Yolanda Díaz, la ministra comunista que arma acuerdos con patronal y sindicatos

“Por primera vez hay una ministra de Trabajo que defiende a los trabajadores”. La frase, de un dirigente de Unidas Podemos, describe el estado de ánimo generalizado que existe dentro del grupo confederal con Yolanda Díaz (Fene, A Coruña, 1971). Un “descubrimiento” para algunos, sobre todo en la confluencia catalana, pero no para sus colaboradores más próximos ni para quienes conocen su trayectoria profesional y política. Casi una década como concejala en Ferrol, luego diputada autonómica en Galicia, parlamentaria en el Congreso y ahora ministra en el primer Gobierno de coalición de la democracia.

Desde que tomara posesión de su cargo, en enero, ha sacado adelante cinco grandes medidas. Todas pactadas con los sindicatos y con la patronal. Del incremento del SMI a 950 euros hasta la regulación del teletrabajo, el primer paso de la “legislación laboral del siglo XXI” que se ha propuesto como proyecto para una legislatura que, sin embargo, estará marcada por la gestión de la pandemia provocada por el coronavirus.

Díaz estrenó la cartera de Trabajo con un discurso muy político, de reconocimiento a la “lucha por las libertades” de sindicalistas como su padre, histórico de Comisiones Obreras en Ferrol. La ministra aseguró que sabía “de qué lado estar”, como había visto en la militancia comunista que la acompañó desde niña: “De la mayoría de la masa de trabajadores”. Desde ese día, Yolanda Díaz ha ido equilibrando mucho más su discurso para mirar a los dos extremos del diálogo social, a sindicatos pero también a empresarios, haciendo gala de un espíritu conciliador y negociador que busca anteponer el consenso a las líneas rojas y las legítimas diferencias entre los partícipes del diálogo social. Una herencia propia del sindicalismo, que siempre ha abogado por la concertación. Defiende “una nueva forma de hacer política, más feminista”, explican en su entorno, que destacan la capacidad de escucha y empatía en su estrategia para sacar adelante sus postulados.

Lo demostró pocos días después de ocupar el cargo con el primer acuerdo que se anotó el Gobierno liderado por Pedro Sánchez: la subida del salario mínimo interprofesional. El rápido acuerdo sorprendió y supuso una verdadera victoria para el nuevo Ejecutivo de coalición, y en especial para Díaz, quien lograba el respaldo de los empresarios en sus primeros pasos mientras desde la oposición se atacaba a la coalición por “radical”. El logro no era menor, ya que los empresarios habían sido muy críticos con la subida del salario mínimo del año anterior, hasta los 900 euros, y rechazaban un incremento sustancial de nuevo. Desde entonces, la ministra ha ido ampliando la lista de pactos hasta un total de cinco: el lanzamiento de los ERTE por la COVID-19 y sus sucesivas prórrogas, en negociaciones cada vez más complejas, y la reciente Ley del Trabajo a Distancia.

El despegue de su carrera política se remonta a 2012, aunque para entonces ya había ocupado cargos institucionales a nivel municipal. Aquel año se fraguó una de esas alianzas históricamente improbables, entre Esquerda Unida y el nacionalismo gallego, para canalizar el descontento de una sociedad levantada contra los recortes en las primeras elecciones convocadas tras el 15M. Su pacto con el histórico líder nacionalista Xosé Manuel Beiras (quien había abandonado meses antes el BNG, su partido de toda la vida y donde había sido el referente durante décadas, para fundar Anova) catapultó a la Alternativa Galega de Esquerdas (AGE) hasta los nueve diputados, por encima del Bloque. Durante cuatro años, Díaz, que ejerció de viceportavoz, se fajó en debates con Feijóo –Beiras no siempre comparecía a confrontar con el presidente gallego, a quien despreciaba intelectualmente– y vivió algunos sinsabores en el grupo parlamentario.

En 2015 saltó a Madrid con la candidatura de En Marea, una réplica ampliada de AGE en la que entró Podemos y que logró adelantar al PSdG, meter seis diputados en el Congreso y hasta un senador por Ourense por elección directa. Del núcleo de leales de Pablo Iglesias, Díaz siempre ha estado en las quinielas para el día en que Unidas Podemos llegase al Gobierno, el fin último para el que nació en las calles revueltas posteriores al 15M.

