El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha sorprendido este fin de semana con una propuesta para evaluar a empleados públicos, 48 horas después de que Vox pusiese en duda la formación de los funcionarios de la Junta de Andalucía que valoran las denuncias de mujeres por violencia de género. No es la primera vez que el partido de Santiago Abascal marca el ritmo al argumentario en Génova 13. La nueva dirección popular ha reaccionado a consignas lanzadas inicialmente por su exdiputado autonómico situándose en la misma línea en cuestiones como la violencia de género, la inmigración o la recentralización de competencias.
El viernes se publicó que el partido de extrema derecha solicitó al Parlamento andaluz los nombres de los trabajadores especializados en agresiones machistas alegando que los informes elaborados por esos empleados están basados en criterios “ideológicos”. Dos días después Casado también ponía en cuestión a ese colectivo. En un mitin en Toledo anunció que apostaba por reformar los procedimientos de selección de funcionarios para que estos trabajadores sean sometidos a “evaluaciones”. Con la introducción de estas valoraciones pretende que se promocione a algunos de ellos con beneficios económicos.
“Una oposición no puede ser una patente de corso para que los mejores cobren lo mismo que los pocos que son peores”, aseguró el líder de los populares sin concretar en ese momento cómo sería ese examen al que el PP quiere someter a los trabajadores públicos. Este lunes le han pedido en rueda de prensa que amplíe esta idea y tampoco ha aportado más información. “El funcionario tiene que tener la remuneración e incluso el estímulo de que la evaluación de su trabajo pueda tener un premio”, apuntó este domingo.
En su intervención en Toledo, Casado también defendió una “reforma de la administración” que plasmaron en un decálogo, en el que también incluían el refuerzo de la presencia del Estado en todas las Comunidades Autónomas. Sobre este punto lamentó que “no puede ser que haya pueblos en los que lo único que suene a España sea la oficina de Correos”.
Centralizar la Educación
La recentralización de competencias es una de las banderas que Vox ha ondeado durante los años en los que ha sido irrelevante y uno de los ejes sobre los que gira actualmente su ideario. Así lo plasmaron en las 100 medidas para la España Viva que presentaron en octubre en un multitudinario acto del Palacio de Vistalegre. En este documento apuestan por “un solo gobierno y un solo parlamento para toda España” y para conseguirlo abogan, como paso previo, por la “devolución inmediata al Estado de las competencias de Educación, Sanidad, Seguridad y Justicia”.
Un mes después de la publicación de este centenar de propuesta, Casado anunció que el PP presentaría una proposición en el Congreso para centralizar las competencias centradas en la enseñanza. “Vamos a presentar una propuesta en educación de ámbito nacional, porque la educación tiene que ser competencia del Estado y que las autonomías administren esas competencias”, reseñaba el líder de los populares, a pesar de que las comunidades autónomas gobernadas por este partido no suscribían esta propuesta.
Mantras contra la inmigración o sobre las políticas contra la violencia machista son otros de los argumentos que Vox ha conseguido introducir en las intervenciones de la nueva dirección del PP tras el acto de Vistalegre, al que acudieron 10.000 personas y con el que comenzaron a acaparar titulares informativos. Posteriormente, su irrupción en el Parlamento andaluz y la fuga de votantes provoca que desde Génova 13 se siga de cerca el discurso del partido de extrema derecha.
Trasvase de votantes del PP a Vox
El trasvase de apoyos electorales del PP al partido de Abascal es una de las conclusiones recogidas en el informe postelectoral que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) realizó tras las elecciones andaluzas. Según estos datos, cerca de la mitad de los votantes andaluces que apostaron por Vox (47,7%) en estos comicios apostaron por el Partido Popular en las elecciones de 2015.
Casado está tratando de evitarlo asumiendo algunas de las batallas que Vox ha liderado, como sus crítica a las políticas feministas. Durante las semanas en las que se desarrollaron las negociaciones para sacar adelante al nuevo Gobierno andaluz, Casado aludió públicamente a “denuncias falsas” y a la necesidad de controlar que las ayudas de violencia de género “no sean susceptibles de crear chiringuitos”.
En esos días la secretaria de Comunicación y candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también incidió en estas argumentaciones criticando que ley autonómica contra la violencia machista “tiene ciertos defectos” y asegurando que “una mujer por el hecho de serlo tenga presunción de veracidad”. La derogación de este articulado y de “toda norma que discrimine a un sexo de otro” es otro de los puntos que Vox ha defendido de forma reiterada. Entre el centenar de medidas que presentaron recogían la “supresión de organismos feministas radicales subvencionados”, así como la “persecución efectiva de denuncias falsas”.
Cuestionan las ayudas sociales a inmigrantes
Este fin de semana, el vicesecretario del Partido Popular, Javier Maroto, unía dos conceptos que se repiten mucho en los mítines del partido de extrema derecha: ayudas sociales e inmigración. En una entrevista publicada en La Razón le preguntaron de forma concisa si la “inmigración es un problema” actual en nuestro país. “Cuando muchos españoles tuvieron que emigrar, íbamos a trabajar, no a vivir de subsidios públicos. Aceptábamos la legalidad de los países que nos recibían, y no íbamos a delinquir o a fomentar el odio a la cultura de quienes nos recibían”, respondió.
Durante la campaña andaluza Casado también planteó esta idea. En un mitin en Granada insistió en aquellos inmigrantes que quieran “disfrutar de las ayudas sociales sin respetar” las costumbres españolas, la ley o la Constitución se confunden de país. Vox solicita que se elimine la cobertura sanitaria a este colectivo y representantes del partido, como Santiago Abascal en su cuenta de Twiter, han reivindicando que se no se entreguen ayudas sociales “a quienes entran ilegalmente en España”. Amnistía Internacional ha desmentido que las personas migrantes acaparen estos subsidios. Esta ONG asegura, que “pese a su elevada tasa de pobreza, el uso por personas extranjeras del Sistema Integrado de Usuarios de Servicios Sociales no pasa del 12,5%”.