradora

El juez del caso Villarejo, Manuel García-Castellón, ha dictado una orden internacional de investigación para ampliar al Reino Unido la nueva fase de la investigación que ha abierto sobre el robo y posterior difusión del contenido del móvil de Dina Bousselham, antigua colaboradora de Pablo Iglesias. García-Castellón da así un nuevo impulso al caso coincidiendo con la retirada de la condición de perjudicado al vicepresidente segundo del Gobierno. 

El instructor de la macrocausa de Villarejo duda de la versión que le ofrecieron tanto Iglesias como Bousselham. De lo que comenzó siendo una investigación sobre la posible operación contra Podemos tras el robo de la tarjeta y la publicación de parte de su contenido en tres medios de comunicación, el juez ha pasado a sospechar de ambos al encontrar supuestas contradicciones en sus declaraciones y a considerar “apremiante” esclarecer qué ocurrió con una tarjeta que nada tiene que ver con la organización criminal de Villarejo y que contenía información íntima de la mujer. 

En el último tramo del confinamiento, García-Castellón citó a Bousselham y le practicó un riguroso interrogatorio. Del mismo obtuvo la declaración de la perjudicada en la causa de que ella hizo los pantallazos publicados y que pudo enviarlos a terceros.

A esta declaración se aferra el juez para concluir que no hay delito en su publicación por Okdiario, El Confidencial y El Mundo y que, por tanto, de nada pudiera resultar perjudicado Iglesias. Como constaba en el recurso que presentó el vicepresidente, rechazado este mismo miércoles por el juez, las publicaciones se produjeron en momentos muy determinados del auge político de Podemos, incluidas las negociaciones con el PSOE en 2016 para formar Gobierno. Antes de que esos medios publicaran parte del contenido del móvil, el comisario Villarejo se había hecho con una copia. 

Daños informáticos y robo de datos personales

Iglesias, por su parte, había recibido la tarjeta de parte de los responsables de la revista Interviú y tardó al menos seis meses en entregársela a su dueña. En el auto de la orden internacional, García-Castellón ya nombra los delitos que puede haber detrás: daños informáticos y apoderamiento de datos reservados de carácter personal. Ninguno de estos delitos son atribuidos a los dos periodistas investigados por lo que el juez se refiere a otro periodo de la circulación de la tarjeta en el que entra Pablo Iglesias. 

Bousselham dijo en su declaración de mayo que recibió de Iglesias la tarjeta dañada, pero luego se rectificó a su misma en un escrito al juzgado en el que afirmaba que la recibió en buen estado. La pareja de la excolaboradora envió la tarjeta a Reino Unido por si podía recuperar su contenido y por eso García-Castellón se dirige a aquel país para conocer en qué estado llegó la tarjeta a la empresa, identificar al técnico que trabajó en ella y al responsable de la empresa, así como solicitar el interrogatorio de ambos. 

El instructor del caso Villarejo ya había disipado la responsabilidad que pudiera tener Villarejo en que las imágenes llegaran a medios de comunicación habituados a publicar información elaborada por la brigada política a la que él perteneció durante la primera legislatura de Mariano Rajoy. La relación personal de algunos de esos periodistas con Villarejo está acreditada en otros sumarios judiciales. 

El juez dedicó recitenemente en un auto un mismo párrafo a Villarejo y al medio que dirige Eduardo Inda. “De las actuaciones practicadas no se puede inferir en este momento la ilicitud de la actuación del medio de comunicación Okdiario o de sus responsables. Tampoco resulta posible vincular las publicaciones aparecidas en el referido periódico digital Okdiario, exclusivamente a la intervención del investigado José Manuel Villarejo Pérez”, escribía García-Castellón.

El magistrado hace esta afirmación pese a que los medios comenzaron a publicar el contenido del móvil de la colaboradora apenas unos días después de cuando los todavía imputados Alberto Pozas y Luis Rendueles, director y subdirector de Interviú en esa época, aseguraron haberle entregado una copia a Villarejo. El juez ha rechazado varias peticiones de la representación de Bousselham e Iglesias para que declaren los periodistas que publicaron la información procedente del móvil robado.