Cuatro años después de su llegada al Congreso, esta convencida militante comunista, hija del líder de CCOO en Galicia Suso Díaz y abogada laboralista, alcanzó el, hasta ahora, punto más alto de su carrera. Primero, ministra. Y pocas semanas después, protagonista de una foto para la historia: sonriente junto a los representantes de la patronal y los sindicatos tras la firma de la subida del SMI a 950 euros. Su departamento empezó a trabajar desde el primer día en el inicio del desmontaje de la reforma laboral del PP y, cuando se topó con la pandemia, redirigió su agenda para activar una batería de políticas laborales encaminadas a paliar los efectos de la nueva crisis.

En apenas nueve meses puede presumir de un hito inverosímil: la ministra comunista firma pactos con la CEOE, donde se ha ganado el respeto de algunos prebostes del empresariado, mientras combate a brazo partido al PP en las sesiones parlamentarias. El último acuerdo con los empresarios, para sacar adelante con consenso la Ley del Trabajo a distancia, es especialmente relevante. En los pactos sobre los ERTE las patronales ceden en negociaciones con cuantiosas ayudas económicas sobre la mesa, pero con la legislación de teletrabajo los empresarios han consensuado una regulación que no deseaban y que no les aporta de inicio ventajas concretas. Aquí es donde Yolanda Díaz está demostrando su capacidad de negociación con las patronales. Con la amabilidad y hasta el cariño en las formas, que se plasma en una verdadera buena relación con el líder de los empresarios, Antonio Garamendi, pero con contundencia y firmeza en su hoja de ruta y las medidas que salen de su mesa hacia la del diálogo social.

Los empresarios han optado de momento por el pragmatismo, no sin críticas internas dentro de la CEOE. La patronal prefiere consensuar medidas porque le inquietan más los reales decretos que saldrían unilateralmente del Ministerio de Trabajo. “Nos preocupaba mucho más la cantidad de 1.000 euros”, reconocieron los empresarios en su aval del SMI de 950 euros al mes. El compromiso del Gobierno es que el SMI llegue a los 1.200 euros al final de la legislatura.

La apuesta de Yolanda Díaz por el consenso con empresarios y sindicatos se ha erigido también como una declaración de intenciones ante el actual panorama político de enfrentamiento, evidente cada semana en el Congreso de los Diputados, y la emergencia por la pandemia. Con la premisa de que la sociedad necesita certidumbres y no conflictos en un momento muy complicado para todos, el Ministerio de Trabajo pretende ser ejemplo “de otra manera de hacer las cosas”, aseguran desde Nuevos Ministerios. De centrar las informaciones y la atención de la población en los contenidos, las medidas para empresas y trabajadores, y no en la enésima bronca con los empresarios o los sindicatos.

Compromiso político desde la cuna

Su padre fue uno de los fundadores de CCOO en Galicia y secretario general del mismo sindicato. Su tío se sentó en el Parlamento gallego como diputado del BNG. Por la casa de su niñez, al pie de los astilleros de la Ría de Ferrol, pasaron durante años decenas de dirigentes políticos y sindicales de toda España. Pocas ciudades como esa han vivido la lucha contra la reconversión del sector naval en los durísimos años ochenta y noventa. La huella de esa derrota es patente todavía hoy en una urbe que pierde población y no es ni la sombra de lo que fue.

Por allí se acercó en 2012 un joven desconocido de larga coleta y nuevas ideas comunicativas para asesorar en la campaña de esa coalición recién nacida. Sin recursos ni apenas tiempo, pero con el viento a favor de la indignación en las calles, superaron al histórico frente de partidos que aglutinaba a todo el nacionalismo gallego de izquierdas. Antes, Díaz ya había sido primera teniente de alcalde en Ferrol.

Ese joven asesor, siete años menor que Díaz, era Pablo Iglesias. El hoy vicepresidente segundo del Gobierno es uno de sus principales valedores. Amigos de juventud, colaboradores políticos habituales, ambos tienen un gran sentido de la lealtad. Incluso excesivo para algunos observadores. “Para mí, la amistad significa algo”, ha dejado dicho la hoy ministra de Trabajo sobre las muchas, muchísimas guerras internas que ha vivido el llamado espacio del cambio y que tuvo en aquellas elecciones de 2012, que pasaron inadvertidas a nivel estatal, su primer triunfo, aunque fuera relativo y diesen como resultado un Gobierno de Feijóo con mayoría absoluta.

