La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, afirmó este lunes que “por supuesto” que “en Vox hay un documento” para prevenir y penalizar comportamientos como de los que se acusa el exportavoz de Sumar, Íñigo Errejón, por las que se ha visto obligado a dejar de forma fulminante todos sus cargos. Ese protocolo es obligatorio por ley, pero lo cierto es que hasta este martes Vox no lo había subido al área de afiliados –de uso restringido para los militantes– para que estos conozcan sus derechos.
El texto, de diez páginas, al que ha tenido acceso elDiario.es, “casualmente, ha aparecido de repente y está ubicado junto al Canal Ético' y 'Denuncias'”, asegura un veterano militante de la formación.
Aunque Millán se refirió a la existencia de esas normas internas para casos de abuso sexual, el partido enmarca esas conductas únicamente dentro de un protocolo general “para la prevención y actuación frente al acoso laboral en Vox”, de acuerdo con “las disposiciones legales establecidas en la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Ley de Igualdad, Ley de Prevención de Riesgos Laborales y otras normativas vigentes en materia de acoso laboral”.
Por ello, el partido deja claro desde el principio que dicho protocolo se aplicará únicamente en “las situaciones de acoso que se producen durante el trabajo, en relación con el trabajo o como resultado del mismo”. Y matiza que “el lugar de trabajo, incluye los espacios públicos y privados que son lugar de trabajo, los lugares donde se paga a la persona trabajadora, donde esta toma su descanso o donde come”. También se contempla su aplicación si el supuesto acoso se comete “en desplazamientos, viajes, eventos o actividades sociales o de formación”, pero siempre “relacionados con el trabajo”. Esto, en principio, excluiría agresiones sexuales fuera de ese ámbito.
La formación de extrema derecha explica en el documento que “se entenderá por acoso laboral cualquier comportamiento no deseado, hostil o abusivo, que tenga como objeto o efecto atentar contra la dignidad del trabajador, crear un ambiente intimidatorio, degradante, humillante u ofensivo, o alterar sus condiciones laborales, ya sea de forma verbal, psicológica, física o sexual”. En este sentido, más adelante matiza que, además del mobbing, será objeto de investigación “cualquier comportamiento de naturaleza sexual no deseada que vulnere la dignidad del trabajador, pudiendo crear un entorno laboral hostil o intimidatorio”. Vox admite que esas denuncias también serán tomadas en cuenta si las acciones han sido “realizadas por medio de tecnologías de la información y de la comunicación (acoso virtual o ciberacoso)”. Pero siempre si es en el ámbito laboral.
En dicho protocolo el partido adopta su compromiso de realizar “sesiones de formación, a todo el personal que presta servicios en su organización, sea personal propio o procedente de otras empresas, incluidas las personas que, no teniendo una relación laboral, prestan servicios o colaboran con la organización, tales como personas en formación, las que realizan prácticas no laborales o aquéllas que realizan voluntariado”, así como a poner en marcha “campañas de sensibilización” de forma periódica para hacer más identificable cualquier caso de acoso.
Entre los supuestos que contemplan Vox que “afectan a la salud física o psíquica de la víctima” están las “amenazas y agresiones físicas, verbales o por escrito; gritos y/o insultos”. “Llamadas telefónicas atemorizantes”, o “provocar a la persona, obligándole a reaccionar emocionalmente”. También se consideran reprobables los “ataques a la vida privada y a la reputación personal o profesional”. En concreto, “manipular la reputación a través de rumores, denigración o ridiculización”; “dar a entender que la persona tiene problemas psicológicos, intentar que se someta a un examen o diagnóstico psiquiátrico”; realizar “burlas de los gestos, la voz, la apariencia física, discapacidades, poner motes, etc”, así como “críticas a la nacionalidad, actitudes y creencias políticas o religiosas, vida privada, etc.”
En el caso de que se materialice una denuncia, Vox advierte de “serán secretas, pero no podrán ser anónimas”. “Vox garantizará la confidencialidad de las partes afectadas”, explican en el protocolo. La investigación correría a cargo de una Comisión Instructora compuesta por tres personas: un Responsable de RRHH, un Coordinador Jurídico –que en la actualidad es Marta Castro–, y un responsable de Cumplimiento Normativo. La comisión tendrá una duración de 4 años.
Una vez presentada cualquier tipo de denuncia, dicha Comisión Instructora deberá reunirse en un plazo máximo de tres días laborables desde la recepción de “una queja, denuncia o conocimiento de un comportamiento inadecuado”. Aquí se incide en que cualquier caso “se investigará, inmediata y minuciosamente”, pero siempre “sobre un comportamiento susceptible de ser considerado acoso laboral”.
Entonces se abriría una “fase preliminar” y “protestativa”, que no puede demorarse más de una semana, en la que se recogerían los testimonios de los implicados y se contemplaría la posibilidad de llegar a un acuerdo mutuo entre ambos. Si se llega a una solución satisfactoria en esta fase, se daría constancia de ello a la dirección de Vox. De lo contrario, se continuaría con el expediente con la recogida de “pruebas”, “testimonios” de los implicados y de “testigos”, para finalmente emitir un “veredicto final” que se elevaría igualmente ante la dirección nacional. En el caso de tratarse de una denuncia de índole sexual, la Comisión de Instrucción podrá, “si lo estima pertinente, solicitar asesoramiento externo en materia de violencia sexual, integridad moral, acoso, igualdad y no discriminación”.
El partido, entretanto, tendría que adoptar “medidas cautelares conducentes al cese inmediato de la situación de acoso, sin que dichas medidas puedan suponer un perjuicio permanente y definitivo en las condiciones laborales de las personas implicadas”, como “separar a la presunta persona acosadora de la víctima” a la que la formación se compromete a dar “apoyo psicológico y social”.
Finalizada la investigación, “la Comisión levantará un acta en la que se recogerán los hechos, los testimonios, pruebas practicadas y/o recabadas concluyendo si, en su opinión, hay indicios o no de acoso”. De comprobarse los hechos, el partido podría aplicar “las medidas sancionadoras oportunas, pudiendo incluso, en caso de ser muy grave, proponer el despido disciplinario de la persona agresora”. De lo contrario, la denuncia se archivará, aunque se realizaría un seguimiento de un mes hasta darlo definitivamente por cerrado. Las decisiones de la Comisión Instructora deberán tomarse “de forma consensuada, siempre que fuera posible y, en su defecto, por mayoría”, explica el partido.