El Tribunal Constitucional ha pisado el acelerador de las sentencias en el último año y medio. Desde el principio de su mandato, el presidente, Cándido Conde-Pumpido, fue muy explícito al afirmar que uno de sus objetivos era terminar con la tradición de mantener asuntos de gran calado social durante años en un cajón hasta dictar sentencia, como sucedió durante más de una década con la ley del aborto.
Desde entonces el pleno, muchas veces con el voto del sector conservador en contra, ha avalado algunas de las normas más relevantes surgidas del Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos en la pasada legislatura. Desde la ley rider hasta el impuesto a las grandes fortunas pasando por la eutanasia, la reforma del Consejo General del Poder Judicial o el Ingreso Mínimo Vital, todas recurridas sin éxito por PP y Vox.
La última en conseguir el aval del tribunal en los últimos días ha sido la Ley de Vivienda. El pleno anunció hace unos días el rechazo a la mayor parte del recurso presentado por la Junta de Andalucía, una de las múltiples comunidades autónomas gobernadas por el PP que impugnaron una veintena de sus artículos. Con el voto en contra de los cuatro magistrados del sector conservador, el tribunal avaló que el Estado pueda regular esa materia aunque sea una competencia de las comunidades autónomas: el derecho a la vivienda, dice la sentencia, es un derecho constitucional y el Ejecutivo central puede imponer normas básicas “que garanticen la igualdad de los ciudadanos en su ejercicio”.
Los magistrados todavía tienen pendientes media docena de recursos en torno a esta ley que afectan a artículos que todavía no han sido estudiados después de anular tres de ellos a instancias de la Junta: entre otros el que regula la vivienda protegida y el que establecía las obligaciones de los grandes tenedores de vivienda de informar sobre el número de casas que tienen en propiedad.
La proporción de siete votos progresistas a favor y cuatro conservadores en contra se ha mantenido en las deliberaciones más relevantes a nivel político y legislativo del último año, aunque no sea necesariamente la tónica en el todos los casos que estudia la corte de garantías. Sucedió cuando en marzo de 2023 avaló la ley de eutanasia rechazando los recursos de PP y Vox: “Garantiza el derecho a la autodeterminación de la persona sin dejar desprotegida la vida”, dijo la sentencia. El tribunal sí encontró la unanimidad unos meses más tarde para tumbar una norma del Ejecutivo madrileño de Isabel Díaz Ayuso que limitaba el acceso a este derecho.
La misma proporción que avaló la reforma que impide desde 2021 hacer nombramientos en la cúpula judicial al Consejo General del Poder Judicial mientras mantenga el mandato caducado. El pasado mes de octubre el Constitucional rechazó los recursos de PP y Vox contra la modificación de la ley que regula el órgano de gobierno de los jueces, con los cuatro magistrados conservadores considerando que la norma “despoja” al CGPJ de sus funciones “consustanciales”.
La ley rider, con la que el Ejecutivo buscaba combatir el abuso de la figura del falso autónomo en las plataformas de reparto, también obtuvo el aval del Constitucional con los votos a favor del sector progresista, constando la profunda división que parte el pleno del máximo intérprete de la Carta Magna. El impuesto a las grandes fortunas, recurrido por la Comunidad de Madrid de Ayuso, también quedó avalado por esta misma proporción después de recaudar más de 600 millones de euros en 2023.
Una de las primeras normas del Ejecutivo de coalición en recibir el aval del Constitucional en 2023 fue la conocida como 'ley Celáa', de educación, que entre otras cosas avala la retirada de subvenciones a colegios que segreguen a sus alumnos por sexo. Y una de las últimas ha sido la reforma del Código Penal que penaliza el acoso a mujeres que acuden a una clínica a abortar.
Pocas de estas votaciones han eludido esa división entre progresistas y conservadores y la proporción de siete votos en un sentido y cuatro en sentido contrario. Dos de las normas han sido avaladas con unanimidad: la cesión de la gestión del Ingreso Mínimo Vital a Euskadi y Navarra y la norma puesta en marcha en 2021 para intentar combatir el abuso de la temporalidad en las administraciones públicas. En el caso del IMV el Constitucional fue claro y con el voto favorable de sus 11 integrantes: no afecta a la “caja única” como alegaba Vox.
Se mantiene por el momento en la indeterminación la votación sobre la 'ley Rhodes' de protección de la infancia. El pasado mes de abril el ponente del recurso de Vox, el conservador Enrique Arnaldo, decidió retirar su ponencia en la que se mostraba partidario de estimar al menos de forma parcial el recurso de Vox para limitar la retirada de la guarda a los progenitores denunciados por malos tratos. En ese caso el sentido mayoritario del pleno es a favor de rechazar el recurso pero la votación todavía no se ha celebrado.
Las leyes pendientes de sentencia
La agenda del Tribunal Constitucional muestra que el pleno todavía tiene varias leyes relevantes de la última legislatura en la lista de asuntos pendientes recurridos por PP y Vox. Normas como la ley trans, la de Memoria Democrática, el aborto, la derogación de la sedición, la ley del 'solo sí es sí' o la reforma legal que pretendía desbloquear la última renovación parcial del propio Constitucional.
Todas las leyes han sido recurridas por el PP o por Vox, en el caso del partido de Santiago Abascal antes de perder los números parlamentarios que le permitían acudir continuamente al tribunal de garantías. En los últimos meses, la extrema derecha ha dirigido su estrategia de nuevo hacia la vía penal en el Tribunal Supremo.
Con el Tribunal Constitucional convertido en uno de los mayores campos de batalla de la política, la derecha desarrolla desde hace más de un año una estrategia de deslegitimación de este organismo desde que, tras las últimas renovaciones, cuenta con una mayoría progresista bajo la presidencia de Cándido Conde-Pumpido.
Ninguna de estos recursos ha entrado, por ahora, en el calendario del pleno del Constitucional. Otras normas de calado de la pasada legislatura tampoco fueron recurridas, al menos en su integridad, por los partidos de la oposición: en el caso de la reforma laboral, por ejemplo, solo impugnaron la votación en la que Alberto Casero (PP) se postuló por error a favor de la norma, que salió adelante precisamente gracias a su voto.