La Audiencia Nacional reactiva el caso Zed con medio centenar de declaraciones
El juez Manuel García Castellón y la Fiscalía Anticorrupción han dado un nuevo impulso a la Operación Hanta con la citación de 49 personas entre el 12 y el 18 de diciembre próximos. Más de la mitad, un total de 26, son investigados en la Audiencia Nacional por su participación en una presunta trama de fraude de subvenciones públicas a Zed, una existosa empresa tecnológica creada por Javier Pérez Dolset en los noventa que empezó a escribir su último capítulo cuando se alió en 2008 con un magnate ruso de dudosos métodos.
Entre los citados como investigados figura el presidente de La Razón y directivo de Atresmedia, Mauricio Casals Aldama, al que en un principio Pérez Dolset acusó de haberle ofrecido su influencia en los medios de comunicación para conseguir subvenciones públicas, principalmente del Ministerio de Industria, según consta en la querella de Anticorrupción que dio origen al caso. La Policía se personó el 29 de junio en el despacho que Casals tiene en el periódico madrileño, cuya editora es investigada por haber recibido presuntamente fondos camuflados en contratos de publicidad a cambio de las gestiones del presidente del rotativo.
El juez García Castellón envió a Pérez Dolset a prisión incondicional al día siguiente por varios delitos relacionados con los 70 millones de euros en ayudas públicas que recibió la tecnológica creadora del exitoso videojuego Commandos. El empresario declaró de nuevo trece días después para desdecirse de lo que había dicho a la Policía antes de que estallara el caso. El 13 de julio negó que Mauricio Casals hubiera mediado para la consecución de las ayudas y rechazó que éstas fueran irregulares.
Esa denuncia contra los rusos de Pérez Dolset impulsó de forma paradójica la investigación contra él, en la que ha colaborado el FBI. Anticorrupción resume el relato del empresario sobre sus antiguos socios como “una serie de actuaciones personales, societarias y empresariales” identificadas como reiderstvo, una práctica del “entorno criminal ruso” consistente en “actuaciones de distinta intensidad, ejecutadas en diversas líneas y que culmina con una situación de bloqueo institucional y económico de la compañía”. El objetivo final es “incautarse” de la sociedad, adquirirla casi a coste cero, señala Anticorrupción.
La denuncia inicial llevó a los fiscales José Grinda y Carlos Yáñez a descubrir el ataque de los rusos para hundir la compañía, pero también les permitió conocer cómo los dueños de Zed estaban desviando supuestamente dinero y ocultando su capital ante la previsible quiebra, un total de 100 millones de euros en Panamá que Pérez Dolset niega.
Una supuesta prueba de ese desvío fue aportada por un directivo de Planeta, grupo dueño de un 20% de Zed, y ha sido denunciada como un documento falso por la defensa de Pérez Dolset. El abogado José Antonio Choclán, que defiende al antiguo dueño de la tecnológica, ha presentado una querella en el mismo juzgado que investiga a su defendido por la presunta falsificación del documento.
Pérez Dolset contactó con los rusos en 2008. Vipelcom, la compañía del magnate Mijaíl Fridman, que pronto se convirtió en su principal fuente de ingresos, con el 43% de la facturación. Los empresarios españoles descubrieron en 2013 que sus socios estaban desviando dinero a la empresa de Vladimirovich Kolokoltsev, hijo del ministro del Interior ruso.
Pérez Dolset quiso cerrar el grifo y la respuesta de Fridman y Vage Engibaryan-fue incrementar los pagos sin justificación, que sumaron 30 millones de euros. Según Anticorrupción, los rusos diseñaron una estrategia para “asfixiar” Zed con la ayuda del abogado holandés Peter Wakkie. A Países Bajos habían acudido los hermanos Pérez Dolset para instalar la sede de su holding internacional.
Al igual que Engybarian, está citado el 18 de diciembre en la Audiencia Nacional el abogado Peter Wakkie, así como los colaboradores del primero Sergey Gobuntsov y Vladimir Naumovich Turovetskyi. También declararán como imputados Patricia Pérez Dolset, hermana del principal acusado, y otros empresarios relacionados con la tecnológica.
El consejero delegado de Planeta, citado como testigo
Entre los investigados también hay personas jurídicas. Es el caso de Audiovisual 2000, empresa editora de La Razón, que tendrá que enviar a un representante legal a la Audiencia Nacional el día 13 de diciembre. ZED Worldwide pagó a La Razón 2.125.000 euros en labores de “asesoramiento y relaciones institucionales” para la obtención de ayudas públicas, según aparece en la querella de Anticorrupción.
“En cualquier caso, fueran ciertas o no las influencias denunciadas por Javier Pérez, así como las presiones mediáticas intimidatorias que igualmente se denunciaron, de las actuaciones resulta indicios objetivos de que Audiovisual Española 2000 SL (editora de La Razón) cobró estas cantidades por la intervención de Mauricio Casals Aldama y sin una relación mercantil o prestación de servicios que justifique el pago de las mismas”, dice la querella de los fiscales.
Ese mismo día, 13 de diciembre, están citados como testigos el directivo de Planeta, que aportó el documento sobre el supuesto desvío de fondos a Panamá de Pérez Dolset, Luis Elías, así como el actual consejero delegado del grupo, José Manuel Lara García. La Razón es un periódico del Grupo Planeta.
Zed entró en concurso de acreedores a finales de 2016. En esta ronda de declaraciones no aparecen los responsables del Ministerio de Industria en las etapas de PSOE y PP, que fueron señalados durante la instrucción por distintos testigos como responsables de conceder y supervisar las subvenciones a la compañía de Pérez Dolset.
