La acusación popular que ejercer el partido VOX en el caso del procés pide 74 años de cárcel para el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras por dos delitos de rebelión, uno de organización criminal y otro de malversación de caudales públicos.
Así consta en el escrito de acusación que VOX ha presentado hoy ante el Tribunal Supremo y en el que pide las mismas penas por los mismos delitos para los exconsellers Joaquim Forn, Jordi Turull, Raul Romeva, Dolors Bassa y Josep Rull.
Unas peticiones que casi triplican las penas que ha solicitado la Fiscalía en el caso de Junqueras y muy superior a los doce años que ha reclamado la Abogacía General del Estado.
Además, para los exconsellers Meritxell Borràs i Solé, Carles Mundó i Blanch, y Santiago Vila i Vicente, Vox solicita, para cada uno de ellos, 24 años de prisión y multa de 108.000 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante dos años, como autores de un delito de organización criminal, otro de desobediencia y uno de malversación de caudales públicos.
Para el exvicepresidente y los exconsellers solicitan además que sean condenados al pago de 4.279.985,03 euros, correspondientes a la suma malversada a cargo de “los gastos públicos, que necesariamente habían de realizarse o comprometerse para la realización del referéndum que convocaron los integrantes del Gobierno” catalán.
Vox pide asimismo que los expresidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, sean condenados a 52 años de prisión como autores cada uno de ellos de dos delitos de rebelión y alternativamente, de dos de sedición, y un delito de organización criminal.
La misma pena y por los mismos delitos piden para la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y además, solicitan que se la condene al pago de una multa de 108.000 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante dos años, por un delito continuado de desobediencia, al considerar que tuvo “una participación medular, desde los primeros momentos del proceso de independencia”.
Para los cinco miembros de la Mesa del Parlament que tramitaron las denominadas “leyes de desconexión” -Lluis Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Josep Joan Nuet- y la expresidenta de la CUP en la cámara catalana Mireia Boya, piden 12 años de cárcel, 108.000 euros de multa a cada uno e inhabilitación para empleo o cargo público durante dos años, al estimarles autores, a cada uno de ellos, de un delito de organización criminal, y otro continuado de desobediencia.
En su escrito, Vox basa estas acusaciones en que los políticos en prisión promovieron una consulta popular “vinculante” que suponía “un claro intento de subvertir el orden constitucional”, a fin de “desintegrar la unidad territorial del Estado”.
Califican los hechos acaecidos de “ataque subversivo contra el orden constitucional vigente”, dirigido por “los ahora procesados”, a los que acusan de haber empleado la violencia y utilizado a las “masas de ciudadanos contra las distintas instituciones del Estado español”.
El partido presidido por Santiago Aabascal califica el “referéndum ilegal” del 1-O de “estrategia golpista para continuar manteniendo una falsa esperanza de independencia entre aquellos ciudadanos que luego emplearán la violencia para intentar culminar el proceso”, utilizando para ello, un “mecanismo sofisticado y novedoso en comparación con otros golpes de estado ocurridos en la historia moderna occidental”.
A los políticos catalanes en prisión les culpan de “lanzar violentamente a las masas de los ciudadanos catalanes separatistas contra las instituciones del Estado español”, saltándose a los tribunales y a la Constitución.
Respecto a la implicación de las entidades soberanistas Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural en estos hechos, les acusan de “favorecer la creencia pública de que la proclamación de la república era perfectamente viable”, promoviendo para eso “una intensa y violenta movilización ciudadana”.
De estos hechos responsabilizan directamente a los expresidentes de ambas organizaciones, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, y acusan a ambos de llevar años “alimentando el mito de la independencia de Cataluña mediante argumentos xenófobos y racistas en contra de los españoles y entre amplios sectores de la población catalana”.