Pero 2020 también ha traído sinsabores para Díaz y para su espacio político. El principal, el pésimo resultado logrado por la candidatura encabezada por Antón Gómez-Reino, Tone, el pasado 12 de julio. Yolanda Díaz se volcó con el que ha sido su compañero de escaño desde 2016 y se multiplicó en actos. Pero lo que no se había hecho en cuatro años de luchas intestinas de En Marea no se pudo arreglar en dos semanas de mítines. Galicia en Común afronta ahora un complicado proceso de reconstrucción casi desde el punto en el que ella lo cogió y con el BNG en su mejor momento de las últimas décadas.

Con todo, la hecatombe electoral choca con la efusividad con la que era recibida Díaz en los mítines, de regreso a casa como ministra. Hoy, su figura sigue al alza y es una de las ministras mejor valoradas del Gobierno. Y la que obtiene mejor nota entre los de Unidas Podemos. En el Consejo de Ministros se sienta junto al secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, con quien mantiene una buena relación. También con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, a quien fueron a parar parte de las materias que tradicionalmente han ido aparejadas al departamento de Trabajo. O con la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, aunque la distancia política entre ellas ha crecido a cuenta de las diferentes posturas que mantienen sobre algunas de las medidas impulsadas por el Ejecutivo. Montero y, sobre todo, la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, son sus rivales políticas dentro del Gabinete.

El “fago barcos” (“hago barcos”) que lució durante uno de los mítines en Galicia, una frase repetida muchas veces por Díaz en los últimos años, alude a la realidad que vivió en su infancia y su juventud. La comarca de Ferrol ha vivido principalmente de los astilleros y de la abundante presencia militar. Sumado a la tradición familiar, había pocas dudas de los pasos que iba a seguir la menor de los tres hermanos de la familia. Estudió Derecho y se especializó en el ámbito laboral, con varios cursos y estudios de posgrado en la materia. Trabajó como abogada laboralista y abrió su propio despacho, que dejó de lado para liderar una maltrecha IU en su comunidad y al que aspira a volver cuando concluya su paso por la política estatal. Espera también recuperar entonces su vida familiar, disfrutar de las playas de su tierra y poder llevar siempre a su hija a danza, no solo de vez en cuando.

Si ese regreso no ha ocurrido hasta ahora ha sido por dos motivos: su compromiso político y su compromiso con Pablo Iglesias, que la aupó al Consejo de Ministros antes de que el partido del que fue dirigente tuviera una silla en él. El líder de Unidas Podemos logró convencerla de que el proyecto no sería igual sin su presencia. El tiempo, de momento, parece haberle dado la razón. Pero en Díaz, como en muchos gallegos, pesa la morriña y las ansias de volver a su casa.

Ambos compromisos siguen vigentes, según el entorno de la ministra de Trabajo. La filtración tras las elecciones gallegas de que Díaz había abandonado IU para abrirse opciones a pugnar por el liderazgo de Podemos o de Unidas Podemos se niegan categóricamente desde su entorno. Cualquiera que la conozca, dicen, sabe que nunca rivalizaría con Pablo Iglesias. Ellos están en el mismo equipo. Pese a esas informaciones, la confianza mutua sigue siendo total. Lo que ocurra en el futuro dependerá de demasiados factores como para tenerlo claro ahora.

Es cierto que Yolanda Díaz decidió abandonar Izquierda Unida hace ahora un año, pero no para pasarse a Podemos, una organización que la ministra no siente como su espacio y en la que no acaba de encontrarse cómoda. La reflexión que llevó a Díaz a dejar la militancia de la organización de la que una vez fue dirigente tiene más que ver con el rumbo actual que ha tomado y, especialmente, por diferencias insalvables durante las negociaciones fallidas con el PSOE en el verano de 2019 con las decisiones tomadas por la dirección de Alberto Garzón. Fue entonces cuando Yolanda Díaz tomó la decisión.

En julio del año pasado Unidas Podemos vivió momentos de muchísima tensión, con una presión política y mediática durísima y un PSOE que jugó a dividir el espacio político ante el precipicio de una repetición electoral en la que, además, podía irrumpir una nueva opción política que compitiera por los mismos votos, como al final ocurrió. Hubo debate en el seno de la dirección confederal. Podemos quería apretar para el Ejecutivo de coalición. Desde IU y los comunes se empujaba para negociar un acuerdo de investidura que dejase al PSOE gobernando en solitario. Díaz era incluso partidaria de dar la investidura gratis a Pedro Sánchez y pasar a la oposición, muy molesta con las formas negociadoras de los socialistas. Se votó y Podemos impuso su mayoría. Hacia fuera, Yolanda Díaz y otros que hubieran preferido otra solución asumieron la decisión colectiva, como habían hecho muchas veces en otros órganos en el pasado, pero no todo el espacio se comportó de igual manera.

