Vox ha hecho firmar a sus candidatos a las elecciones una serie de documentos en los que la dirección del partido se asegura la gestión de las subvenciones y las contrataciones de asesores a los que tengan derecho sus concejales, eurodiputados, diputados autonómicos y nacionales. De cara al 28A, también les hicieron ratificar un protocolo en el que mantienen su negativa a atender periodistas y les plantean que en los mítines “no deben improvisar con ocurrencias” porque “en ocasiones pueden ser peligrosas”.
El control del partido de Abascal no solo sobre sus candidatos, también sobre futuros grupos municipales o parlamentarios, es total: la dirección trata de garantizarse la gestión de las subvenciones públicas en los ayuntamientos y parlamentos, la contratación de asesores e incluso pide firmar por escrito que los correos electrónicos de sus cargos públicos podrán ser espiados desde la cúpula de Vox.
Junto a los antecedentes penales, la vida laboral y el código ético del partido, los candidatos tienen que subir a una plataforma digital estos documentos firmados, así como un acuerdo de confidencialidad en el que el partido llega a asegurar que su responsable de seguridad podrá “revisar, sin previo aviso, los mensajes de correo electrónico de los usuarios de la red corporativa”. En este acuerdo los usuarios son los candidatos a las distintas elecciones del 26 de mayo.
La dirección gestionará las contrataciones de asesores
Entre los escritos que tienen que ratificar los integrantes de las listas de Vox, incluyen uno titulado “documento de aceptación de la normativa interna sobre recursos económicos y personales de cargos públicos”, en el que los candidatos ceden la gestión económica de los grupos municipales y parlamentarios a la dirección central del partido. Al ratificar este texto, el representante de Vox asume la delegación en el Comité Ejecutivo Nacional de “la selección, contratación y coordinación del personal técnico que se considere necesario para el adecuado desempeño de dicho cargo público”.
Los cargos electos deben confiar a la tesorería nacional de la formación “la aprobación de la política de ingresos y gastos provenientes de los recursos públicos que por ley vengan asignados a dicho cargo público o grupo parlamentario, municipal, nacional o eurogrupo al que pertenezca”. El partido también centralizará las decisiones políticas de sus concejales en asuntos delicados como el urbanismo. Como ya informó esta redacción, delegaciones provinciales de Vox han hecho comprometerse a sus concejales a no adoptar ninguna decisión sobre planeamiento urbanístico, recalificaciones o desarrollos inmobiliarios sin que desde un “órgano central del partido” se determine cuál debe ser la actuación.
Protocolo de comunicación de los candidatos
Este diario también ha accedido al protocolo de comunicación de los candidatos para el 28A, cuando se celebraron comicios generales y autonómicos en Valencia. Las medidas citadas se basan en la estrategia de medios que ha mantenido esta formación desde las elecciones andaluzas, centrada en vetar a los críticos. “El candidato nunca debe atender directamente a ningún periodista. Siempre será la Vicesecretaría de nacional de Comunicación” a través de un correo, recomiendan desde Vox a sus representantes en caso de que algún informador plantee “alguna información falsa o dudosa sobre algún candidato”.
En este documento determinan el rol que deben mantener en sus intervenciones públicas. Si participan en actos en los que no haya dirigentes nacionales, les permiten “incluir en sus discursos mensajes de política nacional siempre siguiendo las 100 medidas” en la que se enmarca su programa electoral. “No deben improvisar con ocurrencias, que en ocasiones pueden ser peligrosas”, advierten. En caso de que acuda un representante de la dirección central alertan de que el discurso de los candidatos provinciales “se debe acotar a una presentación del dirigente nacional que vaya a participar” salvo que reciban una orden contraria.
Desde esta formación también instan a sus candidatos a “borrar sus perfiles en redes sociales”. Si no quieren seguir esta indicación, deben “avisar a la Vicesecretaría Nacional de Comunicación” justificando por qué y enviado por mail los enlaces a sus perfiles. Además, avisan a sus representantes de que declaraciones “erróneas o contradictorias” con sus 100 medidas “pueden suponer asumir responsabilidades internas (sic) por parte de los candidatos”. Los candidatos que van en listas también han cedido sus derechos de imagen al partido por “tiempo indefinido” hasta que decidan revocar “fehacientemente” esta decisión.
Monitorizar accesos a internet
El documento más extenso es el acuerdo de confidencialidad y secreto profesional que facilitan a sus candidatos. A diferencia del resto, que solo tienen la firma del candidato, en este caso también está firmado por Enrique Cabanas, el gestor de la formación. A lo largo de quince hojas dan instrucciones al candidato – al que se refieren como usuario – sobre el tratamiento de datos y explican que la organización ha designado a un responsable de seguridad. En el texto advierten que “el responsable se reserva el derecho a monitorizar y comprobar, de forma aleatoria y sin previo aviso, cualquier sesión de acceso a internet iniciada por un usuario”.
Además, reseñan que no consideran que los emails sea información privada. A su vez, este encargado al que citan también “se reserva el derecho a revisar, sin previo aviso, los mensajes de correo electrónico de los usuarios de la red corporativa”. Justifican esta actuación reseñando que lo realizan para “comprobar el cumplimiento de estas normas y prevenir actividades que puedan afectar a la organización como responsable civil subsidiario”.
Teniendo en cuenta que el funcionamiento interno del partido se basa en grupos de WhatsApp orgánicos de la formación, han creado otra cláusula en la que prohíben comunicar a terceros información que circule en ese canal. Asimismo, obligan a los miembros expulsados de los grupos a “eliminar inmediatamente todas las conversaciones del mismo”, a no ser que lo quieran conservar para su “legítima defensa”. Finalmente, exigen a sus miembros mantener la confidencialidad de la información obtenida “tras la extinción del contrato laboral por tiempo indefinido”.
Esta redacción se ha puesto en contacto con la dirección nacional del partido para recabar su versión sobre estos compromisos, sin haber recibido respuesta por el momento.