La extrema derecha, tanto la parlamentaria como la que no tiene acceso a las instituciones, lleva más de una década usando los tribunales como arma arrojadiza contra rivales políticos. Con querellas y denuncias con las que han intentado criminalizar desde declaraciones públicas de políticos hasta la tramitación de leyes, partidos como Vox y organizaciones como Manos Limpias han capitalizado acciones judiciales que, sin embargo, rara vez han sido siquiera admitidas a trámite. La estrategia comunicativa también es común: difundir la interposición de la querella y ocultar que, unas semanas después, ha sido rechazada por los jueces.
Manos Limpias, pseudosindicato fundado por el ultra Miguel Bernad en los años noventa que ha denunciado a Begoña Gómez, no inventó la fórmula de llevar peleas ideológicas a los tribunales, pero sí le imprimió un sello propio que muchos han copiado: las denuncias 'spam' que, a martillazos, encajaban cosas como un programa de los Lunnis o un cántico irrespetuoso de Samuel Eto'o en algún artículo del Código Penal. Pero también las que servían de correa de transmisión de montajes como el apócrifo informe PISA contra Podemos.
La interposición de las querellas y denuncias de Manos Limpias ha contado con una publicidad inversamente proporcional a los decretos de archivo, inadmisión o sobreseimiento que han recibido casi todas ellas. También han conseguido que procesos judiciales que han terminado lejos de sus pretensiones sean percibidos como grandes triunfos: el 'caso Nóos' y el 'caso Atutxa'.
En el primero, su acusación llevó a la Infanta Cristina al banquillo como acusada, pero la sentencia firme del caso consideró, como pedía la Fiscalía, que solo fuera considerada responsable civil subsidiaria, entre críticas de los jueces a la actuación de Manos Limpias en el proceso. En el segundo, el Supremo se apoyó en un recurso del pseudosindicato para inhabilitar al expresidente del parlamento vasco, pero la sentencia fue impugnada posteriormente por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
El objetivo de Manos Limpias siempre ha estado puesto sobre normas o personalidades del espectro progresista o independentista. Desde Baltasar Garzón hasta la legalización del matrimonio homosexual de Zapatero hasta Pablo Iglesias, Pedro Sánchez, Irene Montero, Alberto Garzón, Carles Puigdemont o Guillermo Zapata. En el caso de este último, Manos Limpias terminó siendo condenada en costas por recorrer varios tribunales buscando que el exconcejal de Ahora Madrid fuera juzgado por unos tuits. En ocasiones, si un juez no les da la razón es acusado de prevaricar por parte de Bernad.
Del juzgado al Parlamento
Manos Limpias no tiene ninguna relación directa y comprobable con ningún partido político. Tampoco otras organizaciones y asociaciones que impulsan actuaciones judiciales igual de poco exitosas cuentan, al menos de forma explícita, con partidos con representación parlamentaria. Pero sí actúan como correa de transmisión, una correa de dos direcciones: del Parlamento al juzgado y también del juzgado al Parlamento.
Manos Limpias lo hizo con el apócrifo informe PISA sobre la financiación de Podemos, que llevó sin éxito al Supremo previo paso por algunos medios de comunicación. También lo ha hecho, entre otros, con bulos amplificados por Vox. Ahora la asociación ultracatólica HazteOir se ha sumado en sus esfuerzos para encausar a Begoña Gómez.
En los últimos años la proliferación de asociaciones y organizaciones que disputan el jugoso pastel de las acusaciones populares en casos de trascendencia pública ha aumentado mucho la oferta de organizaciones dispuestas a impulsar casos que después la derecha esgrime en las redes, el Parlamento y en sus declaraciones públicas.
Partidos como PP y Vox aprovechan esta intensa actividad pero evitan darse la mano en público con abogados y asociaciones que hacen el trabajo sucio judicial. No hay cariños en público para Manos Limpias, para el abogado estafador que impulsó la causa contra el 8-M feminista, para Abogados Cristianos o para la asociación antivacunas que pide una y otra vez la imputación de Begoña Gómez en el 'caso Koldo', pero los partidos sí recogen los frutos de la actividad procesal de estos compañeros de viaje poco estéticos.
Solo existe un partido que no necesita pasar el trámite de esperar a que una asociación lleve a sus rivales políticos ante la Justicia, porque emulando a Manos Limpias lleva años haciendo de los tribunales su particular plató de televisión. Vox y sus decenas de denuncias, querellas y recursos.
La factoría de querellas de Vox
Pocos años después de su nacimiento a finales de 2013, Vox descubrió un filón mediático para conectar con el gran público: los tribunales. La extrema derecha, antes y después de conseguir asientos en parlamentos de todo el país, dedicó buena parte de sus esfuerzos a ganar protagonismo en los juzgados.
El partido de Santiago Abascal centró sus esfuerzos en el procés, donde acaparó el papel protagonista de acusación popular aunque con una intervención en el proceso inversamente proporcional a sus intervenciones diarias ante los medios de comunicación a las puertas del Tribunal Supremo. La sentencia sí dedicó un pasaje a Vox para reiterar que los partidos políticos no deberían ejercer la acusación popular y, en un momento del juicio, algunos magistrados bromearon con la innecesariedad de alguno de los testimonios aportados por sus abogados al juicio.
En los últimos años, Vox se ha prodigado en sus querellas contra rivales políticos, sin que ninguna haya llegado, ni siquiera, a juicio, quedándose habitualmente en el primer filtro de la inadmisión. Contra Pedro Sánchez y Carles Puigdemont por pactar la ley de amnistía, contra Francina Armengol por permitir hablar catalán en el Congreso, contra Ione Belarra por llamarles “nazis” o contra Irene Montero por defender la educación sexual en menores.
La difusión pública de estas acciones penales pasa por afirmar que el Supremo o un juzgado abren diligencias contra uno de sus rivales políticos cuando, en la mayor parte de los casos, la Justicia se ha limitado a recibir la denuncia y registrarla antes de decidir si abre o no una causa. El rechazo del Supremo a impedir la investidura de Pedro Sánchez fue especialmente sonoro: “Las negociaciones entre las fuerzas políticas para articular una mayoría que permita la investidura son actos propios de la actividad política sobre los que esta Sala no puede interferir”.
Pocas denuncias y querellas de Vox y de estas asociaciones se traducen en una investigación y en menos ocasiones todavía llegan a juicio. El pasado mes de febrero, por ejemplo, un juzgado de Madrid archivó una investigación contra altos cargos del Gobierno por la compra de material sanitario en la pandemia.