Ese otoño, antes de la repetición electoral, dio el paso de dejar IU. Pero no para pasarse a Podemos. Yolanda Díaz seguirá militando en el partido en el que lo ha hecho desde que alcanzó la edad legal para hacerlo, el PCE, y con cuyo secretario general, Enrique Santiago, comparte línea política y también una estrecha amistad. Junto a él y otros diputados de Unidas Podemos y En Marea intercedió entre los trabajadores de Alcoa y agentes antidisturbios durante una protesta junto al Congreso por el cierre de las plantas de la multinacional en Galicia y Asturias. Tras las cargas policiales, un juzgado de Madrid abrió una investigación pese a carecer de competencias para ello. E incluso llamó a declarar como imputados a diputados electos, aforados ante el Tribunal Supremo. Durante meses, en un procedimiento basado en un informe de la Brigada de Información, se mantuvo la imputación, pero finalmente la jueza no tuvo más remedio que archivar la causa.

Esa era la carta de presentación de Yolanda Díaz cuando fue nombrada ministra de Trabajo por Pedro Sánchez y a elección de Iglesias, y no por la organización en la que ya no militaba. El líder socialista exigió en la negociación con Unidas Podemos quitarle las competencias en Seguridad Social y Migraciones. Materias que, dijo, no le permitirían dormir por las noches si las gestionaba Unidas Podemos.

Por primera vez desde la II República, una comunista asumía una cartera muy delicada y con una promesa principal en su agenda: derogar la reforma laboral del PP. A ello se puso al arrancar la legislatura, pero la pandemia interrumpió sus planes. Aunque se da por segura una negociación complicada en este tema, pese a los augurios de algunos medios y tertulianos, Díaz ha desplegado una capacidad de negociación que ya ha logrado atraer a la poderosa CEOE a acuerdos del programa de Gobierno de coalición, alejándose así de la cerrazón del partido de Pablo Casado para negociar cualquier medida y mantener una batalla continua contra el Ejecutivo. Todo el mundo da por hecho que con la reforma laboral el acuerdo será más complicado, pero el tiempo dirá si el diálogo social logra nuevas sorpresas y, al menos, acuerdos parciales en la materia.

Yolanda Díaz y su equipo –en el que destacan figuras también conciliadoras como el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez– por el momento están sumando acuerdo tras acuerdo, solo interrumpidos por enfados puntuales de los empresarios que no llegan a romper las mesas de diálogo. Mientras el PP rechazaba sistemáticamente los reales decretos con medidas económicas, la CEOE asumía los ERTE condicionados al mantenimiento del empleo. La ministra también ha tenido que ceder en sus posiciones, por ejemplo rebajando la Ley de Teletrabajo y postergando algunas de sus iniciativas como el desmontaje de la reforma laboral, pero también ha sacado adelante medidas en solitario cuando lo ha considerado. Por ejemplo, en la derogación del despido por bajas médicas, para la que Díaz defendió que “no había discusión posible” con los empresarios por tratarse de una cuestión “de derechos humanos”, pero también al aprobar los reglamentos en materia de igualdad de género solo con el visto bueno de los sindicatos, ya que la patronal se descolgó del pacto en el último momento.

Con la mirada larga, Díaz no abandona su gran objetivo, que la acompaña desde su primer discurso como ministra: combatir la precariedad en el mercado de trabajo mediante la reformulación de las relaciones laborales y adaptarlas a las necesidades “del siglo XXI”. Un nuevo Estatuto de los Trabajadores que modernice el mercado laboral español, como suele mencionar y, aunque puede sonar grandilocuente, la meta se traduce en la agenda del Ministerio en medidas concretas, como la Ley de trabajo corresponsable, que dé más autonomía al trabajador sobre su horario laboral desde el enfoque de la corresponsabilidad y la igualdad de género. En Unidas Podemos parafrasean a la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero: “Si no es ahora, ¿cuándo?”.