Madrid, 20 ene (EFE).- ¿Terminará este año con la Ley de Seguridad Ciudadana en vigor? ¿O será 2021 el de su prometida estocada? Con apenas seis años de vida, la llamada ley mordaza presume de ser la normativa más empleada durante el estado de alarma, de lograr el respaldo del Tribunal Constitucional y de haber estado al borde de la reforma con un notable consenso parlamentario.
A la palestra del Congreso volverá el debate de esta ley en el primer pleno de febrero, fijado para el día 9 pero que podría ser aplazado si las elecciones catalanas se celebran finalmente el día 14, según avanzan a Efe los portavoces de la Comisión de Interior de los diferentes partidos.
En ese pleno el Congreso deberá votar la enmienda a la totalidad del PP presentada al proyecto de ley de reforma del PNV, la misma iniciativa que ya salió adelante en marzo de 2017 y que volvió a ser respaldada a finales de septiembre por todos los grupos, excepto PP y VOX.
Con el visto bueno a esta proposición de ley se abrió el plazo de enmiendas cuyo límite está marcado hasta el 2 de febrero. A partir ahí, resaltan los portavoces, los partidos deberán de nuevo activar los trabajos para su reforma, casi ultimada en 2019 pero que llegó a su fin al disolverse el Parlamento por la convocatoria de las elecciones generales del 28 abril de 2019.
UNA LEY ÚTIL Y MÁS VIGENTE QUE NUNCA PARA EL PP
El PP defiende con su enmienda a la totalidad que se mantenga la actual ley (fue el proyecto estrella del mandato de Jorge Fernández Díaz en 2015, aprobada con la mayoría absoluta del PP) y que cada seis meses se informe de su aplicación en el Congreso.
“La ley está más vigente que nunca y está siendo más aplicada que nunca”, sostiene su portavoz de Interior, Ana María Vázquez, que reprocha al Ministerio del Interior que desde hace dos años no informe del empleo de una norma “refrendada por el Tribunal Constitucional” y que tiene el apoyo de un 62 % de la ciudadanía en uno de sus puntos más sensibles, las devoluciones en caliente que la mayoría de partidos, entre ellos Ciudadanos, pide sacar de esta ley.
Fuentes de otros partidos apuntan a que esta enmienda del PP, que con toda probabilidad será rechazada en el pleno, es solo una maniobra interna frente a Vox. Recuerdan que el PP llegó a alcanzar acuerdos en la modificación de varios artículos porque se partió de un consenso mayoritario de que la ley necesitaba “transformaciones importantes”.
Lo explican los portavoces de PSOE y PNV, David Serrada y Mikel Legarda, respectivamente. Fueron las dos formaciones que llegaron a la mayoría de acuerdos en los trabajos de la ponencia que estudió la mayor parte de los preceptos y que empezaba a analizar en su recta final el régimen sancionador.
“Se debatieron muchas transaccionales y había voluntad de reformar la ley con dos tercios del trabajo hecho, que se frustró al disolverse las Cortes”, lamenta Legarda, que aclara que la postura de su partido “no tiene nada que ver con su constitucionalidad” sino con un modelo “escorado” hacia la seguridad en detrimento de la libertad.
Al sí a la reforma, aunque con matices, se suman Unidas Podemos, Ciudadanos y ERC. Desde el primero, su portavoz Enrique Santiago apuesta por que la ley ponga en valor “el derecho de reunión pacífico frente a la posible perturbación de su ejercicio”, en tanto que Miguel Gutiérrez, de Cs, destaca que la revisión debe conseguir “que los ciudadanos no tengan que elegir entre libertad y seguridad como algunos partidos pretenden”.
EMPEZAR A TRABAJAR EN EL MISMO PUNTO DONDE SE DIO CARPETAZO
La mayoría de los diputados consultados coincide en que “lo razonable” sería volver al punto en el que se quedaron, si bien no se cierran a revisar de nuevo todo ni tampoco ocultan que el panorama político es muy distinto al de 2019.
El resultado de las elecciones catalanas, la incógnita de la posición del PP para repetir acuerdos “ahora que mira a Vox por el retrovisor”, la presión de Podemos al PSOE para que la reforma sea más “radical” o las “pocas prisas” del Ejecutivo por liquidar la ley son algunos de los ingredientes que se mezclan ahora.
Diputados de distinto signo político lamentan que los socialistas hayan ido demorando la tramitación. “Han ido arrastrando un poco los pies”, resume el portavoz del PNV antes de vaticinar “pocos movimientos” a corto plazo para acelerar la reforma antes de verano.
Otros apuntan que el Ministerio del Interior no tiene interés en poner del revés la ley y que se conformaría con pocos retoques y con las instrucciones que ya dictaron a las fuerzas de seguridad sobre aspectos como la toma de imágenes a los agentes o la identificación de los mismos.
“Esta ley es útil y lo saben. Con ella en la mano hubiera sido imposible, además de ilegal, lo sucedido en EEUU con la toma del Capitolio”, defiende Vázquez, del PP.
Frente a la postura conservadora, Unidas Podemos y Ciudadanos avanzan a Efe algunas de sus enmiendas, si bien en rasgos generales coinciden solo en aumentar las garantías de los cacheos que practican las fuerzas de seguridad, un tema en el que ya en la anterior legislatura se logró acuerdo.
DE ERRADICAR LAS PELOTAS DE GOMA A MÁS CONTUNDENCIA CON LAS OKUPACIONES
El portavoz de Interior de Podemos, Enrique Santiago, plantea cambios profundos y desliza que la modificación de la ley mordaza es un acuerdo del Gobierno de coalición con el PSOE.
Subraya, por ejemplo, que el trámite de comunicación de una manifestación “no supedite la celebración de dicha reunión”, que se erradique el uso de material antidisturbios como las pelotas de goma o que solo se puedan hacer registros corporales en la calle cuando el ciudadano ha cometido una infracción.
Santiago defenderá también con las enmiendas de su grupo la rebaja de las sanciones o la revisión a fondo del artículo 36, el que contempla la desobediencia a las fuerzas de seguridad y que fue el precepto empleado para aplicar más de un millón de sanciones por incumplir el confinamiento decretado durante el primer estado de alarma.
Postura contraria mantiene Ciudadanos que considera, según dice a Efe Miguel Gutiérrez, que no deben tocarse de la ley las infracciones por desobediencia o resistencia a la autoridad, la negativa a identificarse o a disolver manifestaciones cuando se consideren ilícitas o produzcan la perturbación grave frente al Parlamento.
Uno de los aspectos en los que incide Gutiérrez es en las okupaciones ilegales con enmiendas encaminadas a dotar a las fuerzas de seguridad de instrumentos para entrar en inmuebles okupados si existe denuncia del propietario o hay indicios de que se están cometiendo actividades delictivas.
Propone también, dice a Efe, incluir como infracción grave el maltrato de animales domésticos y que las personas en situación de exclusión social no paguen la tasa de expedición del DNI.
Por Laura Camacho