El alcalde de Aznalcóllar, Juan José Fernández (IU), se muestra esperanzado con la reapertura de la corta minera de Los Frailes, que será explotada por el grupo México-Minorbis, con la participación de la empresa andaluza Magtel.
Esto ocurre después del juicio celebrado en el Juzgado de Primera Instancia número once de Sevilla, donde la Junta de Andalucía demandó a Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa) reclamando 89,8 millones de euros por los costes de restauración ambiental relacionados con la catástrofe natural de 1998, causada por la fractura de la balsa de residuos de metales pesados de la mina, que en aquel momento era operada por dicha empresa.
Según el alcalde de Aznalcóllar, en una entrevista con Europa Press, la reapertura de la mina será fundamental para el futuro de la localidad y la comarca, marcando “un antes y un después en la minería moderna del siglo XXI”, caracterizada por su compromiso con el medio ambiente.
El proyecto de reapertura de la mina de Aznalcóllar conlleva una inversión de 316 millones de euros y la creación de 2.000 empleos directos e indirectos. Durante un período de 17 años, se espera extraer 45 millones de toneladas de cobre, cinc y plomo. Además, se estima que la construcción del recinto llevará tres años.
El alcalde de Aznalcóllar destaca que miles de desempleados están esperando ansiosos esta oportunidad de futuro. El pueblo desea poder vivir del trabajo y el esfuerzo propio, sin depender de limosnas o subvenciones de otros gobiernos. Aznalcóllar es un municipio rico en recursos pero con una gran cantidad de personas necesitadas, quienes anhelan romper el ciclo de la escasez.
Por lo tanto, la ciudadanía de la zona no está dispuesta a tolerar más demoras en la reapertura de la mina. Todos esperan con entusiasmo la noticia favorable de la autorización ambiental unificada para el proyecto de nueva explotación de la corta minera de Los Frailes.
Además, es importante mencionar que la Audiencia de Sevilla ha programado el comienzo del macrojuicio relacionado con la investigación penal de la adjudicación de los derechos de explotación del yacimiento minero de Los Frailes a México-Minorbis, participado por la andaluza Magtel, para el 3 de marzo de 2025. Se trata de presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación, fraude, negociación ilegal y prevaricación, tras una denuncia presentada por Emerita-Forbes Manhattan, una empresa que pujó sin éxito por esos derechos.
Este caso llegará a juicio después de que la juez instructora del caso ordenara en dos ocasiones archivar las actuaciones, al no apreciar la Fiscalía indicios de delito. Sin embargo, ambas órdenes de sobreseimiento fueron revocadas por la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, donde se encuentra la juez Mercedes Alaya, quien también fue la instructora inicial de la macrocausa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos financiados con fondos autonómicos.
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