La renuncia de Carlos Lesmes ha abierto un escenario de incertidumbre total tanto en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como en el Tribunal Supremo que tendrá su primer hito en el debate sobre su reemplazo. Una mayoría de vocales —tanto conservadores como progresistas— están dispuestos a dar la batalla contra el intento de Lesmes de dejar cerrado su relevo encumbrando como presidente a Francisco Marín, que ejerce interinamente la vicepresidencia del Supremo donde preside su Sala de lo Civil. Esa plaza está vacante tras la jubilación en octubre de 2019 de su entonces titular, Ángel Juanes.
Antes de marcharse para intentar forzar el bloqueo de la renovación que el PP ha mantenido durante cuatro años en el órgano de Gobierno de los jueces, Lesmes encargó al gabinete técnico un informe sobre su “eventual sustitución” ante la circunstancia de que el órgano no puede elegir a un nuevo presidente al tener su mandato caducado desde hace casi cuatro años y el vacío legal existente al respecto. Ese documento establece que “de manera automática, sin necesidad de acto o acuerdo alguno” ambos puestos deben ser ocupados por Marín, que es también el presidente de Sala más antiguo del Alto Tribunal.
Sin embargo, una mayoría de vocales no está de acuerdo con esta solución. El “automatismo” que establece el informe ha soliviantado especialmente a los consejeros, que consideran que esa decisión debe tomarla el pleno. Precisamente con este objetivo, siete de los ocho vocales del sector progresista solicitaron este lunes que en el pleno convocado para el próximo jueves se debata el escenario abierto tras el cese de Lesmes.
Son varios los vocales que entienden que debería darse una bicefalia con Marín como presidente del Supremo y Rafael Mozo como presidente de facto del CGPJ por ser el vocal de mayor edad. Mozo fue elegido a propuesta del PSOE. Esgrimen, para ello, un informe del gabinete técnico que, en octubre de 2019, determinó que, en caso de “ausencia, enfermedad o vacancia” del presidente, este debería ser sustituido por el vocal de mayor edad, que entonces era Rafael Fernández Valverde, que se jubiló el pasado febrero.
El gabinete técnico se pronunció en ese momento a instancias de cinco vocales que pidieron un informe sobre las actuaciones a seguir tras la jubilación del que era en aquella época vicepresidente del Supremo, Ángel Juanes. Según ese documento, su sustituto debía ser el vocal de más edad, que es también quien preside la sesión constitutiva del CGPJ y quien reemplaza al presidente si no puede asistir a la Comisión Permanente.
Entre tanto, el primer hito va a ser el pleno convocado para este jueves. Los vocales consultados entienden que no va a ser problemático en “términos jurídicos”. Sostienen que Mozo será “sí o sí” quien dirija esa sesión porque Lesmes, aunque ha anunciado que no va a estar, seguirá siendo formalmente presidente hasta un día después de que su cese se publique en el Boletín Oficial del Estado, lo que se espera para el jueves, sostiene estas fuentes. “Será una sustitución por ausencia. Y a partir de ahí tendremos que definir los aspectos de organización que nos va a afectar a partir de que se haga efectiva la renuncia”, afirma un vocal.
“Vías diferenciadas”
Por otro lado, el informe elaborado por el gabinete técnico a petición de Lesmes establece que “tanto la Constitución como la Ley Orgánica del Poder Judicial conciben la presidencia del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial como una titularidad conjunta e indisociable, lo que excluye la posibilidad de articular vías diferenciadas de sustitución: a través del vicepresidente del Tribunal Supremo o de quien ejerza sus funciones en la presidencia del Tribunal Supremo y por el vocal de mayor edad en la presidencia del CGPJ”.
También hay discrepancias entre los vocales sobre esta cuestión. Las fuentes consultadas recuerdan que las dos funciones se bifurcaron en el pasado “y no sucedió nada”. Ocurrió en junio de 2012, tras la dimisión del expresidente del CGPJ y del Supremo Carlos Dívar por el escándalo de sus viajes a Marbella con fondos públicos de la institución. Entonces, la presidencia del CGPJ la asumió provisionalmente el entonces vicepresidente Fernando de Rosa, y la del Supremo, el magistrado Juan Antonio Xiol, que era el presidente de Sala más antiguo.
Ambos ejercieron esas funciones de manera provisional hasta que el CGPJ nombró como presidente a Gonzalo Moliner. La situación no es del todo homologable porque entonces el órgano de gobierno sí podía hacer nombramientos, una atribución que tiene vedada ahora al tener su mandato caducado desde finales de 2018.